El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) ha denunciado que las políticas educativas del Gobierno autonómico están perjudicando a la escuela pública en favor de la privada.

Según un estudio de matrícula presentado por el sindicato, la pérdida de alumnado en el sistema educativo público es una tendencia consolidada, con 473 alumnos menos en el curso 2024/25, mientras que la enseñanza concertada ha ganado 81 estudiantes.

El impacto de los conciertos educativos en la matrícula

Desde el STEC han subrayado que el crecimiento de la educación concertada no se debe únicamente a la reducción de la natalidad, sino a políticas que benefician directamente a estos centros pese a que el consejero de Educación Sergio Silva venía diciendo que su función era establecer un «equilibro» entre ambas.

Así, han detallado que en los últimos años, la financiación destinada a la enseñanza concertada ha aumentado en un 15 %, mientras que la inversión en la pública se ha mantenido estancada. Además, el sindicato alerta de que la apertura de nuevas unidades en colegios privados con financiación pública ha coincidido con el cierre de aulas en centros públicos en varias localidades de Cantabria.

El STEC ha criticado que, pese a la crisis demográfica, la Consejería de Educación no apueste por la reducción de ratios en todas las etapas educativas. «El acuerdo de 2022, que disminuyó la ratio en Educación Infantil, demostró que es una medida eficaz, pero la Consejería sigue sin aplicarla al resto de niveles», ha lamentado la organización.

Por otra parte, el sindicato ha denunciado que la propuesta de adecuación retributiva del profesorado no responde a las necesidades del sector y no se ajusta a los consensos alcanzados anteriormente.

Respecto a la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander que desestimó el recurso presentado por el STEC sobre la mejora de la reducción de jornada para los mayores de 55 años, indican que aunque no sea ilegal, no es «justa ni aceptable».

CC.OO denuncia la crisis laboral en el CEIP Santiago Galas de Ruiloba

En otro frente, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la «inacción» de la Consejería ante la situación del CEIP Santiago Galas de Ruiloba, un centro rural con graves problemas laborales y educativos.

El sindicato ha alertado sobre los posibles riesgos psicosociales en el centro y ha criticado que la administración haya rechazado evaluar estos riesgos, a pesar de que en el último curso se han registrado numerosas bajas prolongadas del profesorado: durante el curso pasado se produjeron siete bajas de larga duración, es decir, más de la mitad de la plantilla; y, en la actualidad, hay otras cuatro, incluyendo una denuncia de acoso laboral contra la docente que impulsó la alerta sobre los riesgos en el centro.

Conchi Sánchez, secretaria general de CCOO Enseñanza en Cantabria, ha subrayado que «la mala gestión de la Consejería afecta tanto a la salud de la plantilla como a la calidad educativa» y ha solicitado una reunión urgente con el consejero de Educación, Sergio Silva, sin obtener respuesta hasta el momento, algo que tampoco están consiguiendo las familias que lo han solicitado.

Los técnicos sanitarios exigen el reconocimiento de su titulación

Por otro lado, la Comisión Interinstitucional para la Obtención del Grado Universitario en Imagen Médica y Radioterapia ha convocado concentraciones en hospitales de toda España y ante el Ministerio de Sanidad para el 13 de febrero. La protesta responde al anteproyecto de ley del Estatuto Marco Sanitario, que, según denuncian, no reconoce la labor de los técnicos superiores sanitarios.

La organización ha criticado que el texto legal trate sus profesiones como «meros oficios» en lugar de reconocerlas como titulaciones de educación superior, lo que les coloca en desventaja frente a sus homólogos europeos. También han alertado de que la reforma limitará su desarrollo profesional y movilidad en la Unión Europea.

Las movilizaciones continuarán los días 20 y 25 de febrero, 6 y 18 de marzo, y 3 de abril, con una manifestación ante el Ministerio de Sanidad cuya fecha está por determinar.

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