La Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES) advierte de la consolidación del «Estado Policial» en España tras la aprobación, esta semana, de la reforma del Código Penal, que sigue a otras medidas que afectan a las libertades fundamentales, como la Ley de Seguridad Ciudadana.

Participantes en la protesta

Así, entre 150 y 200 personas han respondido a la convocatoria de urgencia para una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Santander, en sintonía con las diferentes manifestaciones que se vienen realizando este fin de semana en todo el país ante el llamamiento de las Marchas por la Dignidad  tras la aprobación exprés en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal.

Representantes de organizaciones civiles, sindicatos y movimientos sociales se han reunido para denunciar que la reforma del Código Penal, además de recuperar la cadena perpetua, recoge “muchos de aquellos aspectos que fueron retirados de la Ley Mordaza” o Ley de Seguridad Ciudadana.

En un comunicado público leído al final de la concentración, LIBRES ha denunciado que “estas reformas legales han sido aderezadas con nuevas enmiendas que, aprovechando el atroz atentado a Charlie Hebdo, refuerzan el control sobre las personas hasta el extremo de contradecir y vulnerar la directiva de privacidad de datos de la UE».

Enmiendas que no han terminado y que se reforzarán con medidas en otras leyes, como la de Enjuiciamiento Criminal que propone escuchas telefónicas, controles en Internet o apertura de correo sin permiso judicial, o las expulsiones en caliente de emigrantes que lleguen a las fronteras de Ceuta y Melilla y el hostigamiento a los emigrantes, detallaban.

LIBRES recuerda que las Naciones Unidas acaban de alertar a España en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos por las reformas legales que ha emprendido el Gobierno del Partido Popular.

UNA SUCESIÓN DE LEYES

Si bien la plataforma Libres nació como reacción a los planes para la Ley de Seguridad Ciudadana, a este texto le han ido sucediendo nuevas medidas que acrecientan la preocupación por el estado de las libertades de expresión y manifestación.

La más reciente, la reforma en solitario del Código Penal, que recupera la pena perpetua bajo la denominación de «prisión permanente revisable» y que ha sido criticada por abogados, el mundo de la judicatura e incluso por la nueva fiscal del Estado, Consuelo Madrigal, que ha criticado la imposición de la cadena perpetua.

En cambio, esta reforma obvia los delitos relacionados con la corrupción: han rechazado bajar el umbral del delito fiscal de los 120.000 euros, como así pedía la oposición y las asociaciones de jueces. También será legal que los empresarios entreguen sobres con dinero negro a los partidos políticos, siempre y cuando estas sumas no alcancen los 500.000 euros.