«No queremos ayudas públicas, queremos precios dignos»
|| por MARÍA SAIZ ||
El presidente de la asociación ASAJA, Pedro Gómez, ha comunicado en la rueda de prensa que ha tenido lugar en la Cámara Agraria este viernes que los ganaderos de Cantabria se unirán al movimiento de la ‘Marcha Blanca’ para apoyar la iniciativa de presionar al Estado con el fin de conseguir que se implante un precio mínimo de la leche.
Concretamente tres asociaciones de ganaderos se unirán a la protesta: Asaja Cantabria, UPA Cantabria y Aigas.
Las marchas comenzarán el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas en cada punto de encuentro predeterminado, y desembocarán en Madrid el 4 de septiembre, donde se concentrarán frente al Ministerio de Agricultura.
La duración de cada marcha no será de más de tres horas diarias. Cuando los participantes lleguen a final de cada caminata, los medios de comunicación y las autoridades están allí para recibirlos y para entregar mil litros de leche gratis a los ciudadanos a modo de protesta.
Este movimiento reivindicativo nació en el seno de la comunidad autónoma de Castilla y León con la indignación de los ganaderos del sector lácteo por la desaparición de la cuota láctea y la entrada del mercado libre.
En Cantabria también habrá una serie de eventos complementarios al movimiento de la ´Marcha Blanca’. El primero tendrá lugar el próximo lunes, 24 de agosto.
En este acto los representantes de algunas organizaciones que luchan por los derechos e intereses de los ganaderos como ASAJA, UPA y AIGAS serán recibidos por el consejero de Medio Rural del Gobierno de Cantabria, Jesús Oria, para entregarle el decálogo de reivindicaciones de la ‘Marcha Blanca’.
Dos días después algunos ganaderos se reunirán en el Mercado de Ganados de Torrelavega para repartir folletos informativos a los ciudadanos y organizar el número de plazas que se ocuparán en los autobuses que llevarán a los que quieran participar en la marcha a Valladolid y a Madrid.
El sábado, 29 de agosto, algunos seguidores del movimiento se colocarán en un lugar publico de Santander que todavía está por decidir, para repartir mil litros de leche de forma gratuita a los santanderinos. Además se entregarán flyers con información sobre la situación actual del sector lácteo en la región y sobre su importancia.
Durante los siguientes días los representantes de las asociaciones que representan a los ganaderos irán al Parlamento de Cantabria a entregar el decálogo de reivindicaciones y se manifestarán ante el Ministerio de Agricultura con la esperanza de que los ministros respondan.
“LOS GANADEROS SOMOS EMPRESARIOS Y QUEREMOS RECIBIR BENEFICIOS POR NUESTRO TRABAJO”
En la actualidad, tanto en Cantabria como en el resto del país, el sector primario es uno de los que se ha visto más afectado por la crisis económica. La agricultura y la ganadería no permite la subsistencia de muchas familias y como consecuencia estas se ven obligadas a abandonar el campo y buscarse la vida en la ciudad.
Este es el caso de muchos de los ganaderos de vacas lecheras. «Empleamos todo nuestro tiempo en el cuidado del ganado» añadió uno de los presentes en la rueda de prensa. Además tienen que invertir el poco dinero que tienen en la renovación y en el mantenimiento de la maquinaria que necesitan para su labor.
A la hora de vender la leche estos reciben una cantidad muy por debajo de lo indicado por cada litro. Una cantidad con la cual es muy difícil seguir manteniendo estas explotaciones a flote.
«No queremos ayudas públicas, queremos precios dignos», esta es la idea principal que los ganaderos quieren transmitir tanto al Gobierno como al resto de la población, ya que recuerdos que «los ganaderos somos empresarios y queremos recibir beneficios por nuestro trabajo». Por ello, reclaman al Estado que es necesario que imponga un precio mínimo, como se ha hecho en Francia, que oscile entre los 0,34€ y 0,36€ el litro.
Además también denuncian que a los ganaderos españoles se les exige tener unos controles y una cierta calidad a la hora de poner en venta la leche cuando en el país están entrando miles de litros de otros países europeos como Francia y que además carecen de los requisitos necesarios para su venta.
Por ello, las asociaciones piden que «el Estado controle más la entrada de productos extranjeros» porque, además de perjudicar al sector agrario español, puede tener alguna repercusión en la salud de los ciudadanos.