La organización Ecologistas en Acción Cantabria ha denunciado el incumplimiento sistemático de las normas de conservación en el Parque Natural de Oyambre, especialmente en lo que respecta a la regulación del uso de suelo no urbanizable y la gestión de aparcamientos estivales. Según la entidad, pese a las restricciones impuestas en las autorizaciones para su habilitación, se han detectado numerosas infracciones que comprometen la integridad del entorno natural.

Entre las medidas acordadas figuraba la limitación horaria del uso de los aparcamientos, permitiendo su ocupación solo de 9:00 a 22:00 horas y prohibiendo la permanencia de vehículos y autocaravanas fuera de ese horario. Además, no se podían instalar estructuras fijas, realizar obras de acondicionamiento ni dotar a las parcelas de suministro eléctrico. Estas medidas tenían como objetivo minimizar el impacto ambiental y proteger la morfología del terreno.

No obstante, inspecciones recientes realizadas por la organización ecologista han evidenciado una serie de incumplimientos graves, respaldados con material fotográfico. Entre las irregularidades detectadas destacan:

• La permanencia de caravanas y casetas de madera fuera del periodo autorizado en parcelas de los municipios de Valdáliga y San Vicente de la Barquera.
• La instalación de estructuras fijas, plataformas de hormigón y mobiliario, alterando el paisaje natural.
• La colocación de señalización no oficial y carteles ilegales, generando confusión entre los visitantes.
• La falta de restauración de los terrenos tras la temporada estival, favoreciendo la erosión del suelo.
• El uso indebido de los aparcamientos para pernoctaciones de autocaravanas, en incumplimiento de la normativa.

Ecologistas en Acción Cantabria ha señalado la falta de control por parte de las administraciones competentes, lo que ha facilitado la degradación del Parque Natural de Oyambre. Según la entidad, la ausencia de sanciones y la permisividad administrativa reflejan un «desinterés alarmante» en la protección de este espacio.

Ante esta situación, la organización ha exigido medidas urgentes para frenar la degradación del parque. Entre sus demandas se incluyen:

1. La retirada inmediata de las instalaciones ilegales y la anulación de las autorizaciones concedidas a los responsables de las irregularidades.
2. La apertura de expedientes sancionadores a los propietarios de las fincas donde se han detectado infracciones.
3. La implementación de mecanismos de control más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normativas de conservación.

Por otra parte, la Fiscalía de Cantabria ha iniciado diligencias de investigación contra el alcalde de Campoo de Yuso y el Jefe de Sección de Especies Protegidas del Gobierno de Cantabria por un presunto delito ambiental en la tramitación y ejecución del polígono eólico de El Escudo, tras la denuncia de la Asociación Territorio Cántabro. La investigación evalúa posibles delitos de prevaricación y daños a la flora y ordenación del territorio.  La asociación también apunta que la Comisión Europea ha advertido sobre una aplicación incorrecta de la Directiva Hábitat y mantiene una investigación en curso contra España por la conservación de hábitats protegidos.

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