El que es el primer Fiscal de Memoria Democrática de Cantabria, Carlos Yáñez, concibe su oficina, situada en los juzgados de Torrelavega, como un espacio abierto en el que recibir a todo aquel que tenga una historia de sufrimiento familiar o colectivo por la persecución y represión del franquismo.

Aquí lo que se está encontrando en estos primeros pasos son “historias de terror”, de personas que le hablan de familiares que “por su simple pertenencia a un sindicato, o parecer que pertenecía, eran ejecutadas”, y todo en base a juicios “sumarísimos” de cinco  minutos sin derecho a defensa, que incluían una sentencia para varios acusados de golpe en los que se acababan dictando condenas tan extremas como la ejecución o la cadena perpetua.

En esa oficina, Carlos Yáñez recibe a EL FARADIO para comentar los primeros meses de su actividad, planteada sobre todo desde la percepción de atención a las víctimas y enfocada como un apoyo que indica lo que se puede hacer y, en caso de no poder acometerse ahí, dónde.

Quienes acudan allí, presencialmente sin necesidad de cita previa o contactando por teléfono, garantiza, “no se van a encontrar obstáculos”, recordando que esos “ya existieron en el pasado”.

APLICAR LA LEY Y PROTEGER A LAS VÍCTIMAS

La Fiscalía es, según recuerda, un organismo autónomo e independiente integrado en el poder judicial que defiende la legalidad (pidiendo acusación, absolución o sobreseimiento según establezca la Ley), y que tiene una función especial de protección de las víctimas, los “grandes olvidados”  de un derecho penal que muchas veces se centra más en quienes cometen los delitos.

Y la de Memoria Democrática, una especialización de reciente creación –en Cantabria a finales de año- conjuga precisamente esos aspectos: el cumplimiento de la legislación en materia de memoria democrática con la atención a las víctimas de la represión y el franquismo.

Así, los casos que atender son expedientes de reparación de la verdad para quienes sufrieron atropello o represión y puedan conseguir una resolución judicial que plasmen que aquello fue injusto y no se ajustaba a los derechos humanos; además de promover la inscripción en el registro civil –es decir, certificar su existencia- de las personas desaparecidas.

Desde la Fiscalía de Memoria Democrática también se examinarán las cuestiones de delitos de odio que tengan que ver directamente con exaltación del franquismo o fascismo, aunque no lo relacionado con fosas, que es competencia del Gobierno de Cantabria.

Su trabajo incluye escuchar “permanentemente” a las asociaciones de memoria democrática –como ya viene haciendo recibiéndoles en reuniones o acudiendo a actos de reparación-, incluso apoyando las acciones que puedan ejercer en cuestiones como las calles que ensalcen el franquismo, lo que incluye el desarrollo de acciones legales contra aquellas personas jurídicas públicas (una administración, como un ayuntamiento) o privadas (una empresa o asociación) que estén incumpliendo la Ley.

De este modo, con el apoyo de un funcionario y la capacidad  “absoluta” que supone ser la Fiscalía (con la que las administraciones tienen la obligación legal de colaborar, por ejemplo, si se les requiere documentación), desde la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria se invita a quienes tengan un caso a que acuden, con toda la documentación que tengan, y allí se examinará su veracidad y lo que determine la Ley al respecto.

UN ‘DISTRIBUIDOR’

Yáñez explica que parte de su trabajo es actuar como una especie de distribuidor de los asuntos que les lleguen para que los gestione la Fiscalía si procede o si se derivan a otro juzgado.

Habrá ocasiones en las que desde la Fiscalía no se considere que un caso implique ser un delito penal (la consideración más grave en términos legales), pero eso no implica que un incumplimiento legal  no tenga consecuencias, como son multas directas desde la administración estatal (al ser estatal la Ley de Memoria) o lo que determine otro Juzgado al que llegue el asunto (un ejemplo: los asuntos relacionados con los nombres de las calles implican a otras administraciones y todo lo que tiene que ver con las instituciones se dirime en unos juzgados específicos, los del Contencioso).

Vamos con el ejemplo de las calles, donde ya les han llegado peticiones relacionados a denominaciones franquistas en calles de Santander o todavía un Paseo del Generalísimo en Alceda (Ontaneda),y  en los que no se ha visto procedente iniciar acciones penales directas.

