Manifestantes en una concentración en defensa de Valdecilla

Me acuerdo del primer día que informamos sobre el contrato de Valdecilla. Marzo de 2013, en una emisora de cuyo nombre no quiero acordarme. Acababa de aprobarse la adjudicación del contrato de las basuras en Santander, por un importe de 160 millones de euros para los próximos 10 años. Algún colega lo bautizó como súpercontrato de las basuras. Y prendió.

Pocos días más tarde, la entonces consejera, Sáenz de Buruaga (PP), puso encima de la mesa el nuevo modelo de Valdecilla, so pretexto de la finalización de las obras. Dijo que en total costaría 660 millones de euros –luego fueron 100 más y a la larga serán más todavía-, a cambio de entregar la gestión de todos los servicios no sanitarios para los próximos 20 años.

Decidimos que lo llamaríamos megacontrato de Valdecilla. Investigamos un poco sobre el modelo de colaboración público privada y alcanzamos las primeras certezas: algunas claves sobre el nuevo modelo de Valdecilla.

Entre ellas, sobre la financiación de las obras, aprendimos que aunque salga más caro, porque el privado se financia más caro que la administración pública, el gasto plurianual no computa como déficit – en tiempos de control estricto de la estabilidad presupuestaria-. Todo esto lo tuvimos que averiguar, porque ningún informe económico del Gobierno avaló la decisión.

Algunos imputan la elección del modelo a una decisión personal de Ignacio Diego, el expresidente, en un momento en que no lograba el compromiso de Mariano Rajoy para financiar la finalización de las obras del Hospital Valdecilla – ahí sigue la cuestión en el debate del Presupuesto 2016-.

Y otra importante clave: la evidencia que tenemos de la puesta en práctica de este modelo (PFI, en inglés, Private Finance Investment), sobre todo en el Reino Unido pero también en España, revela un riesgo alto de rescate de la parte privada, así como costes más elevados de los previstos inicialmente para la parte pública.

Miles de cántabros ‘abrazaron’ simbólicamente el hospital || Foto: Archivo

Llegaron las movilizaciones sociales de rechazo, el abrazo a Valdecilla, y las reacciones del Gobierno del PP tratando a los ciudadanos como si fueran miembros de un partido de la oposición.

Y llegaron también las elecciones, con las obras finalizadas a tiempo como gran baza electoral del PP, con denuncias por visitas electoralistas e irregulares del candidato del PP, Ignacio Diego. También llegó la debacle electoral de los populares y el cambio de Gobierno.

Luego fue la toma de posesión del nuevo Gobierno. La Sanidad de nuevo para el PSOE, que había recurrido administrativamente (porque nunca lo denunció: era demasiado cara la fianza) la licitación del contrato. Y lo perdió. Pero en campaña dijo que revisaría el contrato. Y ya lo ha revisado. Lo hemos revisado todos. Y no parece que salga asequible rescindirlo.

Así que tenemos unos gestores públicos de Valdecilla, de nuestra Salud, obligados a gestionar un modelo que rechazan pero con el que hay que convivir. Y de repente nos vemos informando de que el Gobierno está obligado, por contrato, por el megacontrato, a mantener el equilibrio financiero de la empresa creada ad hoc por Ferrovial y SIEC, Smart Hospital Cantabria.

Y nos suena a lo mismo que el Puerto de Laredo, lo del equilibrio financiero de la empresa creada ad hoc para la construcción y concesión de nuestro aeropuerto de Castellón, Marina de Laredo. Y hasta la joint venture que involucra a una grande de la construcción en España (cambia FCC por Ferrovial) y una cántabra del sector (cambia ASCAN por SIEC).

Pero aquí no hablamos de 50 millones de euros de rescate. En Valdecilla son palabras mayores. No sólo por el dineral que supondría, sino porque es la salud de los cántabros lo que está en juego en esta nueva relación de todos con Ferrovial, que ahora tiene el poder de que el hospital funcione. También lo asistencial. También la bata blanca depende de que el socio privado cumpla.

Poder de Ferrovial. Poder de negociación. Porque ahora el Gobierno puede poner una sanción de 3 millones de euros, pero igual se lo piensa un poco cuando el buen funcionamiento de Valdecilla depende de esa misma empresa a la que hay que multar.

Tal vez por eso, el contrato plantea una opción tan dispar como imponer una multa de 20 euros por cada día en que se suspenda la actividad asistencial por un incumplimiento del socio privado. Eso está en el contrato. Un día sin asistencia sanitaria en Valdecilla puede tener un coste para el socio privado de hasta 3 millones de euros, pero también de sólo 20 euros.

Debía de confiar mucho el PP en Ferrovial, porque hay que confiar mucho en alguien para darle la llave de tu casa a cambio de una reforma. Pero no sólo eso: hay que confiar mucho en un desconocido para dejarle ocupar tu vivienda ya reformada, pagarle la manutención y dejarle cuidar de tu casa y de tus hijos. Confianza o desesperación por finalizar las obras antes de las elecciones. Ahora ya da igual.

Prácticamente descartado que el Gobierno PRC-PSOE resuelva unilateralmente el megacontrato, que tendría hoy un coste mínimo de 140 millones de euros, lo que nos queda por delante es un matrimonio de conveniencia. De 20 años. De este Gobierno y los próximos cuatro ejecutivos y de todos los cántabros con una de las más grandes empresas constructoras, volcada ahora hacia los servicios.

Un matrimonio de conveniencia que ha empezado a desarrollarse en Valdecilla, en el nuevo Hospital Universitario Marqués de Ferrovial.