En Cantabria está bastante documentado en detalle el ‘mapa’ de la prostitución, con diez locales activos y unos 45 pisos, una modalidad que experimentó un incremento a raíz de la pandemia, según trasladan ongs que trabajan directamente ayudando a las mujeres víctimas de explotación sexual (como Nueva Vida).

Pese a ello, según observa la Fiscalía Superior de Cantabria en su memoria anual de 2023, consultada por EL FARADIO, el año pasado apenas se produjo un procedimiento judicial por trata de seres humanos (por un caso en Torrelavega, derivado luego a Valladolid). Y sólo consta una sentencia ratificada por el TSJC en la que se condenó a tres acusados por un delito de trata de seres humanos a 6 años y 6 meses de prisión, en una resolución en la que el delito iba unido a los de prostitución coactiva y el favorecimiento de la inmigración ilegal.

Son procedimientos que de por sí son complejos y se dilatan durante años, quedando aún ‘vivos’ casos de 2017 y 2019 en localidades en los juzgados de Santoña o Reinosa.

La Fiscalía pone un ejemplo concreto de estas dificultades: en un proceso iniciado en el juzgado de Medio Cudeyo en 2019 que estuvo paralizado hasta 2023 se acabó sobreseyendo –finalizando sin que se tradujera en una acusación- debido a que de las víctimas, una no ratificó lo que había declarado ante la Policía, y la otra estuvo primero ilocalizable y después se negó a comparecer en el Juzgado. De modo que sin víctimas no había denunciantes –ni tampoco testigos en el hipotético juicio, que en realidad ni siquiera llegó a plantearse-.

Son, advierte la Fiscalía, situaciones “habituales” y que se explican por varios motivos, como  los “sentimientos de miedo e inseguridad” de las mujeres (en muchas ocasiones son captadas en sus países de origen y obligadas a pagar una deuda cuyo impago supone consecuencias para sus familias allí).

Lo explica también el que al tratarse de mujeres procedentes de otros países, carezcan de arraigo familiar o social que le sirva de apoyo –contar con una red de familia, amigas o movimiento asociativo ha sido clave en la lucha contra la violencia de género, por ejemplo-

El apoyo social y familiar logra que las mujeres mayores empiecen a ver la violencia de género como un hecho denunciable

El Ministerio Público suma otro de los factores: la dificultad de investigar cuando la actividad se produce en pisos a puerta cerrada en los que no pueden acceder salvo consentimiento expreso de los habitantes –muchas veces los propietarios, es decir, los explotadores; otras las víctimas, con el miedo a las consecuencias de denunciar- o auto judicial.

El cierre de los clubes de alterne traslada la prostitución a pisos y hostales

Y añade otra problema nuevo, cuando los puteros contactan a través de redes sociales.

La prostitución se aborda desde distintos enfoques legales: el propio delito de trata de seres humanos, pero también otros como lo relacionado con los derechos de las trabajadoras extranjeras. Por esta vía se ratificó una sentencia por no dar de alta a mujeres en un club (lo habitual es un contrato de camareras), que además era reincidente y fue cerrado por la condena. Además, se dictaron dos sentencias de conformidad, es decir, aceptadas por los propios condenados.

Problemas que se suman a los ya detectados por la Fiscalía en anteriores memorias anuales:

Las dificultades para proteger a las víctimas de explotación sexual cuando declaran se traducen en condenas menores para los proxenetas

La reducción de precios y las trabas administrativas dificultan la protección económica de las víctimas de explotación sexual

La Fiscalía aboga por recursos especializados para atender a víctimas de trata con discapacidad intelectual