VIENE DE: Las víctimas del urbanismo (I): «Todo esto va dejando gente por el camino»

||por OSCAR ALLENDE y GUILLEM RUISÁNCHEZ||

En una cafetería de la calle Alta, cerca del Cabildo de Arriba, cerca del lejano Ayuntamiento de Santander, en la parte de arriba, más tranquila, varias personas toman un café.

A un lado de la mesa está Lucía Gómez Colmenero, hija de Gumersinda, una de las fallecidas en el derrumbe mortal de hace siete años de un edificio en la Cuesta del Hospital, como consecuencia de unas obras sin licencia adecuada en el bloque de al lado, en el degradado barrio del Cabildo de Arriba.

Enfrente, Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez, la cara más visible de la lucha de esta anciana, ya fallecida, contra la expropiación de su finca, en la otra punta de la ciudad, en la Vaguada de Las Llamas, para levantar un vial a cargo de la empresa de siempre.

A su lado se ha sentado Marta, la sobrina de Lucía, que es miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos del Cabildo de Arriba, y que, muy a su pesar, se ha vuelto una experta en planes urbanísticos y en lidiar con la administración.

Y a ambos extremos de la mesa, nosotros, con una grabadora, pensando que ambas familias tienen mucha historia en común por culpa de un determinado modelo de urbanismo. El de la gentrificación en los barrios históricos. El del crecimiento sin control en las zonas de expansión.

“DEJACIÓN DE FUNCIONES”

En tiempos de derrumbes, de derribos, la familia de Gumersinda y la familia de Marco se toparon con un muro imprevisto. El de las instituciones.

Las dos familias han comprobado que parecen diseñadas de una forma que no diagnostica realidades, no toma medidas, no es eficaz en la respuesta y obstaculiza las soluciones.

Ahí les ha pasado de todo. Como la falta de respuesta a sus denuncias sobre el estado del barrio (todavía resuena el “Les van a llegar las piedras al Ayuntamiento” de la expresidenta de la asociación de vecinos Teresa Limón) o la ausencia de requerimientos de que actuaran sobre sus viviendas a propietarios que, en muchos casos, no vivían en el barrio. “Una dejación de funciones total y absoluta”.

La burocracia, “el juego del lenguaje” administrativo al que se refiere Marco, hizo que la finca de su abuela cambiara de calificación sin que ellos llegaran a entender muy bien un proceso en el que hubo notificaciones que, directamente, no llegaron a su domicilio porque la Administración no se enteró de un cambio de dirección.

Marta, sobrina de Lucía, aprendió de golpe que “todos estamos obligados a saber los pasos que da la Administración” y ahora va cada poco tiempo a los despachos a preguntar si hay algún proyecto que afecta a sus intereses.

“Es imposible, a menos que estés todo el día viendo los BOCs (el Boletín Oficial de Cantabria, que recoge normativas y comunicaciones oficiales)”, y a veces sucede que es muy difícil entenderlo todo “si no sigues el recorrido” de un proceso en el que se dan “modificaciones de la modificación”. La marxiana parte contratante de la primera parte.

Familiares de una de las víctimas en el derrumbe del Cabildo de Arriba junto a Marco, nieto de Amparo Pérez, en la cuesta del Hospital (Foto: JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE)

En la parte de las soluciones, pasa, por ejemplo, que la Comisión Mixta del Cabildo, organismo en el que están distintas instituciones, los partidos municipales y la asociación de vecinos, sólo se reúne ante la “insistencia” de la asociación.

O lo de ahora. Según lo está regulando la Administración, Lucía y su familia se tienen que poner de acuerdo con los mismos vecinos que decidieron la obra que acabó derribando su edificio para poder levantar un nuevo inmueble.

Ahora no pueden, por temas de edificabilidad, de modo que lo que tienen ahora mismo es un solar vacío por el que sigue pagando su contribución en un barrio con planes paralizados e infografías de plazas que no se hacen realidad.

Aunque les molesta más que, lejos de pretensiones económicas, no recibieran ni siquiera la atención psicológica.

Pero hay algo peor que la falta de respuesta o la lentitud en las soluciones. Y es cuando la Administración bloquea respuestas o, simplemente, intentos de protestar.

“Es increíble que sea la Administración la que actue de la forma más ruin”.

A Marco se le sube un par de tonos su voz (ha estado más a escuchar) cuando recuerda a unas instituciones que “les trataron como delincuentes” en una de las manifestaciones, en su propia finca, de apoyo a su abuela del pasado verano..

O cuando piensa en una Administración que “malmete” y acaba diciendo que a su abuela le habían dado ya un dinero que no había recibido o como no querían negociar.

Eso siendo una única institución la implicada. En el Cabildo hay varias (Estado, Gobierno autonómico y Ayuntamiento) y Marta cuenta como representantes de instituciones trasladan información incorrecta a los vecinos que funcionan como “zancadilla” en el proceso.

PLANES Y PLANES

“No sólo tienen que tener en cuenta los resultados políticos, sino también al ciudadano. Al fin y al cabo nos representan a nosotros, se les llena la boca con eso. Y yo no me siento representada”.

Hablando de instituciones, están los contrastes en la forma de actuar de la Administración.

En el Cabildo llegaron a la misma conclusión que los afectados por el incendio de Tetuán: en ambos casos una modificación puntual del Plan General, una práctica habitual en la gestión del urbanismo, hubiera acelerado las soluciones a sus respectivos problemas.

Pero no se hizo entonces, “cuando la gente estaba más motivada”, y se les remitió a su aprobación definitiva.

Y mientras veían que para las (largamente atascadas) obras del Centro Botín sí que se dio ese paso. “Y nosotros no hemos echado ni un ladrillo de lo que necesitamos, modifican lo que hace falta”, concluye Lucía.

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