El Gobierno de Cantabria y las distintas Plataformas de la PAH en Cantabria (de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales) se han visto las caras por primera vez, a través del Consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón y el director general de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco.

En esta primera toma de contacto, la PAH ha trasladado a las autoridades sus prioridades, que son la creación de un Parque Público de Vivienda, una mayor potenciación a los órganos de Asuntos Sociales y mejorar en el tema de la mediación.

«Creemos que desde el Gobierno se puede facilitar un servicio de mediación que sea global, que encuadre todas las posibilidades y necesidades de la familia», ha manifestado Begoña Barrutia, abogada de la PAH de Castro Urdiales.

José María Mazón, Francisco Javier Gómez Blanco y representantes de la PAH de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

El Consejero, José María Mazón, ha recalcado que las oficinas de mediación existentes «no han resuelto casi nada», ya que han llevado a cabo labores de asesoramiento pero no una «política de mediación verdadera».

CREACIÓN DE UN PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Mazón ha adelantado que están estudiando una creación de un Parque Público de Viviendas con las que pertenecen al Gobierno y que ya se encuentran construidas, junto a otras «que nos podemos ir quedando», ya que ha recordado que el Gobierno puede ejercer el derecho de tanteo y retracto en determinadas transmisiones.

Como última medida, no descartan estudiar la posibilidad de crear una nueva promoción. Mazón reconoce que «no es momento» de plantear construcciones nuevas, aunque alguna «está en ciernes». Sin embargo, dado que pretenden que estas sean mixtas (para venta, para alquiler con opción a comprar y para alquiler social), para llevar a cabo esta opción se requiere elaborar una nueva normativa.

Una de las antiguas petición de la PAH es limitar los alquileres sociales al 30% de los ingresos de la unidad familiar. Mazón ha confirmado que el tema se ha tratado y que se estudiará, porque este porcentaje podría ser «modulable» dependiendo de los ingresos totales.

Y es que cada caso es un mundo diferente, y por ello el Consejero quiere elaborar una ley que otorgue «en determinadas actuaciones» competencia necesaria a los órganos de la administración «para actuar de urgencia».

ELABORACIÓN DE UNA LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Para determinar qué casos son los urgentes se necesitará un control exhaustivo sobre ellos, y por eso desde el Gobierno, a instancias de Podemos que lo solicitó en la firma del pacto de investidura, quiere elaborar una Ley de Emergencia Habitacional.

No se creará próximamente, pues Mazón ha insistido en que «lleva su tiempo», y recuerda que ellos acaban de llegar. «Nos estamos poniendo a trabajar en todo a la vez», ha asegurado, aunque destaca que eso no quiere decir que «la semana que viene estemos ya escribiendo» los artículos de la ley.

La idea es comenzar a tomar forma durante el verano para «estar a tope» en septiembre. De hecho, a la PAH le han dado el plazo hasta el tercer trimestre del año, que es cuando se desarrolla el proyecto de ley de presupuestos.

Cuando eso ocurra, retomarán la relación con las entidades bancarias, que consideran que hasta ahora ha estado «bastante abandonada», y establecerán contacto con la Dirección General de Justicia del Gobierno para tener un contacto con los órganos judiciales (sobre todo en referencia a al acceso a la justicia gratuita).

Al término de la reunión, los representantes de la PAH han declarado que este ha sido un «buen inicio de conversaciones», pero que esperan que no se trate de algo puntual, sino que se prolongue el tiempo.

Las últimas cifras otorgadas por el colectivo es que actualmente hay un 22% más de procedimientos judiciales que en 2015, y esperan que el establecer una buena relación con el Gobierno ayude a paliar estos dramas. Aun así, insisten en que quieren que «la solución no solo sea para los que están en las plataformas sino para todos los que estén en riesgo de exclusión».