No ha sido la declaración que más polémica ha levantado esta semana, pero en Cantabria no han dejado de causar malestar las palabras de Iñigo de la Serna en la Sexta Noche el pasado sábado.

“Ninguno de los desahucios que se haya producido en Santander se ha producido gracias entre otras cosas a la intercesión del Ayuntamiento”, aseguró el alcalde santanderino en el programa de televisión.

Pese al ‘apagón’ estadístico que sufren desde hace tres años los datos de los desahucios por ciudades, El Faradio ya ha publicado un articulo basándose en los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en los que se habla de comunidades.

Según estos datos, en el primer trimestre de 2015, 240 familias fueron desahuciadas en toda Cantabria, por lo que resulta raro que ninguna de ellas sea de Santander, la ciudad que acoge un tercio de la población de toda la región.

La PAH de Santander ha querido responder al alcalde no con datos, que tampoco llegan a ellos, sino con casos reales. Entre todas las plataformas que hay en Cantabria (en Santander dos, más otra en Torrelavega y una más en Castro Urdiales) actualmente están colaborando entorno a 150 casos. “Y esos son los que acuden a grupos de apoyo, el número general es mucho más alto”, asegura Óscar Manteca, miembro de la PAH.

 CASOS CONCRETOS EN SANTANDER

Para rebatir las palabra de de la Serna, la PAH ha convocado este miércoles a los medios de comunicación frente al Ayuntamiento para relatar algunos de los ejemplos que el alcalde pasó por alto en su declaración.

«El problema de acceso a la vivienda hipotecaria es muy complejo», ha manifestado María Antonia Luengo, representante de la PAH en Santander. “Si en Santander no hay desahucios y el Ayuntamiento resuelve esta situación, ¿por qué existe la PAH?”, se ha preguntado.

La PAH ha expresado su deseo de reunirse con el Ayuntamiento para poder hablar de un tema que afecta a «personas y familias a las que obligan a enfrentarse a bancos y administraciones para lograr que no sean expulsadas de sus casas»..

La PAH de Santander se ha concentrado hoy frente al Ayuntamiento de Santander para rebatir las afirmaciones de Iñigo de la Serna.

Es el caso de Michel González, cuya ejecución ya está realizada y solo le resta “estar en casa esperando, hasta que vengan y me echen definitivamente”. El caso de Michel es el mismo que el de miles de personas: lleva dos años tratando de negociar, está prácticamente sin ingresos y con una deuda de por vida.

“No me dejan empezar una nueva vida”, se lamenta. “No puedes tener una simple cuenta en el banco porque te lo embargan”.

Por su cuenta, Jesús Fernández cuenta que se compró un piso hace 10 años, cuando disponía de un buen sueldo. Tras quedarse en paro, hace dos, trató de llegar a acuerdos con el banco, la Unión de Créditos Inmobiliarios del Banco Santander, para conseguir reducir las cuotas. Pero los intereses siguieron subiendo y él dejó de recibir la ayuda por desempleo.

De hecho, en estos momentos no cuenta con ningún tipo de ingreso, ni por desempleo ni ninguna ayuda social. “No tengo dinero ni para comer, le estoy pidiendo ayuda a mis padres para poder pagar el agua y poder vivir”, cuenta. Su vivienda ya está completamente embargada por una deuda de 2.000 euros con la Comunidad de Propietarios.

Pese a su desesperada situación, el banco le ha denegado la dación en pago, la cual le ayudaría a “poder empezar a vivir y tener una vida de una persona normal y corriente, que no pido más”.

Algo más complejo es el caso de Elsa Domínguez, quien ocho años después de comprarse el piso se quedó en paro y tiró del seguro que tenía contratado en el banco, y que le cubría un año de hipoteca.

Fiándose de esto, dejó de pagar durante esos meses y a loso seis meses se encontró con la deuda sin pagar junto a todos los intereses. Al encontrar otro trabajo tuvo que pedir un adelanto a sus jefes para hacer frente a los pagos, pero esta bola solo se hizo mayor y mayor a medida que aportaba pequeños pagos.

La explicación a esta situación fue que el banco, en este caso el Banco Sabadell, nunca envió la documentación al seguro correspondiente, pese a la institución asegura que sí. “Pero la ley solo me culpa a mí y a mi aval, al que por cierto también arrastro sin tener culpa de nada, y que por circunstancias de la vida su situación también ha cambiado”, cuenta.

Aún así, Elsa asegura que su situación no es la más desesperada. Su deuda es asumible (60.000 euros), y tras unirse a la PAH ha conseguido que le ofrezcan el Código de Buenas Prácticas, que le permita bajar la letra a los 150 euros mensuales (ahora mismo ella cobra 400 euros de renta básica). “Si no fuera porque existe una PAH, a mí el Ayuntamiento no me daba ninguna solución”, asegura indignada con las declaraciones del alcalde de su ciudad.

Finalmente ha relatado su caso Lucy Gutiérrez, una mujer con dos hijos discapacitados, que perdió la casa en la que se crió al fallarle a su marido el negocio. Ha unido su caso al de su hija, actualmente embarazada, que «está viviendo de ocupa en su propio piso» tras ser desahuaciada hace dos años. «Lo estamos pasando muy mal, el que no lo vive no sabe lo que es esto».

Lucy ha querido recordar el caso de Amparo, que no fue desahuciada sino expropiada, pero cuya experiencia marcó a todos los miembros de la PAH. «Eso se nos ha quedado grabado porque es una persona que se murió de pena», ha manifestado asegurando que «vayamos a donde vayamos» llevaremos a Amparo con nosotros. Marco, el nieto de Amparo, se ha acercado también a la Plaza del Ayuntamiento para apoyar al colectivo que tanto luchó junto a él y su abuela.