Cantabria con Bici lanza sus propuestas a todos los partidos || Foto: @cantabriaconbici

Dos movimientos sociales de Cantabria, Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria y Cantabria con Bici, han lanzado un reto a los partidos políticos en las últimas horas: incorporar directamente sus propuestas a los programas que presentarán a las próximas elecciones.

Paralelamente los colectivos que luchan contra el fracking en distintos territorios del país han hecho un ejercicio de coordinación de sus acciones que contrasta con la descoordinación institucional que impera en la gestión de la fractura hidráulica

En tiempos de precampaña, en los que las distintas formaciones se empeñan en tratar de atraer a los distintos segmentos de voto, una vez más la sociedad civil demuestra que va por delante de los partidos.

Y demuestran que saben hacer política, que esta ya no pertenece en exclusiva a los partidos. Porque, en el fondo, lo que hacen los ciudadanos es ponérselo mucho fácil a los partidos que quieran comprometerse con las reivindicaciones de estos colectivos.

Su mensaje es nítido y se lo dan hecho. Al contrario que los partidos, los movimientos sociales no quieren protagonismo, no quieren más fotos; lo que quieren son compromisos firmados de sus exigencias y cumplimiento de las promesas electorales.

Y es que los colectivos han aprendido a no fiarse de los políticos.

La parte buena, para los partidos, es que los ciudadanos les están redactando sus programas electorales, que no es poco. Está pasando.

A cambio, esta vez, los partidos tendrán que cumplir sus promesas. Es el nuevo contrato social.

CIUDADANÍA CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA

Es el caso de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria, que lleva toda la legislatura denunciando el RDL 16/2012 que saca del sistema a determinados colectivos, entre ellos los inmigrantes en situación irregular, a los que ha estado acompañando a centros médicos, además de conseguir arrancar algún compromiso paliativo de la ley estatal.

En concreto, forzó a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria a aprobar el ‘Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública’, que sin embargo se ha mostrado ineficiente. La medida fue aprobada en diciembre de 2013 pero no incorporaba de manera “rápida y eficiente” al sistema sanitario público a los inmigrantes excluidos.

En consecuencia, la plataforma cántabra se ha unido a ocho organizaciones de ámbito estatal que exigen leyes que blinden la sanidad universal, que garanticen el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, con independencia de su situación administrativa y sin ningún tipo de discriminación.

La propuesta viene impulsada desde Amnistía Internacional, Asociación de Juristas de la Salud, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

26 organizaciones cántabras han respondido al llamamiento y han sellado por escrito su adhesión al documento, entre ellas los siguientes partidos políticos: Equo, IU, Podemos, PSOE, Partido Bloque Social Castro Urdiales y Compromiso por Cantabria.

Hay movimientos, plataformas y asociaciones, como las Gildas, Plataforma de afectados por la Hepatitis C, la Red Cántabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual, la Asociación Ciudadana Cántabra Anti SIDA (ACCAS) o la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP)

También figuran entre los firmantes las ONGS, desde la Coordinadora Cántabra de ONGD, EAPN-Cantabria (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), Amigos para el desarrollo del África Negra (ADANE), Amnistía Internacional Cantabria, Movimiento por la Paz (MPDL) o Cantabria por el Sáhara.

Además, han suscrito diversos colectivos profesionales, como el Colegio de Enfermería, el Colegio de Trabajadores Sociales. Desde la Universidad de Cantabria, se ha sumado el Departamento de Enfermería de la UC y también están los dos principales sindicatos, UGT y CC.OO.

Y organizaciones benéficas como Cáritas, Comunidad de Base Ignacio Ellacuría o la Parroquia San Pio X.

CANTABRIA CON BICI

Anticipándose a la segura llamada de todas las formaciones políticas, que siempre se acercan a los problemas de la movilidad en bicicleta cuando llegan las elecciones, Cantabria Con Bici ha lanzado un documento con todas sus medidas, para “animar” a que los partidos las incorporen directamente en sus programas electorales.

Y no sólo eso, que ya lo han hecho los partidos en el pasado, sino que en pro de la transparencia, Cantabria Con Bici exige de cara a estas elecciones que las administraciones realicen una programación en el tiempo de las acciones previstas para la legislatura, que sea pública y participada, con partidas económicas específicas presupuestadas y con unos indicadores para la evaluación de las acciones concretas propuestas.

Además de la defensa de la bici como hábito saludable y de ocio, este colectivo reivindica este medio de transporte como el “más eficaz” en entornos urbanos y de cercanía. Su experiencia les permite asegurar que para cubrir distancias de hasta 5 kilómetros es más rápido que el coche y que las diferencias en cuanto a los tiempos son mínimas hasta los 8 kilómetros.

Así, citan numerosos trabajos que aseguran que la bicicleta sería el medio de traslado preferido por los ciudadanos si se dieran las condiciones de seguridad óptimas. Pero no se dan, y en este documento plantean alternativas, para evitar la discriminación normativa y espacial.

Por ejemplo piden Planes 30, circulación de todo tipo de vehículos limitada a esa velocidad en cascos urbanos, e invirtiendo los términos. Es decir, que esa sea la norma y que la autoridad tenga que indicar expresamente en qué calles se puede superar esa velocidad a 40 kilómetros por hora o como mucho a 50.

Además de la seguridad, con especial hincapié en la eliminación de puntos negros, Cantabria con Bici pide planes de formación y educación en el uso de la bici,  intermodalidad con otros transportes públicos y medidas para facilitar el aparcamiento seguro de las bicicletas.

En este sentido, destacan el problema de las familias ciclistas en viviendas pequeñas, donde se acumulan hasta cuatro bicicletas en espacios reducidos. Para solucionarlo proponen desde la construcción de cuartos de almacenamiento en plantas bajas de los nuevos edificios que se construyan y habilitar locales y aparca-bicis en los ya existentes, en especial en los públicos.

Las propuestas de Cantabria Con Bici se inspiran en tres ejes, en cumplimiento de los Protocolos Internacionales respecto al cambio climático: respeto a la movilidad y accesibilidad, protección de la salud en términos de accidentalidad, contaminación atmosférica y acústica, y fomento del abandono de hábitos sedentarios.

COORDINACIÓN CONTRA EL FRACKING FRENTE A LA DESCOORDINACIÓN INSTITUCIONAL

También se adelantan a las instituciones los colectivos que luchan contra el fracking, que este jueves registrarán las alegaciones al pozo de fracking Angosto, y lo harán de forma coordinada con colectivos de Burgos y País Vasco afectados por el proyecto.

En este caso, el ‘programa electoral’ de las Asambleas contra la Fractura Hidráulica es más sencillo: un rechazo a esta técnica de extracción de gas natural del subsuelo recurriendo al uso de aditivos que liberan sustancias contaminantes.

Podemos dar espacio a este seguimiento a la sociedad civil gracias al apoyo de nuestros socios. Puedes ayudarnos a seguir pinchando en la imagen

En concreto, se oponen a la decisión de evaluación de impacto ambiental que realizaba el Ministerio de Medio Ambiente para el Sondeo Angosto-A de perforación y estimulación por fractura hidráulica contra este sondeo en Loma de Montija , a unos 3 kilómetros de Espinosa de los Monteros, en Burgos.

Lo hacen de forma conjunta y coordinada, con otros territorios, en contraste con la descoordinación institucional que azota al fracking: con leyes como la cántabra, aprobadas ante la presión de la Asamblea, recurridas por el Gobierno central ante el Constitucional, mientras siguen los proyectos que afectan a varios territorios, en este caso, promovido por una empresa pública vasca.