La Inspección de Trabajo, el cuerpo de la administración que vela por el cumplimiento de la normativa laboral, logró convertir en indefinidos 1.470 contratos que no estaban considerados así (lo que además de ser irregular perjudicaba al empleado de cara a la cotización de la jubilación, antigüedad o paro).

Además, ha recupera más de medio millón de euros en salarios impagados a trabajadores, dentro de la labor inspectora de la que hace balance este organismo estatal.

En total, en 2024, detectaron un total de 2.346.732 euros en fraudes y sanciones.

Así, en materia de prevención de riesgos laborales se realizaron el año pasado un total de 31 campañas sobre condiciones materiales de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la prevención, investigación de accidentes de trabajo e investigación de enfermedades profesionales, realizando 6.092 actuaciones, 1.776 requerimientos, 208 segundas visitas de inspección y 269 denuncias que se han materializado en 1.865.000 euros en sanciones.

Unas cifras que ponen en valor el impacto que ha tenido la implantación en Cantabria del Cuerpo de subinspectores laborales en la escala de Seguridad y Salud, destacando el aumento de las infracciones en un 62%, de los importes en un 52% y de los requerimientos extendidos en un 24%, además de la implantación del Plan de Investigación de Enfermedades Profesionales, en colaboración con el Instituto Cántabros de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST). Todo ello se ha traducido en un incremento de la actuación inspectora en Cantabria, entre actas, requerimientos y recargos, de entre un 20 y un 40%.

Respecto al empleo y las relaciones laborales, la Inspección de Trabajo ha actuado en 29 campañas en materia de contratación, condiciones de trabajo, igualdad efectiva entre hombres y mujeres y control de ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas, realizando un total de 1.926 actuaciones, destacando las de transgresión de la normativa sobre contratación, tiempo de trabajo, salarios, recibos y finiquitos.

Además, se realizaron 445 requerimientos que han traído como consecuencia la transformación en indefinidos de 1.470 contratos que se encontraban en situación irregular; 486 denuncias en materia de relaciones laborales; la recuperación de salarios impagados a trabajadores por un importe de 572.082 euros, y la imposición de sanciones por un valor de 481.162 euros.

Todo ello supone un incremento de la actuación inspectora en actas, requerimientos y cuantías, con una subida de entre un 6 y un 21%, y los afectados por las actuaciones inspectoras también crecieron en un 47%.