El Gobierno de Cantabria formado por socialistas y regionalistas ideó una fórmula para intentar convertir un valor intangible del Racing de Santander en algo que pudiera traducirse en dinero.

Y lo encontró en la propia marca, el concepto Racing, aludiendo motivos como el valor simbólico o su contribución al reconocimiento de la ciudad y la comunidad autónoma en el exterior.

Fue en la etapa en la que el Racing pertenecía a los Díaz, ligados al grupo empresarial Sadisa y la constructora Ascan, acuciada por una deuda con entidades financieras que ascendía a 17,5 millones de euros.

Una cantidad cercana, casi íntegra, 16 millones de euros, fue la que se consideró que valía tanto la marca como los derechos federativos, y la que se pagó a una empresa interpuesta, asumiendo, además, los vencimientos de deuda.

La venta del Racing va camino del banquillo

El problema es que para que esa cifra se convirtiera en dinero real y no en una posibilidad abstracta el Ejecutivo tuvo que recurrir a un crédito externo que le supuso además gastos financieros.

El Tribunal de Cuentas ya dijo en su día que esa operación fue una “ficción” y que en realidad no era una compra, sino un préstamo encubierto, una forma de conseguir que la empresa vendedora obtuviera dinero “escondiendo” su situación y tratando de que lo que era una deuda pareciera un activo.

Porque además se supone que luego el club pagaría al Ejecutivo una cantidad anual, un canon (dos millones de euros) por el uso de esta marca. Pero hubo años en los que no se hizo y el Gobierno tampoco le reclamó que lo hiciera.

La operación se hizo a través de CEP Cantabria, la Coordinadora de Empresas Públicas, que tuvo un papel clave en el proceso porque en ella se creó un fondo económico.

El problema, detectado por la jueza Paz Hidalgo en su investigación judicial a la gestión del Racing, es que CEP no tenía como objeto social la adquisición de marcas.

Nos explicamos: el CEP es una empresa pública, es decir, pertenece al Ejecutivo, pero es también una empresa.

Y a la hora de crear una empresa, en un trámite que reconocerá cualquier emprendedor o autónomo, tienes que definir, ante notario, su objeto social, es decir, las áreas de actividad a las que se dedica (un bar pondría hostelería, por poner un ejemplo).

Pues bien, el objeto social del CEP es la coordinación y el asesoramiento en materia financiera de las empresas públicas del Gobierno de Cantabria, pero no operaciones de compra directa o de relación directa con empresas privadas.

LA INVESTIGACIÓN AL RACING

La causa del Racing llevará al banquillo a los exconsejeros de Economía Ángel Agudo (presidente del Partido Socialista), de Deportes (el regionalista Javier López Marcano, número 5 de la candidatura al Parlamento), así como a Luis Egusquiza, director del ICAF; así como los empresarios Javier Montalvo y el abogado Emiliano Garayar.

La investigación se ha dado por finalizada: quedan por presentarse y responder recursos, y formularse los escritos de acusación, paso previo a que se fijara la fecha del juicio oral que se celebrará con toda seguridad.

La investigación comenzó con una querella del actual Gobierno de Cantabria basada en las conclusiones de la Comisión de Investigación parlamentaria sobre Cantur, la empresa pública que asumió las acciones del Racing.

Una acusación particular que el futuro Gobierno de Cantabria se plantea retirar, tal y como ha anunciado el vicesecretario regionalista. Rafael de la Sierra, quien se perfila además como próximo consejero de Presidencia y Justicia.

De la Sierra trasladaba la decisión a un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, que dependen precisamente de ese departamento.

Las partes están citadas para este jueves, para la concrección de las imputaciones.