La querella que han presentado los trabajadores de Nestor Martin contra los empresarios Jesús Lavín y Andrés de León, apunta además posibles responsabilidades de altos cargos del Gobierno del PP, como el director del Instituto Cántabro de Finanzas, Jorge Gómez Cos o la directora general del Servicio Cántabro  de Empleo, María Ángeles Sopeña Villar.

Trabajadores de Néstor Martin

Asimismo, el texto contiene alusiones al papel de intermediario del presidente Ignacio Diego, de quien los trabajadores sugieren que le une con los empresarios una amistad, o de la propia Sociedad de Desarrollo Regional, propietaria del 30% de la sociedad y con el control del 70% restante.

Los querellantes, los trabajadores, aprecian delitos contra los derechos de los trabajadores, de estafa ,apropiación indebida y fraude de subvenciones, en la puesta en marcha de Nestor Martin, que ha dilapidado más de 18 millones de euros de dinero público, además de los 3,2 millones de los 87 trabajadores de Teka que aceptaron entrar a trabajar en esta fábrica de estufas a cambio de sus indemnizaciones por despido.

“Con todo este escenario, se desconoce cuál ha sido el destino del dinero recibido por las indemnizaciones de los trabajadores, y los créditos y avales concedidos por el ejecutivo cántabro”, un monto total de 21,2 milllones de euros.

A estas cantidades se llega con cinco millones de euros en créditos y otros cinco en avales, en mayo de 2.012; 1,5 millones de euros de SODERCAN, en octubre de 2.013; 0,5 millones de otro préstamo participativo de SODERCAN, en diciembre de 2.013; un aval del ICAF de 2 millones en febrero de 2.014; un crédito puente (ICF) de un millón, en julio de 2.014 y otra partida de 3 millones que aprueba el Parlamento en octubre de 2.014, a lo que se añaden los 3,2 millones de euros de las indemnizaciones.

APUNTA A DOS ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DEL PP

La querella se dirige contra los empresarios Lavín y De León “sin perjuicio de que en su momento se pueda ampliar a cuantas personas resulten responsables tanto en su condición de autores, como de cooperadores necesarios, o en su caso, responsables civiles”.

Imagen que está circulando por las redes sociales

Así, denuncia las subvenciones por importe de 190.000 euros para cursos de formación que nunca fueron impartidos, y destaca que la directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña, “certificó sorprendentemente su aprovechamiento con la entrega de diplomas”, lo que a juicio de los querellantes “constituye un ilícito penal”.

El curso de formación se tenía que haber impartido durante los meses de diciembre de 2012 y enero de 2013, pero en ese tiempo los trabajadores estuvieron trabajando en el montaje de la propia fábrica.

Y llama la atención sobre el director del ICAF, Jorge Gómez Cos, el máximo responsable de la entrega de créditos y avales a Nestor Martin por una suma de 13 millones de euros, porque fue administrador mancomunado de uno de los querellados, Jesús Lavín, en dos empresas relacionadas con la construcción.

En una de ellas, fue sustituido por su hermano Jesus ‘Chuchi’ Gómez Cos, exentrenador ‘marioneta’ del Racing de la época de Dimitri Piterman.

Para la acusación, estas relaciones son muestra de que los querellados “se han servido de sus relaciones profesionales y de amistad con diferentes cargos públicos para obtener financiaciones que no han sido destinadas a la finalidad para que se concedían”.

A todo esto, añade finalmente la “absoluta falta de transparencia” que ha presidido toda la gestión por parte de sus administradores (ahora querellados), los organismos públicos y el actual administrador (una consultora vasca, Hub Advisory), que ha negado al Comité de empresa y al Parlamento de Cantabria cualquier documento que justifique el destino de todas las cantidades inyectadas en la empresa.

EL PP TIENE SU PROPIO GFB: NESTOR MARTIN

La sociedad (Ecomasa World Investments, S.L.) está en preconcurso de acreedores y negocia con los trabajadores un ERE de extinción de 42 puestos de trabajo, después de tres expedientes de regulación de empleo, situación en la que está en la actualidad.

Lo que piden los trabajadores es que se reconozca el incumplimiento del Plan de Acompañamiento Social a sus contratos en Nestor Martin, que contemplaba la reducción del salario en un 12,5% pero el mantenimiento de la antigüedad a la fecha del despido en Teka a todos los efectos “incluidos los indemnizatorios”.

En la querella, los trabajadores se presentan como víctimas de una estafa, con la participación activa del presidente del Gobierno, que “supuestamente mantenía una estrecha relación con los señores Lavin y De León”, como han mantenido públicamente desde que estalló el conflicto.

Sobre los dos empresarios querellados, destaca que tienen un entramado de empresas con matriz en Bélgica, en una fábrica que tuvo que ser cerrada por su “nefasta gestión”.

También apunta a la constitución de otras sociedades en la misma sede de Ecomasa, con carácter posterior a la puesta en marcha de Nestor Martin, y subraya unas pérdidas incomprensibles desde su primer año de actividad, a pesar de haber recibido subvenciones, créditos y avales por más de 18 millones de euros.

Por todo esto, señala que existen “todos los indicios” de que los fondos públicos han sido “desviados a otros fines ajenos a la actividad de esta empresa”.