El proceso judicial del Racing se encamina ya a un juicio oral por el que están imputados los exconsejeros de Economía, Ángel Agudo; y Cultura, Javier López Marcano (diputado electo por el PRC), así como Luis Egusquiza, colaborador de Agudo (presidente actual del PSOE cántabro); junto al anterior propietario, Jacobo Montalvo, y el abogado Emiliano Garayar.

Y ha llegado a marcar las negociaciones para la firma del pacto del próximo Gobierno de Cantabria entre socialistas y regionalistas, que querían retirar la acusación particular del proceso (iniciado por una querella del Ejecutivo del PP)  y que sugerían que el Fiscal podía retirar también la ayuda, condiciones que ha rechazado Podemos, cuya abstención es necesaria para la investidura de Revilla como presidente.

Durante todo el complejo proceso de la operación de compraventa del Racing de Santander, objeto de las investigaciones de la jueza Paz Hidalgo, el Gobierno de PSOE y PRC llegó a plantearse si la forma en que estaba ayudando al club (que incluyó préstamos desde el Ejecutivo que luego le fueron perdonados en parte y una subvención posterior, entre otras acciones) no estaría violando la legislación comunitaria.

Porque la Unión Europea tiene leyes específicas contra las ayudas directas de los estados a las empresas privadas en los casos en que esto suponga alterar la competencia al darles una situación de ventaja respecto a las demás.

Tuvo sus dudas, y por eso encargaron varios informes (uno de ellos tuvo resultado negativo) y uno desde el CEP (la Coordinadora de Empresas Públicas), que se pidió al despacho de abogados de Gómez-Acebo y Pombo, el que se encargó inicialmente del expediente del Racing.

Ese informe es la prueba que ciertos sectores confiaban en que sirviera para demostrar que en el proceso del Racing se actuó con evaluaciones previas que avalaran los pasos seguidos.

NI DEFINITIVO NI CONCLUYENTE

El Ministerio Fiscal solicitó que se autentificara ese documento, ya que carecía de fecha o de firma alguna.

De hecho, es sólo una comunicación privada entre el abogado y el cliente, como reza en cada página del propio documento.

Es más: desde el propio despacho de abogados de Gómez-Acebo y Pombo se admitió ya, durante sus declaraciones en este proceso judicial, que no se trataba de un informe ni definitivo ni vinculante.

Y que ni siquiera tenía relación con la operación de compraventa en Zurich, la que supuso el paso de la propiedad de Montalvo al indio Ali Syed, en una operación con la participación de la empresa pública del Gobierno de Cantabria Cantur.

El informe no es tal: es una comunicación privada entre abogado y cliente

Uno de los socios del despacho explicó en su momento que ese informe no llegó a ser definitivo porque para que así fuera era necesario realizar un “análisis exhaustivo” de la situación de los deudores.

Información de la que no disponían, por lo que ese informe no se elevó a definitivo, no se consideró concluyente.

De esa operación sólo consta documentalmente y con fecha cuando se emitió y pagó la factura, por un importe de 21.000 euros. Se emitió en enero de 2011, de forma prácticamente paralela a la operación de Zurich.

Y fue así porque no estaba “vinculado” a ella, como explicó en su día uno de los socios del despacho.

Porque, en concreto, se trata de unos análisis internos, realizados por los expertos en derecho comunitario de Gómez-Acebo y Pombo.

El fondo de la tesis de ese documento incide en que  no se considera ayuda pública si el comportamiento hubiera sido similar al que se hubiera mantenido en una empresa privada.

Y, en este caso, en lo relacionado con el cobro de deudas, hay acreedores que no reclaman el pago de sus deudas si eso acaba suponiendo la desaparición de la empresa, criterio que Gómez-Acebo y Pombo extiende a la renuncia de Cantur a cobrar 1,4 millones de euros de la deuda que mantenía Dumviro.

Esa información ya le fue transmitida al Ministerio Fiscal en julio del año pasado, en respuestas a preguntas suyas, motivo por el cual la jueza ha rechazado que sea necesario autentificar el informe en busca de fecha y firma.

UN BORRADOR CON COMENTARIOS

Eso es en lo que respecta al informe sobre las ayudas europeas, pero también se envió a la jueza otro texto del propio ICAF, emitido este en enero de 2011, justo en las fechas en las que se estaba culminando la operación de compraventa.

Este documento es de carácter interno, un borrador sin finalizar del que no se ha remitido la versión final.

De hecho, en lo que se ha enviado se aprecian comentarios y apreciaciones por parte del encargado de su revisión.

Encargado que, por cierto, se revela como alguien muy pendiente de los eufemismos, que se esfuerza en suprimir expresiones que puedan tener connotaciones negativas, como que el estudio fuera para abordar las “consecuencias económicas” de la operación para Cantur, un “de nuevo” cuando se habla de que volvería a necesita fondos para garantizar su equilibrio patrimonial, o una sustitución en todo un apartado del título de “Riesgo de crédito para Cantur” por un “Grado de solvencia de Dumviro” – la empresa de Montalvo que se hizo propietaria del Racing-.

O, directamente, relaciones de hechos que no convienen – tachadas en el documento-, como el estado de deudas del Racing y su accionariado antes de la entrada de Cantur y los pasos dados desde el Ejecutivo; o que el incumplimiento del pago de deudas con la propia administración (ejemplo, con Hacienda) “pone en peligro la justificación de la subvención concedida” (cuando una empresa pide una subvención se le exige no tener deudas con la administración); o la descripción de la operación de venta de las empresas de Montalvo a las empresas de Ali Syed con el ‘indulto’ del Gobierno de parte del préstamo que le había concedido.

El otro documento es un borrador, con tachones, observaciones y preguntas

También se solicita información en varios momentos. “Por favor, confirmen que esto es así”; o “Por favor, faciliten más información sobre este préstamo” son expresiones literales en el documento, en el que incluso se dejan huecos para que se rellene la información de carácter económico y en el que hay correcciones a las cifras aportadas inicialmente.

Entre las preguntas que se hacen se encuentra si el ERE en una de las sociedades ligada a los Montalvo (Silver Eagle) perjudicó el grado de solvencia (incrementó el riesgo de cobrar el crédito de dinero público) de la empresa de la que dependía la propiedad del Racing e incluso se preguntan cuestiones de calado como si el grupo se encontraba en concurso de acreedores.