Imputado el promotor de los terrenos del Centro de Emprendedores
Luis del Río Diestro, el promotor de los terrenos de La Carmencita sobre los que está previsto levantar el Centro de Emprendedores de Torrelavega, ha sido citado como imputado en la causa judicial que investiga los cambios en el convenio urbanístico.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrelavega le ha citado para que declare el próximo 27 de mayo, dentro del proceso iniciado a raíz de la denuncia de ACPT (Asamblea Ciudadana por Torrelavega), partido político con representación en el Ayuntamiento.
Es una citación en la fase previa, es decir, en la de instrucción o investigación, y se llama a Del Río Diestro por su posible participación en los hechos.
En función de lo que diga o las pruebas que se recaben, el juez decidirá si pasa a la siguiente fase, es decir, si hay o no juicio, y si Del Río Diestro, de la empresa Terrenos de Adarzo, pasa a tener la condición de acusado o no.
Y lo que se investiga es el cambio en el convenio urbanístico aprobado por el pleno municipal cuando el alcalde era el regionalista Javier López Marcano, que gobernó con el apoyo del Partido Popular.
Lo que ha denunciado ACPT es que el texto que fue aprobado en el Pleno sufrió una modificación en su redacción que abrió la puerta a que el promotor propietario de los terrenos fuera indemnizado si había retrasos o cualquier otro tipo de problema.
Luis del Río Diestro llegó a presentar, efectivamente, reclamación por los terrenos, por un valor de 4,5 millones de euros, cuando a él le costaron 900.000. (Tres días después de adquirirla, se tasaron en 3,8 millones, a través del convenio con el Ayuntamiento)
En este causa llegó a estar imputado Javier López Marcano, si bien libró porque los hechos , sucedidos en 2003, se consideraron prescritos (es decir, agotado el plazo legal para considerar que fueran delito).
Esa parte de la investigación se hizo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria debido a que al ser diputado, López Marcano es aforado y la causa debía llevarla una instancia superior.
De fondo, está el cuestionado Centro de Emprendedores, un proyecto que muchos colectivos (se llegó a crear una Asamblea en su contra) consideran excesivo por los altos costes (4,5 millones de euros) cuando sus funciones las cumplen otras instalaciones en el municipio, donde, incidían, existe un alto grado de paro y necesidades a las que podría destinarse esa inversión.
Las protestas llegaron a subir de tono con avisos de la Asamblea de que estaban dispuestos a hacer lo mismo que en el pueblo de Gamonal, en Burgos, y paralizar las obras.
Los ánimos se enfriaron y lo que no hicieron ellos lo ha hecho el amianto en los restos de un edificio que fue demolido en esa finca.