El Centro de Emprendedores de Torrelavega ya suma a sus costes para las arcas públicas casi 4 millones de euros, por encima de los otros 2,6 en que se adjudicó y del más de un millón de euros en subvenciones europeas que peligra por el retraso en los plazos de ejecución.

De momento, la empresa promotora de suelo Terrenos Adarzo cobrará 3,9 millones de euros del Ayuntamiento de Torrelavega por los terrenos en la zona sobre los que se asienta el Centro de Emprendedores, cuyas obras, por cierto, acaban de reiniciarse, y que fueron comprados por 900.000 euros.

Así lo acaba de fijar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Torrelavega, en una sentencia (recurrible) que responde a la demanda presentada por la empresa por ei incumplimiento del convenio.

LA CLÁUSULA A MEDIDA DEL BENEFICIARIO

Esos terrenos se obtuvieron mediante una especie de intercambio: el constructor se los cedía al Ayuntamiento, y este se los compensaba con aprovechamientos en otra zona, en un acuerdo que en principio no implicaba desembolso económico.

Y eso que ambas partes se cuidaron de que la parte privada de ese acuerdo pudiera ser indemnizada si había algún problema: firmaron un convenio que contemplaba una indemnización a Terrenos Adarzo si había retrasos en el Plan General.

Más aún, en ese convenio, firmado en tiempos del regionalista Javier López Marcano como alcalde, se introdujo una modificación extra, que implicaba que la reclamación de indemnización para la empresa podía hacerse también “por cualquier otra causa”.

Obras del Centro de Emprendedores de Torrelavega

Una fórmula que se introdujo en el convenio por indicación de la propia empresa, como se ha comprobado en la investigación judicial. Es decir, la empresa sugirió a la institución una cláusula que le beneficiaba económicamente, y la institución aceptó esa propuesta.

Una precaución extra que se ha revelado innecesaria, porque a la hora de la verdad para darle la razón a la empresa no ha hecho falta recurrir a esa cláusula. Bastaba con la propia Ley del Suelo de Cantabria.

La empresa reclamaba dinero al Ayuntamiento ante la imposibilidad de hacer posibles los aprovechamientos (los intercambios de terrenos), que achacaba a la modificación del Plan General o al Plan Parcial de la zona.

Pero Terrenos Adarzo no ha conseguido acreditar de qué forma le perjudicó eso, y además avanzó que renunciaba a usar la fórmula de “por cualquier otra causa” (la introducida a sugerencia de ellos mismos), por lo que esa cláusula del convenio no se les aplica.

De todos modos ese gesto de renuncia, comunicado en el juicio, a aplicar esa cláusula, no suponía automáticamente que no hubiera indemnización, ya que la Ley del Suelo determina como deben hacerse las indemnizaciones. Es decir, su renuncia a la aplicación de la cláusula no ha supuesto, como prueba la sentencia, que renunciara a una indemnización que regula la ley.

EL DAÑO

Sin embargo, sí que se ha logrado acreditar otro daño: a pesar de que se reconocían las permutas, y se tenía esos terrenos, el Ayuntamiento no dio en once años los pasos necesarios para adjudicarle a la empresa la zona pactada, de modo que no los pudo desarrollar.

Y esa parte concreta, la de poder materializar la posesión de los terrenos, sí que depende del convenio que firmaron Terrenos Adarzo y el Ayuntamiento.

El Consistorio alegaba que lo pactado no pudo cumplirse por problemas con otros propietarios de la zona. Y el juez le responde que, en cualquier caso, sigue siendo responsabilidad del Ayuntamiento, y que se comprometió a ello por escrito en el convenio.

Con todo, la Justicia no le da la razón del todo, porque Terrenos Adarzo reclamaba una indemnización mayor, con intereses, y el juez no lo ha aceptado. La cifra fue marcada en el convenio: 3,9 millones de euros.

EL CENTRO DE EMPRENDEDORES

El Centro de Emprendedores ha sido cuestionado por su alto coste, y eso que se rebajó (vía baja temeraria) respecto al precio en que se sacó a licitación: pasó de los 4 millones en que se licitó a los 2,6 en que se adjudicó.

La mitad de ese dinero, es decir, 1,3 millones de euros, vendría de fondos europeos, algo (la posible pérdida del dinero) que siempre se ha esgrimido como motivo para no renunciar a ese proyecto.

Peor hay otro factor que puede condicionar que no llegue el dinero, y son los plazos. La obra tiene que estar acabada en 2015, y lo cierto es que ha experimentado retrasos, debido a la aparición de amianto, material contaminante, en la zona, lo que ha llevado a que estuviera parada durante meses y a que se realizaran modificados en el presupuesto para solucionar este problema, así que esa subvención podría perderse.