Un estudio técnico tendrá que determinar sl la línea de alta velocidad a Cantabria es rentable económica y socialmente, un reto que se antoja difícil, toda vez que ninguna de las que se han hecho hasta ahora lo ha sido, tal y como constató un estudio de FEDEA.

Miguel Ángel Revilla en su discurso de toma de posesión

La obligación de un estudio previo de retorno social y económico para las nuevas líneas de alta velocidad es un requisito que marca la nueva Ley Ferroviaria, que acaba de aprobar este martes el Congreso de los Diputados con los únicos votos del Partido Popular.

El texto, que ha pasado por la Comisión de Fomento y que queda pendiente sólo de su paso por el Senado, también marca obligaciones financieras a comunidades autónomas y ayuntamientos si estas líneas son declaradas como servicio público.

El tren de alta velocidad es una de las principales reivindicaciones de Miguel Ángel Revilla, que en su anterior etapa como presidente le llevó a enfrentarse a sus socios de Gobierno del PSOE, y que ya ha adelantado, desde el minuto uno, como principal caballo de batalla con el Gobierno central en su nueva etapa de regreso al Ejecutivo cántabro.

LA RENTABILIDAD

El texto legal habla de una planificación rigurosa en las infraestructuras ferroviarias, con planificación previa, y planes a cinco años al final de los cuales deberá tenerse una situación de equilibrio en sus cuentas.

Alta velocidad

Y de la necesidad de un informe previo que confirme el retorno de esta inversión, tanto en lo económico como en lo social, sin el cual no se autorizará ninguna nueva inversión.

Sin embargo, un estudio presentado recientemente por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, concluyó que ninguna de las líneas de alta velocidad construidas hasta la fechan han sido rentables económica y socialmente.

Aludían a factores como la escasez de demanda para la red ferroviaria española, la segunda mayor del mundo, sólo por detrás de China, en cuanto a kilómetros; y la mayor en proporción, en cuanto a kilómetros por millón de habitantes.

La ley atiende otros factores, como las normas de seguridad, o los cánones para la entrada de nuevos operadores privados y la liberalización en algunos servicios de mercancías, por lo que la oposición teme que lo que pretenda en realidad sea favorecer la privatización del sector.