De izquierda a derecha: Marcano, Revilla, Ali Syed, Pernía, Montalvo y Agudo.

Saltó la noticia política que muchos esperaban en esta campaña electoral. La jueza Paz Hidalgo ha cerrado la instrucción de la querella de Cantur e inicia el procedimiento para la apertura de juicio con jurado a todos los imputados del Caso Racing de Santander.

En concreto, los imputados son el exconsejero de Deporte, Francisco Javier López Marcano (diputado del PRC y número 5 en la lista a las próximas elecciones); el exconsejero de Economía, Ángel Agudo (presidente del PSC-PSOE); el propietario de la empresa que gestionó el Racing, Dumviro Ventures, Jacobo Montalvo; y el responsable de CEP Cantabria, la empresa pública que coordinó la compra-venta del club, Luis Egusquiza, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude a ente pública.

Asimismo, incoa jurado para el abogado Emiliano Garayar, en este caso únicamente por un presunto delito de fraude a ente público, por el asesoramiento al Gobierno regional (PRC-PSOE) desde la creación de la sociedad Dumviro hasta el contrato de accionistas por el que adquirió la mayoría del Racing.

Además de iniciar este procedimiento para el juicio, que se celebrará en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ante un jurado compuesto por nueve ciudadanos elegidos por sorteo, la magistrada traslada otras partes de la investigación a distintas instancias:

• A la misma sala del TSJC, por haber intervenido Marcano, que está aforado como diputado en el Parlamento, traslada el asunto de las subvenciones del Gobierno al Racing en el período 2006-2016, a razón de 2 millones de euros al año, al considerar indicios de que no se emplearon para los fines establecidos en el convenio (para promoción de la cantera del club). La jueza aprecia delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a ente público, al encontrar partidas no justificadas, que no se corresponden con el objeto del convenio, por valor de 2,4 millones de euros, en conceptos como servicios jurídicos, seguros de vida y costes de seguridad social de los jugadores. Será el TSJC el que decida si cita a declarar a los directores generales de Deporte de la época, algo que la jueza instructora ha rechazado por el momento.

• Además, Hidalgo traslada a los juzgados de instrucción los indicios de delito sobre Agudo, Egusquiza, Garayar y Montalvo (que no están aforados), en relación a la recompra de las acciones de Ecoparque Besaya, de la que habrían sido beneficiarios el abogado y el empresario, y cifra el perjuicio para CEP Cantabria en 3,3 millones de euros, como relata detalladamente en el auto.

• Asimismo, traslada a la justicia ordinaria los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a ente público que aprecia en los acusados Agudo, Egusquiza y Garayar sobe las contrataciones de CEP Cantabria al abogado Emiliano Garayar, sin publicidad ni concurrencia, y en las que aprecia cuantías excesivas dado que la empresa pública ya tenía un contrato con el despacho Gómez Acebo y Pombo para el mismo objeto: asesoramiento. En este apartado, la jueza cifra un quebranto de 1,8 millones de euros a las arcas públicas y desmonta el intento de Garayar de evitar la acusación de prevaricación alegando que CEP era una empresa pública que se regía por el derecho privado. La magistrada rechaza el argumento apelando a la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el sector público empresarial.

LA FICCIÓN DE LA VENTA

En el auto, la jueza describe como «ficción» la operación de compra-venta del Racing en 2005, en la que el Ejecutivo adquirió la marca y los derechos federativos por un importe de 16 euros a una empresa interpuesta (Stitching Interfoot), pero asumió vencimientos de deuda de 17,5 millones de euros del anterior propietario del Racing, Santiago Díaz, con entidades financieras.

Para obtener ese crédito de 17,5 millones de euros – un dinero que el Racing pasó a disponer y que consumió en devoluciones de deuda- CEP Cantabria acude a financiación externa, con sobrecostes de 2,9 millones de euros en gastos financieros.

Se creó un fondo ligado al CEP (el Fondo de Titulización de activos), que canalizaría las llegadas de capital, con la idea de que al final de todo el proceso en él estuvieran los 22 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ya dejó claro en varios informes que eso no era un activo y que en realidad había sido un préstamo. De hecho, el Racing no pagó por el uso de la marca (y el Gobierno no se lo reclamó, y tuvo que pedir un préstamo ante este impago), que además no entraba en el objeto social de la empresa pública.

A eso, la magistrada añade que se derivaron gastos posteriores a la entrada de la sociedad (el Racing) en concurso de acreedores en 2011, porque eso supuso liquidar el fondo de inversión que previamente había creado el ICAF (CEP Cantabria) para la titulización de la marca.

Para liberar las obligaciones de CEP Cantabria con el fondo, el ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) compra los derechos de crédito o cobro a la Coordinadora de Empresas Públicas, nuevos gastos que ascendieron a 11,1 millones de euros.

