El Plan General de Ordenación Urbana que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana va a aprobar este viernes ha contado para su asesoría con un abogado único.

Porque José María Real del Campo tiene buenos publicistas de su trayectoria profesional en este Consistorio al que el que fuera socio del actual consejero de Urbanismo, Javier Fernández, presta (al igual que a varios ayuntamientos gobernados por el Partido Popular) servicios de asesoría.

En el caso concreto de Bezana, estos servicios se justificaban en la necesidad de aprobar el Plan General y los contratos los está investigando la Fiscalía Superior de Cantabria, en respuesta a una denuncia del PSOE local.

El contrato iba vinculado a la aprobación del Plan General de un municipio en el área metropolitana de la ciudad en la que convive lo rural con nuevas urbanizaciones, en esta legislatura: pero al mejor estilo de un capítulo de 24, la trepidante serie protagonizada por Jack Bauer, el tiempo se acaba.

El trámite de este viernes es la aprobación provisional: queda responder alegaciones (aunque el Ayuntamiento parece tenerlo claro) y devolverlo al Gobierno de Cantabria para que se proceda a su aprobación definitiva antes de la legislatura, un plazo que esta misma semana consideraba posible el departamento de Urbanismo, presidido por su exsocio, el consejero Javier Fernández.

UN ABOGADO ÚNICO

Entre los que mejor venden la labor profesional de José María Real se encuentra el concejal de Economía, Hacienda y Personal, Juan José Rodríguez, quien defendió el perfil de José María Real del Campo por su experiencia demostrada en derecho urbanístico y por tener un perfil que le hacía prácticamente único en Cantabria.

Lo hizo al recomendar su contratación como asesor en 2015, que, al superar la cifra de 10.000 requería que se ofrecieran tres presupuestos distintos para poder elegir.

Pero en este caso se daba, según aseguraba este edil una situación excepcional, y es que en Cantabria no existe un cuerpo de letrados con conocimientos en derecho urbanístico.

Ese es el motivo por el que pidió evitar la norma de contar con tres presupuestos previos antes de su contratación.

Frente a este criterio, fuentes jurídicas consultadas por EL FARADIO enumeran una serie de abogados especializados en urbanismo que trabajan en Cantabria, como García de Enterría, José del Río Miera, López Casuso, Pilar de la Hera, Luis Cruz o Ignacio Casuso.

Además, el concejal responsable ofrecía otro motivo para recurrir a un asesor externo en urbanismo: admitía que existen tres técnicos municipales que podían desarrollar estas funciones, pero justifica que dos de ellos son imprescindibles en sus puestos para el día a día del Ayuntamiento, mientras que el tercero sabe de urbanismo, pero no de derecho.

LAS ‘PEGAS’ AL CONTRATO

El importe del contrato no supera los 18.000 euros, lo que hace que sea un contrato menor. En concreto, la cifra es 9.000 euros más IVA, a razón de 1.500 al mes.

Desde Intervención, el departamento que en los Ayuntamientos se encarga de velar por los aspectos económicos en la vida municipal, a cargo de funcionarios y no de personal de confianza de los respectivos alcaldes, inciden en que en realidad no son contratos fraccionados, ya que se vienen produciendo desde el año 2007, por lo que en realidad lo que tendría que hacerse es un contrato único a varios años.

Pero entonces el contrato ya no sería menor, no podría ser responsabilidad directa del alcalde, y tendría que someterse a publicidad para que pudieran presentarse más aspirantes,

LA ASESORÍA

En concreto, la asesoría de José María Real del Campo se centraba en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que aún no se ha aprobado, y todo el proceso entre su aprobación provisional, las alegaciones y la aprobación definitiva.

El Ayuntamiento consideraba que la contratación de Real del Campo permitiría la aprobación provisional del plan durante 2014 (luego se planteó que podría ser en el primer trimestre del año, que acaba de terminar, y lo mismo) y poder culminar todo el proceso antes del fin de la legislatura.

Y se dejaba claro que era a través de informes verbales, no escritos, además de otras funciones como la asistencia a reuniones en el Ayuntamiento con técnicos o miembros de la empresa redactora del PGOU, y a reuniones con el Gobierno de Cantabria en sus áreas de Urbanismo, a cuyo frente está su anterior socio, el consejero Javier Fernández.

Además de lo relacionado con el Plan General, sus funciones se extienden a consultas relacionadas con el urbanismo en general, la ejecución de sentencias, y respuestas e informes, siempre verbales, a consultas del equipo de Gobierno y servicios técnicos.

El contrato también incluye su participación en dos procesos judiciales contra el Plan General.

Puedes ayudarnos a seguir contando historias como esta haciéndote socio, por siete euros al mes. Pincha en la imagen