La responsable de Izquierda Unida a nivel federal, Carolina Cordero, ha denunciado este domingo los desahucios de 14 familias en Zaragoza a cargo de la SAREB, y ha urgido al PSOE en el Gobierno central a que defina cuál su visión de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el conocido como ‘banco malo’ que concentró los activos tóxicos del sector inmobiliario.

«Es inaceptable que viviendas que deberían garantizar un derecho fundamental se gestionen como si fueran herramientas para la especulación. El Partido Socialista nos tiene que decir qué pretende que sea la AREF: una herramienta para garantizar el derecho a la vivienda o un activo financiero más dentro del mercado especulativo», declaró Cordero.

«No podemos permitir que haya 14 familias que llevan más de una década viviendo en viviendas públicas y que ahora se enfrenten a un desalojo porque el sistema prioriza el beneficio económico sobre la dignidad de las personas», aseveró en declaraciones a los medios durante un acto organizado por Izquierda Unida Cantabria en Torrelavega, bajo el lema ‘Garantizar vivienda digna’ (enmarcado dentro de Convocatoria por la Democracia), en el que participaban, además de ella el consejero de Vivienda y Urbanismo del Principado de Asturias, Ovidio Zapico; la consejera del Consejo Económico y Social estatal, María Jesús Cedrún; el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón; y el responsable de Vivienda de la formación en la comunidad, Fernando Agúndez.

Por su parte, el consejero de Vivienda de Asturias, Ovidio Zapico, ha incidido en la necesidad de intervenir en el mercado inmobiliario: “Es necesario topar los precios porque el mercado no se regula solo, pese a lo que nos pretendan decir”. “El mercado no se sacia, el mercado siempre quiere más, más y más, porque detrás del mercado hay quienes buscan abusos y beneficios especulativos», advirtió.

IU URGE AL GOBIERNO DE CANTABRIA A DECLARAR ZONAS TENSIONADAS PARA CONTROLAR LOS PRECIOS

El coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón, abrió el acto señalando que la vivienda es «el principal problema de las familias cántabras y españolas» y que la gestión del Partido Popular en esta materia es «errónea y no responde a las necesidades de la ciudadanía».

Ruiz Salmón, que es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Riotuerto, criticó la inacción del Gobierno de Cantabria en la aplicación de la Ley de Vivienda, señalando que «es urgente declarar zonas tensionadas y ampliar el parque público de vivienda».

Desde Izquierda Unida a nivel federal han exigido al Gobierno de Cantabria “que deje de bloquear la legislación y que deje de dar la espalda al interés general de las cántabras y de los cántabros”, y que para ello declare zonas tensionadas como se está haciendo en Asturias.

En este sentido, el consejero asturiano, coordinador de la formación en la comunidad, detalló las medidas que se están adoptando, como la declaración de 16 zonas tensionadas en seis municipios.

O el programa Alquilámoste, destinado a movilizar viviendas privadas vacías a precios asequibles, con garantías tanto para propietarios como inquilinos. «El propietario no tendrá que preocuparse por nada: garantizamos el cobro de la renta y la devolución del piso en perfectas condiciones», explicó.

También se refirió a las políticas de rehabilitación o de eficiencia energética, incidiendo en que hay que ampliar el parque de vivienda pública, lo que no significa necesariamente que tenga que ser con vivienda nueva, y alertó del impacto que supondrá la situación internacional, encaminada a una mayor inversión armamentístico, apelando a poner un “dique” a esos discursos.

UNA BATALLA CULTURAL

El coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, señaló la importancia de dar la “batalla cultural” en materia de vivienda y apostar por su intervención, al igual que hay acción pública en materia laboral o sanitaria. En la misma línea, la responsable estatal de Vivienda, Carolina Cordero, destacó la importancia de la reivindicación de la calle y alertó de que en esta materia el PSOE “no es un aliado”.

El responsable de Vivienda de Izquierda en Cantabria, Fernando Agúndez, reivindicó que las medidas de regulación son una forma de “garantizar la libertad de los ciudadanos” de vivir en sus territorios, y alertó sobre los planes del Gobierno de Cantabria de utilizar la figura de los PSIRES, concebida para agilizar proyectos estratégicos, a la construcción de vivienda libre.

Por su parte, María Jesús Cedrún, consejera estatal del CES, describió la situación del mercado de la vivienda como fruto de haberse elegido un modelo de desarrollo económico que en lugar de apostar por la industria lo haya hecho por el turismo, y advirtió de que se está produciendo una “brecha social” en el acceso, que perjudica especialmente a colectivos como los jóvenes o las mujeres, sumado a que también padecen trabajos más precarios o parciales.