La Federación Cántabra de Fútbol convocó este jueves a los clubes de la región para notificarles su decisión de hacer una huelga este fin de semana en todas las competiciones de fútbol y fútbol sala que afecten sólo a grupos cántabros. Por ejemplo, el Racing de Santander en Segunda División y el Tropezón en Segunda B sí disputarán partidos. Pero hablamos de más de 400 partidos que no se podrán jugar.

La postura del órgano federativo ha convencido totalmente a los clubes. 113 representantes fueron a la reunión presidida por José Ángel Peláez, la cabeza visible del fútbol cántabro desde hace dos años y medio, y todos votaron a favor de la huelga.

Sin duda, un acuerdo tan coral es por el miedo a la Ley de Emprendedores aprobada por el Gobierno de España, que obliga a incluir en el régimen de la Seguridad Social a todos los entrenadores, monitores, delegados, colaboradores, de los clubes deportivos. Y esto lleva en vigor desde el 1 de enero. Y algún club ha recibido multas ya, en Cataluña o La Rioja, por valor de 600.000 euros. Algo así supondría la quiebra de una amplia mayoría de los clubes deportivos españoles, no digamos ya cántabros.

La medida suena muy bien para alguien que ejerza una labor en un club y perciba una cantidad comparable a un sueldo normal, o incluso medio-bajo. Pero para gente que a lo mejor sólo apoya unas pocas horas los fines de semana y percibe cantidades insignificantes, como gastos de desplazamientos, esto resulta un problema, para ellos y sobre todo para los clubes que les pagan , que deberán aumentar sus gastos por pagarles una retribución y además impuestos.

La mayoría de los clubes deportivos de España, incluidos los de fútbol, no pueden soportar un incremento de los gastos. Quizá equipos como el Celta de Vigo, el Sevilla o el Athletic de Bilbao, por poner algunos ejemplos, sí podrían permitirse algo así, pero empiecen a preguntar en Segunda o Segunda B a ver qué equipos puede incrementar sus gastos en las categorías inferiores sin asfixiarse.

La conclusión es que habría equipos modestos que sólo podrían soportar este cambio de normativa, que también incluye empezar a pagar el impuesto de sociedades como cualquier otra sociedad, eliminando el fútbol base, dejando a un montón de niños y adolescentes tirados, sin un sitio donde seguir practicando deporte.

Algo así podría ser el panorama en el fútbol, el deporte rey en la televisión y el más practicado entre los más jóvenes. Imagínense por un momento el resto de los deportes. Sería una sentencia de muerte a la base, y eso acabaría matando al deporte profesional sin tardar mucho. Así resume la situación Peláez: «Los clubes no están preparados para funcionar como una empresa, por la gestión profesional que requiere y por los altos costes que supondría dar de alta a todos los colaboradores que perciben compensaciones de gastos en el régimen de la seguridad social».

La solución al problema es que Hacienda incluya una exención fiscal para entidades no lucrativas como son las deportivas. Y en eso confía la federación cántabra, que no se estrangule al deporte, encontrando algún tipo de acuerdo o un equilibrio entre lo que pasa ahora y lo que ha aprobado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El debate es apasionante. Todo regularizado y pasando por el filtro del Estado, o dar prioridad a que los niños y niñas no se queden sin estructuras para hacer deporte. Mucho que discutir, eso es lo mejor, dialogar entre las partes y poder llegar a un punto de entendimiento. Y que no haya por medio guerra entre estamentos del deporte, porque la crispación entre Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, aparece en el fondo de este asunto y para nada debe ser esencial en la resolución del conflicto.