La consejera de Presidencia y Justicia en funciones, Leticia Díaz, sumará a su próxima retribución salarial, cuando deje el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego, la recuperación de un complemento económico vitalicio por haber sido miembro del Gobierno de Cantabria.

Es lo que dentro de la administración se conoce como Nivel 33 o “súper 33”, la aplicación de una norma que permite a los funcionarios que hayan pasado por los gobiernos percibir un complemento salarial específico y vitalicio que se sitúa en torno a los 230 euros, según fuentes de la Administración consultadas por EL FARADIO.

Es el caso de Díaz, que es letrada del Gobierno de Cantabria, que ha sido consejera (al frente de la misma consejería de la que depende el cuerpo jurídico de los letrados) y que es noticia esta semana por reclamar (posibilidad reconocida por la Ley) al Ejecutivo la diferencia salarial entre lo que percibía en su anterior puesto y su cargo como consejera, con una retribución menor.

Lo cierto es que Leticia Díaz ya tenía derecho a este complemento desde antes, pues no es la primera vez que forma parte de un Gobierno de Cantabria. Hace años, fue secretaria general de la Consejería de Sanidad, y al acabar con esa responsabilidad sumó el Nivel 33. Durante su etapa como consejera lo ‘perdió’ y ahora que deja de ser consejera lo recupera.

LA RECLAMACIÓN

Esta semana se conocía que tanto Díaz como Serna, titular de Educación, y el director general de Justicia, Ángel Santiago, reclamaban al Gobierno de Cantabria la diferencia entre su sueldo anterior y el sueldo, menor, que han percibido mientras han formado parte de la administración autonómica.

Díaz presentando un servicio de bicis para empleados públicos

En total, según detallaba El Diario Montañés, la cifra de los tres altos cargos ascendía a 114.000 euros. Y en concreto, la parte que reclama Leticia Díaz suponen 4.000 euros, la menor de esas reclamaciones.

Serna y Santiago ya han anunciado que renuncian a esa reclamación, que por otra parte es una posibilidad totalmente legal al haberse incluido un artículo que lo permitía en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos del año 2000.
El artículo abría esta posibilidad de compensaciones económicas a miembros del Gobierno que fueran funcionarios en su anterior destino, caso de Serna (en la Universidad de Cantabria), Santiago (fiscal) y Díaz.

Esta última, letrada del Gobierno de Cantabria, es la única de los tres que no ha renunciado a reclamar la diferencia entre lo que cobraba cuando era letrada y lo que ha cobrado como consejera.

EL NIVEL 33

Otro de los privilegios de los funcionarios públicos cuando acceden a cargos de responsabilidad en la Administración es el conocido como Nivel 33.

Se trata de una práctica, denunciada por UPYD, que consiste en la asignación de un complemento salarial específico y vitalicio, de por vida, a los funcionarios que hayan sido durante al menos dos años directores generales o consejeros, y que cobran cuando abandonen este cargo.

Leticia Díaz, consejera de Presidencia y Justicia

Es la situación de Leticia Díaz, letrada del Gobierno de Cantabria, es decir, abogada de la Administración, un cuerpo que se adscribe precisamente al departamento de Presidencia que ha encabezado esta legislatura.

De modo que a la posibilidad de cobrar esa compensación económica a la que Díaz no ha renunciado, la consejera sumará en cuanto abandone el cargo y vuelva a su plaza el complemento del Nivel 33, de por vida.

El Nivel 33 se conoce así como asociación con la denominación de niveles en el personal de la Administración. El máximo es el 30.

Los presupuestos estatales del año 1990 incluyeron (precisamente) en su artículo 33 la creación de este complemento, concebido como un complemento de destino para los funcionarios de la Administración central que cambiaban de puesto hacia cargos políticos; y que en el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 fue ampliando los supuestos hasta contemplar más posibilidades.

Desde UPYD, como recordaba ayer en Buenas Tardes Cantabria el candidato en Santander, Íñigo Velasco, se ha denunciado esta práctica tanto por su coste como por el privilegio que supone, además de por la posibilidad de “comprar voluntades” entre el mundo funcionarial y sus representantes sindicales que tienen con ella los partidos políticos.

AJUSTES DE PERSONAL

Durante su gestión en el Gobierno de Cantabria, y como responsable del departamento del que depende el personal público que trabaja en la Administración, Díaz ha impulsado medidas de reorganización y ajuste para los funcionarios.

Asimismo, de ella dependió el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la empresa pública de las emergencias, que inicialmente planteó despedidos en los bomberos, a quienes reclamó que se bajaran el sueldo para evitarlos, como finalmente sucedió.

Díaz defendió públicamente todas esas medidas aludiendo a la “responsabilidad” y también a los “sacrificios” que requería la crisis y que, añadía, empezaban por el propio Gobierno de Cantabria, que dentro del paquete de medidas anticrisis vio reducir tanto sus dimensiones como los salarios de sus miembros.