Ya no es sólo la magistrada Paz Hidalgo o las acusaciones, popular (Manos Limpias) y particular (Cantur y Cep, del Gobierno de Cantabria): la Fiscalia respalda la investigación sobre la causa del Racing al asumir que hay indicios de delito en todos los imputados (a excepción del abogado Emiliano Garayar).

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acogía este jueves una vista para que todas las partes concretaran las imputaciones, después del auto del pasado 11 de mayo con el que la jueza dio un espaldarazo al caso, al que sólo un par de trámites le separan del inicio del juicio.

El Ministerio Fiscal, que es la parte pública en los procesos judiciales y que no depende de ninguna de las partes, ve indicios de delito en el papel jugado en la compraventa del club por Ángel Agudo, exconsejero de Economía y presidente del PSOE; Javier López Marcano, exconsejero de Cultura, diputado regionalista (cuya cabeza piden Podemos y Ciudadanos para apoyar a PRC y PSOE); Luis Egusquiza, colaborador de Ángel Agudo, que fue director del Instituto Cántabro de Finanzas; y el empresario Jacobo Montalvo, del grupo de empresas que asumió la propiedad del club antes de traspasárselo a Ali Syed.

En concreto, los delitos de los que ve indicios son de malversación de caudales públicos, por la participación de todos ellos en el proceso de compraventa de acciones del Racing, y, de forma especial, por el levantamiento de la prenda (las garantías) sobre el préstamo que el Gobierno de Cantabria dio a la empresa de Ali Syed y por haber perdonado una deuda a las empresas de los Montalvo.

La acusación particular de Cantur, es decir, el Gobierno de Cantabria, añade a estos delitos el de fraude continuado a ente público.

Y el CEP, la Coordinadora de Empresas Públicas (que fueron forzados por la jueza a presentarse como acusación) suma el de administración desleal.

Emiliano Garayar

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular (es decir, no es un afectado directo pero representa al conjunto de la sociedad al entenderse que los hechos perjudicaron a todos), suma todos los delitos y matiza el papel de Montalvo y Garayar como cooperadores necesarios.

Es en la figura de Garayar donde se ha producido alguna discrepancia: el Ministerio Fiscal considera que los hechos en lo que a él respecta están prescritos (ha pasado un tiempo que la justicia establece para que unos hechos ya no puedan ser juzgados), mientras que Cantur cree que lo que cometió fue un fraude continuado, esto es, prolongado en el tiempo. y en ese caso no incluiría la prescripción. El Cep tampoco ve lo de Garayar.

Tanto Javier López Marcano como Ángel Agudo, presentes en el juicio aunque no han declarado, han pedido la suspensión de esta comparecencia por indefensión, al no haberse resuelto su recurso de apelación, y solicitan el sobreseimiento de la causa.

Luis Egusquiza, exdirector del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y exconsejero delegado de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP Cantabria), ha solicitado, asimismo, el sobreseimiento de la causa.

Jacobo Montalvo ha solicitado el sobreseimiento libre, tanto de él mismo como de su empresa Dumviro, que sirvió como empresa instrumental en el proceso de compra-venta del Racing.

Montalvo ha manifestado a la entrada al juzgado que confía en que toda la causa se acabe archivando, ya que entiende que ha habido una serie de pruebas y alegaciones “que el Ministerio Fiscal no nos ha contemplado”. “Considero que, en mi modesta opinión, es un juicio político y no hay caso”, ha manifestado a la salida de la vista oral.

Probablemente la postura de la defensa de Garayar ha sido la más ‘agresiva’. Ha solicitado la nulidad de toda la causa y el sobreseimiento, manifestando indefensión, y por haber prescrito los hechos que se le imputan. Además, ha acusado a la juez de falta de imparcialidad en el caso.