Instalaciones de Fermacell, la alemana que compró los restos de GFB

Sodercan, la empresa pública del Gobierno de Cantabria que participó el proyecto fallido de fábrica de fibroyeso en Orejo (Marina de Cudeyo), tendrá que afrontar indemnizaciones millonarias a los acreedores hasta el importe total de los créditos que no perciban en la liquidación del concurso de acreedores.

Así lo dicta la juez Cristina Rodiz García, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en funciones de apoyo al Juzgado de lo Mercantil de Santander, en la sentencia que declara culpable el concurso de acreedores de GFB, firmada el pasado 17 de febrero de 2015.

A petición de la administración concursal condena, a los socios costarricenses de la fábrica (Euroamérica y el Grupo Pujol Martí) y a Sodercan, a que satisfagan a los acreedores en la liquidación de la masa activa, mancomunadamente y en proporción a su participación en GFB, en los términos, condiciones e importes señalados, en el caso que no haya condena por daños.

Pero el Ministerio Fiscal solicita que se condene también a las dos partes (socio público y socio privado) a indemnizar solidariamente a los acreedores concursales la totalidad del importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa del concurso.

Fuentes de la administración consultadas por El Faradio explican que no es posible por el momento conocer cuál será la cantidad global de dichas indemnizaciones, hasta que no se liquide la masa activa del concurso.

Sin embargo, al conocer la posición de la Fiscalía, el propio consejero de Industria, Eduardo Arasti, se aventuró con una cifra en un Pleno del Parlamento de Cantabria. Fue el 4 de marzo de 2013, cuando elevó las indemnizaciones que podría tener que afrontar la empresa pública, por el mismo concepto que ahora recoge la sentencia que declara culpable el concurso, hasta los 12 millones de euros.

Otras fuentes de máxima solvencia en el proceso de instalación de la fábrica de GFB en Orejo apuntan a que los acreedores podrán, en virtud de la sentencia de calificación culpable del concurso, dirigir su reclamación a las dos partes, al socio costarricense y a Sodercan, por esos créditos que no perciban en la liquidación.

Y al tiempo señalan que es más que probable que los acreedores, la mayoría empresas cántabras, recurran ante Sodercan para que pague las deudas, por una cuestión lógica de accesibilidad (la empresa pública está aquí y es más probable que responda a la petición de indemnización que Euroamerica o el Grupo Pujol Martí, que están radicadas en Costa Rica).

PROYECTOS FALLIDOS, DINERO PÚBLICO DILAPIDADO

GFB fue una UTE entre el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Sodercan, de la Consejería de Industria, y un socio privado hacia el que siempre se mostraron recelos.

La idea de negocio giraba en torno a la construcción de placas de fibroyeso (una alternativa al pladur) demasiado volcada hacia modelo de la construcción justo en los años previos al inminente estallido de la burbuja.

Las negociaciones arrancaron en la precampaña electoral de 2003, con José Joaquín Martínez Sieso (PP) y se cerraron en la siguiente legislatura 2003-2007, con Miguel Ángel Revilla (PRC) al frente del Gobierno y a través de la consejería de Industria (PSOE).

La gestión del proyecto fue polémica, con desencuentros entre los socios, señalados constantemente por el PP, que en la oposición lo convirtió en objeto de decenas de iniciativas parlamentarias y que, al llegar al Gobierno, impulsó una Comisión de Investigación, en la que se pudieron conocer más detalles de la gestión.

Esa gestión llevó a los tribunales en un proceso que fue archivado en cuanto a la petición de responsabilidades por, digamos, mala fe, pero a la que le quedaba otra pata, la derivada de los impagos a los proveedores, que provocó un concurso de acreedores, proceso judicial que es el que vive ahora este episodio.

El PP criticó entonces agriamente la participación de lo público como socio y accionista en proyectos privados, en un modelo que luego ha repetido esta legislatura en iniciativas como la de Tubacex, Santander Coated Solutions y Néstor Martín, entre otras.

Este último atraviesa en la actualidad dificultades y desencuentros con la parte privada, después de una inyección pública que supera los 13 millones de euros, para un proyecto que ahora critica la actual oposición, en especial la socialista.