En estos casos lo que sucedería es que, al afectar a una institución, se derivará al juzgado de lo Contencioso-Administrativo que le corresponda, que adoptaría la decisión que correspondiera. Si aún así no se cumpliera, entonces esa administración pasa a una situación de “rebeldía” frente a resolución judicial.

En otras ocasiones, lo que puede darse es que lo que se haya cometido es una infracción administrativa y directamente se le aplique una multa (desde Delegación de Gobierno).

Más allá de las instituciones, pude haber casos que afecten a particulares (asociaciones, como el caso que les llegó de mensajes laudatorios a José Antonio Primo de Rivera en Santander, que se derivarán para multa) , o, como preguntaba expresamente EL FARADIO, la Iglesia, ante la pervivencia en algunos templos de mensajes de connivencia con el franquismo.

En cualquier caso, para todas esas situaciones, el mensaje es claro:  “No es una cuestión de política, es una cuestión de la Ley. Una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, es Ley, todos estamos sujetos a ello y no hay debate. Es el cumplimiento estricto de la Ley”, señala Carlos Yáñez.

Y una posibilidad que está en fase de estudio es la de, en casos de acciones colectivas, dirigir desde la Fiscalía las demandas en lo Contencioso-Administrativo –en los casos de los ayuntamientos que no cumplan la Ley-. Es algo que ya se hace en materia de derechos de los consumidores, y que tiene que valorarse si competería a la acción colectiva que les ha llegado respecto a las calles franquistas de Santander.

También se analiza si se puede iniciar acciones en lo Contenciso relacionados con los expedientes de la verdad, o si, en representación de la sociedad en su conjunto o de los colectivos, la Fiscalía de Memoria Democrática pueda dirigirse directamente a los ayuntamientos para requerirles el cumplimiento de la Ley. De no ser así, se pasa al Contencioso, a condena y, si hay “resistencia activa”, se inicia la vía penal por ese “incumplimiento obstinado” que puede implicar “responsabilidad criminal”.

LAS CALLES

En cualquier caso, en el asunto de las calles (más allá de la consideración de que bautizar una calle implica considerar ese nombre como referente colectivo, como prueba un mínimo repaso a los personajes históricos o culturales que se deciden como nombres por sus valores considerados positivos) tiene una parte clara: es el propio Ayuntamiento de Santander el que ha reconocido desde hace una década, “negro sobre blanco”, que “hay nombres que deben desaparecer”, sin haberlo cumplido aún (derivado a sucesivas comisiones institucionales para decidir las nuevas denominaciones sin culminar la decisión).

A su despacho ya han llegado casos de peticiones masivas para retirar calles:  el ideal es que quien quiera aportar al respecto identifique la calle y aporte un dossier histórico que permita derivar qué parte de la Ley contraviene.

“DE PRIMERO DE DEMOCRACIA”

Sobre todo, se ha encontrado a personas y a miembros de asociaciones marcados por la “bondad”, por una “verdad importante” y, sobre todo, con “un sentimiento de cero violencia, cero resentimiento”, sin intención de dividir ni ir “contra nadie”. Es, resume, “una cuestión estricta de dignidad de seres humanos y nadie puede cuestionarla”.

Del contacto con ellos extrae la reflexión de que “tenemos una deuda” con su causa, ya que “si sobre el silencio de las víctimas y el sufrimiento de sus hijos se construyeron los cimientos de la democracia porque hubo un pacto de silencio porque se tuvo que callar y olvidar, si se fundamenta sobre ese perdón impuesto, al menos tenemos que darles una tumba sobre la que ir a llorar”. “Todas las sociedades, absolutamente todas, se fundamentan sobre la honra a los muertes”, asevera el fiscal de Memoria Democrática.

Yañez insiste en que no es una cuestión política, sino de “buenas y malas personas”, una “deuda histórica con las personas que permitieron una nueva democracia”, ese espacio en el que hoy vivimos “de forma libre y en paz”.

Si la base es un pacto en el que “los que sufrieron renunciaron con tal de vivir en paz”, en parte por la indefensión que causó el fascismo y el dictador militar Franco, entonces, concluye, “hoy vivimos como vivimos gracias a quienes sufrieron represión, privación de derechos y fueron torturados y humillados”.

“No quieren más que reconocimiento, ¿no les vamos a dar eso?”, inquiere.