Y a su vez, para afrontar la liquidez necesaria para la operación, emite bonos por valor de 8 millones de euros y el resto lo asume con su propia tesorería. Por esta serie de operaciones financieras, Cantabria incumple el déficit del año 2014.

Sin embargo, tanto en la comisión de investigación de Cantur en el Parlamento como en las diligencias previas en el TSJC, el exconsejero Ángel Agudo argumentó en su defensa que fue el Gobierno del PP, al instar al concurso de acreedores del Racing, el responsable de un quebranto de 20 millones de euros.

Antes del auto de este martes, la magistrada ya había cifrado en 43,8 millones de euros el quebranto a las arcas públicas por la intervención del Gobierno de Cantabria en el Racing.

LA ERA MONTALVO

El paso a la era Montalvo empieza con una compra de las acciones por parte de Dumviro – la empresa de Montalvo que montó y participó inicialmente con un 1% el abogado Emiliano Garayar- al Gobierno de Cantabria (diciembre de 2005).

Pero al concretarse ese acuerdo meses después, se cambiaron las condiciones iniciales, de forma que se libera a Dumviro de sus obligaciones como comprador, y también le perdonaba el coste de una condena judicial previa a todo esto que tenía que pagar el Racing, por los derechos de televisión que Santiago Díaz firmó con un operador distinto al de Piterman: otros 2,9 millones de euros que asume el  CEP.

Además de todo esto, el CEP le concedió un préstamo participativo por valor de 6,7 millones euros a Dumviro, dinero que salió de un préstamo bancario que involucró a sucesivos bancos tras reiterados vencimientos.

Ese préstamo pasó del CEP a Cantur, y se modificó sucesivamente para ampliar el plazo de devolución e introducir condiciones más ventajosas para la empresa privada. Cantur cambió esos plazos, ampliándolos en cinco años más de tiempo que le daba a Dumviro para pagar (cuando el grupo Silver Eagle del que dependía, con intereses en la construcción, estaba en concurso de acreedores).

Gracias a ese préstamo, Dumviro pudo comprar la mayoría de las acciones del Racing, y su pago se fue aplazando, sin justificar, así como la cifra, que acabaría llegando a ascender a 7,1 millones de euros. Dumviro no pagó su parte y Cantur no le reclamó. A finales de 2010, la deuda de Dumviro con Cantur era ya de 7,9 millones.

Los gastos de la compra del Racing por Montalvo al Gobierno también fueron sufragados por el Gobierno, quien a través del CEP, le perdonó 250.000 euros. Todos los imputados, incluido el empresario que se benefició, pactaron que no se reclamarían.

LA FASE ALÍ: SE LEVANTAN LAS OBLIGACIONES DEL PAGO

En el auto la jueza relata como hubo un momento en que se decide que Cantur condone a Dumviro parte del crédito, que cancelase la prenda sobre las acciones ( que implicaba la renuncia a la propiedad), y precisa que en esa decisión participaron, además de los responsables públicos Marcano, Agudo y Egusquiza, el propio empresario, Montalvo, al que esa decisión beneficiaba.

De ahí pasamos a la compra del Racing por el indio Ali Syed, que asumiría a caballo entre Zurich y Santander el pago del préstamo en varios plazos de los que finalmente sólo abonó una pequeña parte antes de desaparecer, tras pagar apenas 2 millones de euros por la propiedad (la cantidad coincide con una aportación de Inmoarrabi que le convierte en el mayor acreedor actual del Racing).

Los acuerdos de Zurich los firma Ángel Agudo, consejero de Economía, en nombre de Cantur, y, según apunta la jueza, lo hizo «sin poder ni facultad expresa para ello».

Para facilitar que Ali comprara el Racing, la jueza apunta un movimiento de Marcano, Agudo y Egusquiza, que consistió en liberar de Dumviro ya de todas sus obligaciones, a espaldas del Consejo de Cantur.

Fue Marcano quien lo formalizó, sin justificar, en una decisión que supuso la renuncia a cualquier derecho del Gobierno de Cantabria sobre el Racing.

Dumviro se vio liberado de casi 8 millones de euros «injustificadamente», y lo que Cantur le perdona a Montalvo pasa a ser deuda del Gobierno de Cantabria.

El auto dice expresamente que Marcano, Agudo, Egusquiza y Montalvo deben responder conjuntamente del perjuicio sufrido por Cantur: seis millones de euros. Si ellos no pagan, pagaría Dumviro, como beneficiaria.

Incluso hay una serie de gastos menores que no encajan en ningún tipo legal, pero que tacha de innecesarios, que no perseguían el bien común y que, en todo caso, vulneran los principios éticos.