Cualquier cambio en su entorno provocaría un agravamiento del «frágil» estado de salud de Amparo Pérez, la vecina de Santander que ya tiene fecha (el 2 de febrero) para la expropiación de su finca, en La Vaguada de Las Llamas, para construir un vial que conecte la S-20 con el centro de Santander.

Amparo ante el Ayuntamiento de Santander (Foto CarlosA)

Lo dice su médico de cabecera, en un informe difundido este martes, con permiso de la familia, por activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Santander, que, junto a otros colectivos sociales y ciudadanos forman un grupo de apoyo a Amparo.

En los procesos judiciales es habitual que las partes presenten informes de expertos (peritos) para avalar sus tesis. No es eso lo que ha sucedido aquí: el informe lo firma su médico de cabecera, el que la lleva atendiendo años en su centro de salud, en Los Castros.

Y lo que dice el informe es que Amparo, de 86 años de edad, sufre dolencias como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o respiratoria o hernia de hiato.

A lo que añade que, al ser una paciente de «avanzada edad», los factores biopsicosociales (es decir, todo lo que afecte a su entorno) le pueden perjudicar «con facilidad» a la salud.

Estos agravamientos se traducirían en males como trastornos emocionales: estrés, ansiedad, depresión….

Es más, el médico señala que los «cambios de hábitat» le provocarían una «desorientación temporal-espacial» que puede ser irreversible, y por tanto, agravar su estado de salud, «ya de por sí frágil» tanto por la edad como por las enfermedades que padece.

Como cambios de hábitat cita factores como ingresos hospitalarios o cambios de domicilio, que es precisamente a lo que se enfrenta después de que el Ayuntamiento de Santander, en cumplimiento de una resolución judicial, le notificara un plazo para abandonar su domicilio que finaliza el próximo 2 de febrero.

A la vista del informe, la PAH de Santander ha apelado a la «humanidad» del alcalde, Íñigo de la Serna, al que ha exigido que rectifique su postura, responsabilizándole de los problemas de salud que pueda sufrir Amparo como consecuencia de su inminente desalojo.

La relación entre la familia y el Ayuntamiento no es buena: el equipo de Gobierno ha cargado en varias ocasiones contra la anciana, lanzándole acusaciones de amenazas que los familiares de Amparo ya han desmentido.

Justo este martes habían solicitado una reunión con el alcalde, que no les ha sido concedida aludiendo a problemas de agenda.

APOYO A AMPARO

Paralelamente, la situación de Amparo ha despertado simpatía entre habitantes de la ciudad, que han acompañado a los activistas de la PAH en acciones como la protesta que tuvo lugar en el comienzo de las fiestas de Santander el pasado verano  o en concentraciones varias de apoyo, por citar varios ejemplos.

A esto se suma que el caso de Amparo lo citan con frecuencia como motivo de inspiración para sus luchas los portavoces de los nuevos movimientos sociales que comienzan a aflorar en Santander recientemente: desde los que se oponen a los excesos constructivos en la senda costera hasta los que denuncian la especulación urbanística en el Prado San Roque y el Río de la Pila y que se traducirá, también, en expropiaciones.

Muestras de apoyo que se intensificarán a raíz de la inminencia del desalojo, el 2 de febrero, día para que el que los colectivos que apoyan a Amparo preparan una acampada en su finca con el fin de evitar el desalojo de la anciana.

SOBRE EL VIAL

La expropiación de la finca de Amparo en la Vaguada de Las Llamas servirá para levantar un vial que conecte la S-20 con el centro de Santander.

Lo construirá la UTE entre las empresas Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria (al igual que De la Serna, del Partido Popular) e ISOLUX-Corsán, señalada por el Tribunal de Cuentas por sobrecostes que podían haberse previstos en la construcción de una conexión similar en la misma zona.

La oferta económica que se trasladó a Amparo es posible gracias a que la calificación de los terrenos, en la zona de expansión de la ciudad, pasó de urbanos a rústicos, lo que supuso que tuvieran menor valor.