Ferdinand Kome en la entrada de los juzgados.

El caso de W, el niño que fue entregado a los servicios sociales después de que denunciaran a sus padres por malos tratos, ha dado un paso más en el que están logrando el inesperado apoyo de la Fiscalía a su petición de volver a ver a su hijo, al menos en régimen de visitas.

Casi seis años llevan Ferdinand Kome y Monique Mbakong, ambos cameruneses afincados en España, sin poder ver a su hijo, W. En el año 2009 el niño fue trasladado a la Residencia Cantabria tras un accidente, que en primer momento el centro catalogó como malos tratos.

En ese momento se detuvo a ambos padres, estando Monique embarazada de su segundo hijo, y cuando les soltaron descubrieron que los Servicios Sociales se habían hecho cargo del niño, que entonces tenía 5 años.

Desde ese momento comenzaron un largo litigio que todavía dura hoy en día, a pesar de que la vía por lo penal, la que les acusaba de malos tratos, les ha absuelto. En la sentencia, que es firme, el juez  dejó claro que no se habían producido malos tratos al niño.

Pese a ello, los Servicios Sociales sí vieron carencias en la atención, lo que les sirvió para justificar que se denegara no solo la custodia de su propio hijo (decisión respaldada por los tribunales), sino también el régimen de visitas.

Ellos tuvieron acceso al niño hasta principios de 2010, pero el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) presentó un informe desfavorable en el juzgado, recomendando romper cualquier lazo con el menor.

Ahora el niño lleva más de dos años viviendo fuera de Cantabria con otra familia, con la que se encuentra en proceso de pre adopción. No ha vuelto a ver a sus padres desde hace cuatro años, e ignora que tiene otros dos hermanos pequeños a los que no conoce.

APOYO DEL FISCAL

Los miembros de la Asamblea ‘Libertad para W’, han mostrado en sus ropas la inicial del niño como solidaridad.

La vista que se ha llevado a cabo este martes, 27 de enero, en los Juzgados de la Audiencia Provincial ha sido a puerta cerrada, donde solo los padres, los abogados y la fiscal han tenido acceso.

Ferdinand y Monique han llegado fuertemente arropados por la Asamblea ‘Libertad para W’, que se creó para apoyarles después de conocer su caso en unas jornadas donde el padre del niño acudió a denunciar su caso.

Durante el juicio la fiscal ha mostrado su total apoyo a que se reabra el régimen de visitas, y ha presentado un nuevo informe favorable para Ferdinand y Monique, de cuyos dos hijos se realizó un seguimiento y se comprobó que los niños no sufren ningún tipo de desatención.

Este informe se une a otros ya presentados en el pasado mes de julio, en el proceso en el que el juez se decantó contra el régimen de visitas, a pesar de contar con el apoyo fiscal, de la sentencia firme de la vía Penal, y de informes de peritos o pedagogos independientes conocidos como Enrique Martínez Reguera.

Desde la Asamblea quieren mantener unas cautas esperanzas, y es que, basándose en todos los informes técnicos “y no en nuestra voluntad”, creen que “ningún niño es irrecuperable”.

“En este caso concreto, hay razones de peso que nos inclinan a pensar que esta recuperación de la tutela no se lleva a cabo únicamente por la falta de voluntad de los servicios sociales”, han asegurado con indignación.

Ferdinand ha querido mostrar públicamente su agradecimiento a la Plataforma, pues han ayudado a visibilizar su problema, y ha denunciado que desde el ICASS “han querido silenciar el asunto”.

TALIDA, OTRA VÍCTIMA DE LA BUROCRACIA

Cuando han entrado al juicio Monique ha vestido una camiseta que, en la parte delantera muestra la letra W, y en la espalda reza: ‘Todos somos Talida’.

Este caso es otro en el que también están involucrados los procesos de adaptación, y que se han hermanado por sus causas.

Allí estaba, apoyándoles, la madre de acogida de Talida, una pequeña rumana que ahora tiene tres años. La niña sufrió malos tratos por parte de sus padres y fue entregada a Beatriz y a su marido durante el periodo de acogida, en agosto de 2013. Había sufrido tanto que ha tardado más de un año en abrirse a los demás, y se escondía comida en los rincones debido al miedo de pasar hambre de nuevo.

Según el contrato de acogida, estos padres no pueden optar por la adopción. Así que Beatriz, que ya había tenido previamente a otro niño de acogida y tiene dos hijas biológicas ya adultas, comunicó que la pequeña ya estaba lista para la adopción. No podían esperar mucho tiempo, pues pronto crecería y se acostumbraría a ellos como figura paterna. Pero cuando el Comité decidió pasar a la niña a otra familia de preadopción, ella ya estaba demasiado unida a ellos.

Es en ese momento cuando Beatriz y su marido deciden iniciar el proceso para adoptarla, encontrándose frente al muro de la administración. Así que el pasado 22 de diciembre, tras 4 noches en que la niña tuvo 40 de fiebre ante el miedo de separarse de la que considera su madre, tuvieron que entregarla a los Servicios Sociales bajo amenaza de multas de entre 18.000 y 600.000 euros. Hace un mes que no saben nada de ella.