Más de 2,8 millones de niñas y mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, siendo las mujeres en situación de discapacidad y las mujeres nacidas en el extranjero las que más sufren este tipo de violencia, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. 

 Según advierte Amnistía Internacional, las víctimas de violencia sexual en España están en riesgo de desprotección dos años después de haber entrado en vigor la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en septiembre de 2022. 

En primer lugar, por la lentitud del Gobierno en impulsar las numerosas medidas para la prevención, asesoramiento, acompañamiento y protección de las víctimas de violencia sexual que contempla la ley, entre ellas, reformas legislativas clave como la Ley de Justicia Gratuita.

Y en segundo lugar, por la falta de compromiso por parte de algunas comunidades autónomas a la hora de poner en marcha recursos seguros como los centros de atención continua y especializada para atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia sexual.

Lentitud del Gobierno central en impulsar la ley

Amnistía Internacional observa con preocupación que dos años después el Gobierno central sigue sin abordar reformas legislativas pendientes para el correcto funcionamiento de la Ley de Libertad Sexual.

A pesar de que ésta daba un plazo de un año para incluir a las víctimas de violencia sexual como beneficiarias en la Ley 1/96 de Justicia Gratuita, en la última reforma de la misma recogida en la Ley de Defensa publicada en el BOE el pasado 14 de noviembre, estas víctimas han vuelto a ser olvidadas.

Sigue sin existir un consenso entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos para garantizar que todas las víctimas de violencia sexual reciben el mismo tipo de atención, información y acceso a ayudas y beneficios.

Y no se ha puesto en marcha la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, en la que participarían tanto el conjunto de las administraciones públicas, como organizaciones de mujeres y de víctimas de violencia sexual, incluyendo a aquellas más vulnerables a la discriminación interseccional, y profesionales de prestigio en coordinación con el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer. El objetivo de esta mesa es contribuir al desarrollo de medidas adecuadas para la identificación, asesoramiento y evaluación de la violencia sexual en España.

Por último, Amnistía Internacional recuerda al Gobierno la importancia de continuar y consolidar la formación inicial y continua de los operadores de justicia que atienden a las víctimas de violencia sexual.

«Lamentamos, la lentitud del Gobierno a la hora de impulsar medidas claves para identificar la violencia sexual y abordarla, así como para acompañar y proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual. Más de 2,8 millones de mujeres llevan más de dos años esperando que las medidas recogidas en esta ley se pongan en marcha, y se les garanticen los mismos derechos con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan”, manifestó Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España.

 Falta de voluntad política de algunas comunidades autónomas

 Entre otros aspectos, la Ley de Libertad Sexual establece que las administraciones deben dar una respuesta integral, especializada y accesible para las víctimas con el establecimiento de los centros de crisis abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año, siguiendo los estándares del Consejo de Europa. Unos espacios seguros para que las mujeres que se sientan agredidas, si así lo desean, puedan ser asesoradas y acompañadas, sin ser cuestionadas, con independencia de que pongan o no una denuncia.

 En la anterior legislatura, el Gobierno se comprometió a la apertura de 52 centros, uno por cada provincia, además de uno en cada ciudad autónoma de Ceuta y Melilla para finales de 2023. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas. Tras conseguir una prórroga de un año para la puesta en marcha de este tipo de centros, los objetivos están muy lejos de cumplirse. 

 A 22 de noviembre de 2024, se han abierto once centros de los 52 previstos, financiados por los fondos europeos: Santander (Cantabria), Bilbao, San Sebastián y Vitoria (País Vasco), Murcia, Pamplona (Navarra), Albacete y Guadalajara (Castilla La Mancha), Melilla, y dos en la Comunidad de Madrid. A estos centros hay que sumar dos abiertos con anterioridad a la Ley de Libertad Sexual, uno en la ciudad de Madrid y otro en Oviedo.

 Aunque comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas víctimas de violencia sexual, esta atención no cumple con los estándares recogidos en la ley o bien porque no abren 24 horas, o porque sólo atienden telefónicamente, o porque carecen de recursos o profesionales especializados.

 «Para Amnistía Internacional, que algunas comunidades autónomas no hayan cumplido con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual de una manera integral y especializada, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un problema de voluntad política. Y esto repercute directamente en las mujeres, que vuelven a encontrarse con que serán atendidas de forma diferente dependiendo del lugar donde vivan o donde se produzca la agresión sexual», declaró Virginia Álvarez.

 Violencia sexual más visible

La lentitud o la falta de compromiso de las administraciones para impulsar medidas que protejan a las víctimas de violencia sexual, choca con el hecho de que cada vez más mujeres deciden contar públicamente las violencias sexuales que han sufrido. Coincide también con que se está produciendo un incremento del número de mujeres que deciden denunciar.

Según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge datos desde enero a junio de 2024, el número de delitos contra la libertad sexual que se han denunciado, un total de 10.010, aumentó casi un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. De ellos 2.465 son denuncias por violación que se incrementaron en casi un 7 por ciento. Eso significa que en España cada dos horas se denuncia una violación. No obstante, el número de denuncias seguiría reflejando sólo una pequeña parte de la violencia sexual en nuestro país. Según datos de la última Macroencuesta de la Violencia contra la Mujer de 2019, sólo el 8 por ciento de las mujeres que asegura haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, termina denunciando.

«Es necesario, que las administraciones den un respuesta urgente y adecuada a todas estas mujeres que esperan ser escuchadas, atendidas y protegidas. La Ley de Libertad Sexual recoge una amplia variedad de medidas para luchar contra la violencia sexual en nuestro país. Lo que se necesita es un compromiso político de todas las administraciones para que hacer frente a la violencia sexual sea una realidad», señaló Virginia Álvarez.

Peticiones de Amnistía Internacional

Al Gobierno central que:

• Asegure una correcta implementación de la Ley de Libertad Sexual tanto a nivel estatal como autonómico, así como el establecimiento de los centros de crisis 24 horas como recursos especializados a los que puedan acudir las víctimas de violencia sexual.
• Lleve a cabo las reformas legislativas necesaria para garantizar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, así como la especialización de los juzgados y de la fiscalía.
• Ponga en marcha inmediatamente la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.
• Realice una evaluación de la estrategia para combatir las violencias machistas y publique sus resultados.
• Refuerce y continúe promoviendo la formación inicial y continua especializada entre los diferentes operadores del poder judicial.

 A las comunidades autónomas que:

•  Pongan en marcha recursos como los centros de crisis 24 horas para atender de manera permanente e integral a las víctimas de violencia sexual.