Estos días está surgiendo otra ‘plataformitis’. Sí, después de las elecciones. Por lo visto Iñigo de la Serna no acertó tanto sobre lo objetivos de los movimientos ciudadanos, que aseguró que eran puramente electorales.

Quizá es porque el problema que todas comparten no son las elecciones, sino que lo es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander.

Un plan que se basa en la extensión del urbanismo, en más ladrillo, y en un aumento de población. Un aumento que llevaría a Santander a contar con un población máxima de 261.000 habitantes, allá por el año 2024. Una previsión que ARCA considera irracional, y por la que recurrió el PGOU en septiembre de 2012, después de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) lo aprobara.

El pasado mes de junio la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) rechazó este recurso al considerar que esta previsión no era «arbitaria ni irracional». Algo que no tuvo en cuenta que durante los últimos años Santander ha ido perdiendo población paulatinamente, hasta el punto de alcanzar los 176.000 habitantes actuales.

EL PILÓN, UNA SEGUNDA FASE DE PRADO SAN ROQUE

Apenas a cien metros de Prado San Roque y las movilizaciones que aún continúan para conservar sus casas (han presentado un Plan alternativo para la zona del que aún no han tenido respuesta), se encuentra el barrio del Pilón, en General Dávila.

Allí, alrededor de 40 vecinos recibieron hace un par de meses una carta de una promotora inmobiliaria, Costa Verde Habitat, que les informaba de que se había hecho con el 60% de los terrenos de la zona, y que según los requisitos del PGOU podía iniciar el desarrollo del Área Específica AE- 3 (B).

Esquema del Área Específica AE 3 (B).

Este área, dentro del PGOU, contempla textualmente, la «sustitución de la edificación y trama existente por una nueva más acorde con las colindantes y con los caracteres de la ciudad actual».

En consecuencia, y dentro de la legalidad vigente, la empresa inmobiliaria ha puesto en marcha la creación de una Junta de Compensación. Con esta Junta, los propietarios se presentarán como dueños de parcelas de diferentes tamaños (lo que equivale a cada terreno, y sin importar si está edificado o no, o por cuántos esté habitado), y se les pagará el ‘justiprecio’.

El ‘justiprecio’, para entender mejor, es también lo que en su momento el Ayuntamiento le ofreció a Amparo, es decir, 79.000 euros por una vivienda de 90 metros cuadrados y un terreno de más de 300 metros cuadrados, o una vivienda de Protección Oficial por la que la anciana debería pagar además la diferencia de 12.000 euros.

El recuerdo de esta anciana fallecida ha pasado por la mente de varios de estos vecinos, cuando se les ha informaba que, según plantea el PGOU, si no entran voluntariamente en la Junta de Compensación, la empresa puede pedir al Ayuntamiento que les expropie en vistas del interés general. Un interés que se volvería a usar en este caso, pues la empresa privada prevé la construcción de un vial para así compensar la explotación de los terrenos.

En concreto se plantea la construcción de 140 viviendas, de hasta 8 alturas, cuya iniciativa es puramente privada. Esta es la mayor diferencia que tienen con sus vecinos de Prado San Roque.

La participación en la Junta de Compensación implica, también, asumir una parte de los costes de la edificación, es decir, el derrumbe de las casas, que se restaría del dinero total que cobraría cada vecino.

LA OPOSICIÓN EN PLENO RECHAZA EL ACTUAL PGOU

En vista a su situación actual, los vecinos están comenzando a organizarse; y esta semana se creará la Plataforma de afectados, contando con la asesoría de otros movimientos sociales que se han visto en la misma situación en el pasado, como son la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) o la Plataforma de Ciudadanos y Vecinos de Santander (CIVES), que este lunes se han reunido con ellos.

A pocos metros tienen a sus vecinos de Prado San Roque, ya expertos en la materia, y un poco más abajo está la Asociación de Vecinos de Antonio de Cabezón y Francisco Giner, quienes no están amenazados por expropiaciones pero sí temen que les ocurra en un futuro por la degradación a la que se está sometiendo a la zona.

Todos ellos comparten un objetivo común: sobrevivir al PGOU, y cambiarlo para que funcione en favor de las personas y no de los intereses urbanísticos, tal y como denuncian que ocurre ahora. Un objetivo que, en primer momento, comparten todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santander.

Sin excepción, el PSOE, PRC, Izquierda Unida (IU), Ganemos Santander Sí Puede y Ciudadanos llevan en su programa electoral la modificación del PGOU. Y da la casualidad que los votos de todos ellos, por primera vez en muchos años, superan a los del partido en el gobierno (PP), por 14 votos contra 13. Si se unieran podrían lograr modificarlo.

Esta nueva ‘plataformitis’ se unirá a las ya creadas para luchar por ello, por conservar sus casas.