Cantabria ya tiene una ley que regulará su desarrollo eólico y que no entrará en vigor hasta que lo haga el plan energético, es decir, a finales de año o comienzos del primero.

Tanto la ley como su acompasamiento en los plazos al plan responden al objetivo del Gobierno del Partido Popular de dotar al sector y sus proyectos de una seguridad jurídica que habían denunciado desde la oposición, y que tuvo como principal consecuencia la anulación en los tribunales del anterior concurso eólico, convocado y resuelto por PSOE y PRC.

La ley aprobada esta tarde en el Parlamento con el rechazo de socialistas y regionalistas recoge algunas de las peticiones del sector, como por ejemplo, la retirada del canon a la instalación de parques, que las empresas veían como una tasa que frenaba el desarrollo del sector.

Un relativo consenso con las empresas que no ha tenido reflejo en el plano político. La oposición socialista y regionalista veía como se rechazaban todas sus enmiendas y para ellos el resultado es que la ley “nace muerta” y no supondrá la creación de ningún parque en la legislatura.
El PP agitaba, en respuesta, el fantasma de las subvenciones a las renovables y de los “pelotazos” empresariales.

Entre las principales novedades se encuentra también la figura de la autorización ambiental previa y la selección competitiva (a cargo de un grupo de técnicos) de aquellos proyectos que se presenten para un mismo parque eólico.

Todo en una sesión en la que también se debatía sobre la reforma del canon de saneamiento, la supresión de órganos de participación (los Consejos de la Juventud y la Mujer, que han supuesto costes de 300.000 euros en indemnizaciones por despidos improcedentes), el futuro del medio rural o el nuevo sistema de financiación autonómica y una batería de preguntas relacionadas con subvenciones concedidas a empresas, a ayuntamientos y a las contrataciones.