La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria (CCOO) y Copescan (Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria) se han concentrado hoy en las puertas de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, situada en la calle Castelar de Santander, para mostrar su condena y repulsa por el asesinato de una trabajadora de un centro de menores en Badajoz.

Conchi Sánchez e Irene Maestro, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria y presidenta del Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria, respectivamente, han mostrado su consternación y trasladado sus condolencias a la familia y amistades de la trabajadora asesinada y han coincidido en responsabilizar a empresas, fundaciones y administración de la precariedad laboral y de la inseguridad que existe en los centros de menores tanto de Cantabria como del resto de la geografía nacional.

“Esta muerte se ha producido por la negligencia de las empresas y fundaciones pero también de la administración que es la que tiene que obligar a que se cumplan con los pliegos de contratación y a no precarizar las condiciones”, ha señalado Conchi Sánchez.

“Venimos unidas a denunciar algo que desde el Colegio ponemos sobre la mesa en todas las reuniones que hemos mantenido con la dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y que no es otra cosa que la precariedad laboral que sufren los y las trabajadoras del ámbito social en Cantabria”, ha añadido Irene Maestro.

Para Sánchez, “es un objetivo común que desde CCOO también llevamos mucho tiempo luchando y peleando en un sector que tiene miedo y donde cuesta mucho organizar a los y las trabajadoras. Ya hace más de un mes que pedimos reunión a la consejera de Inclusión Social, Begoña del Río, mucho antes de este trágico suceso y a día de hoy aún no ha tenido a bien recibirnos para poder explicarla de primera mano las dificultades que se encuentran en el día a día estos trabajadores y trabajadoras”.

Falta de personal, incumplimientos de ratios, turnos nocturnos o de fin de semana con una sola persona trabajando, no contratación de personal especializado como es el caso de profesionales de la educación social son algunos de los déficits existentes en estos centros de trabajo donde, han recalcado, se trabaja con menores.

“Hay una enorme diferencia entre las condiciones que se dan en lo público y las de los centros privados concertados, que no debemos olvidar que también se pagan con dinero público. Los mínimos se cumplen pero la administración tendría que velar porque los derechos laborales fueran los mismos en todos. No se puede hablar del interés superior del menor y de que tengan una persona de referencia si las condiciones laborales son malas y precarias”, ha concluido Maestro.