La plantilla de Cantur sigue en pie de guerra contra la privatización de los servicios de hostelería de Alto Campoo
Ni el Comité de Empresa de Cantur ni los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública van a rendirse ante lo que califican de despropósito. Esta mañana, entre las 10.00 y las 12.00 horas, han protagonizado una concentración a las puertas del Parque de la Naturaleza de Cabárceno en protesta por la privatización de los servicios de hostelería de Alto Campoo, concretamente del hotel La Corza Blanca, la cafetería El Chivo y la cafetería de la propia estación de esquí.
Los y las trabajadoras quieren seguir expresando su decepción por una externalización de los servicios que les deja con la incertidumbre de su futuro laboral por lo que consideran un capricho político puro y duro.
«Lo que va a percibir Cantur por esta privatización es una cantidad irrisoria, más sabiendo que encima va a tener que asumir las obras, reformas y actuaciones de calado que se realicen. No engañan a nadie. Esta externalización no responde a una cuestión económica sino que es un paso más en la política privatizadora que tanto le gusta al Partido Popular. El Comité de Empresa y la plantilla queremos que Cantur siga siendo una empresa pública y que continúe como el espacio turístico por excelencia de Cantabria», ha apuntado Guillermo Villegas, presidente del Comité de Empresa de Cantur (CCOO).
El Comité de Empresa ha recordado que no están sólo en esta lucha sino que hay otros colectivos, como la Asociación de Hostelería de Cantabria, que ya ha mostrado sus reticencias hacia este plan de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y ha anunciado que se reunirá en asamblea en los próximos días con carácter de urgencia para decidir nuevas movilizaciones y acciones de protesta.
«Ya ha empezado la gestión de Alto Campoo por parte de SNÖ Hotels y el Comité de Empresa y la plantilla seguiremos movilizándonos y trabajando para revertir esta situación que, insistimos, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso, estamos estudiando el contrato en todos sus términos para comprobar si cumple con la legalidad y si hay algún camino para exigir su rectificación. De ahí que ya están trabajando en ellos los servicios jurídicos», ha concluido Guillermo Villegas.
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