«Las instituciones públicas tienen la obligación de responder». Son las declaraciones de Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, tras participar en un curso sobre el derecho frente a la corrupción en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

A preguntas de este diario sobre qué defensa le queda al ciudadano cuando las propias instituciones incumplen la ley o se niegan a dar información, Becerril ha insistido en que los ciudadanos tienen el derecho de saber «en qué se emplea su dinero, cómo se emplea y qué hacen sus representantes».

Por ello ha defendido la nueva Ley de Transparencia, que considera «un paso adelante en la senda de dar al ciudadano lo que le corresponde», aunque admite que en España todavía «necesitamos mucha escuela» para que las instituciones y ciudadanos aprender a usarla.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.

Pregunta obligada era la de la senda costera, que un año después continúa sin conocerse ni el alcance del proyecto, ni el estado del contrato ni el coste que esto supondrá para las arcas públicas tras rescindirse el acuerdo con la empresa Dragados, adjudicataria de la obra, a la que hay que indemnizar sin que se el Estado haya querido hasta la fecha confirmar la cifra..

La Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte de Santander ha remitido, recientemente, varias preguntas a las tres instituciones pertinentes en el caso, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y Demarcación de Costas.

Hasta el momento sólo ha respondido el primero, pasando las preguntas a las otras dos administraciones al considerar que «afectan al ámbito de sus competencias».

En el mes de mayo, el propio Defensor del Pueblo exigió a las instituciones más información sobre el caso, pero estas todavía no han publicado nada. Según asegura Becerril, el ‘modus operandi’ del Defensor del Pueblo implica pedir la información hasta en tres ocasiones.

«Tras un tercer requerimiento ignorado entendemos que es desobedecer al Defensor, y lo ponemos en conocimiento de la Fiscalía General Del estado», afirma Becerril, que añade que cuando se llega a esas circunstancias «se ponen todos nerviosos y contestan».

«SI NOS ENVÍAN ALGUNA QUEJA ACTUAMOS SEGURO»

Preguntada también por la indefensión que sienten algunos ciudadanos en cuestión de urbanismo, sobre todo aquellos que son ‘víctimas’ de los planes generales, como son los vecinos de Prado San Roque y, más recientemente, en el Pilón, Becerril ha afirmado que «si hay quejas nosotros las estudiamos y actuamos seguro», asegurando que su institución tiene muchos frentes abiertos en materia de urbanismo.

Becerril es consciente de la gran preocupación que tiene la población española en cuanto a corrupción «sería absurdo negarlo», pero insistido en que se están haciendo muchas cosas para que esta se rebaje.

En este aspecto defiende tajantamente la Ley de Transparencia y la labor del actual gobierno del Partido Popular, aunque confiesa que «no hay actuaciones mágicas». «Tendremos todos que acostumbrarnos a cumplir con esa ley», asegura, lo que supondrá también variar «los hábitos de todos». Para ello insiste en que los españoles «necesitamos mucha escuela, mucha formación».

Becerril se confiesa «muy partidaria» de la función pública para luchar contra esta lacra. Cree que la ayuda de «funcionarios muy preparados» es vital, reduciendo, a su vez, «lo más posible» el número de asesores, adjuntos, y personas contratadas directamente por las administraciones.

«Es importante que se muestren los contratos que se hacen, cuáles son las empresas que han concurrido, por cuánto se ha adjudicado, quién ha sido el ganador, el importe, anualidades correspondientes, etc…», insiste, y cree que de este modo se evitarán «acusaciones infundadas».