Las constructoras ASCAN y FCC, concesionarias de la actividad en el Puerto de Laredo, ocultaron al Gobierno de Cantabria que les había encomendado la gestión de esta infraestructura importantes cambios que afectaban a su actividad.

En concreto, lo que ocultaron fue la salida de Caja Cantabria de la sociedad gestora, y también una modificación del contrato que les empujó al concurso de acreedores que llevó a la liquidación, un motivo que permite la anulación del acuerdo y la consiguiente indemnización económica (en torno a 50 millones de euros).

Así consta en documentación a la que ha tenido acceso EL FARADIO, que revela las difíciles y tensas relaciones que llegaron a tener el Gobierno de Cantabria del Partido Popular y estas dos empresas constructoras.

Unas malas previsiones, problemas de financiación y falta de ingresos, dentro de un escenario general de pinchazo de la burbuja, llevaron a que el Puerto de Laredo se convirtiera en nuestro Aeropuerto de Castellón, vacío y pendiente de un ‘rescate’ con dinero público.

ASCAN y FCC se encargaron, en la época del Gobierno de PSOE y PRC, de la construcción de esta infraestructura que nació con vocación de ser un puerto náutico de recreo referente en el norte de España.

LOS CAMBIOS QUE NO SE COMUNICARON

Parte de esta mala relación viene con dos sorpresas que se encontró el Gobierno del PP cuando empezó a meterse en los papeles de esta infraestructura.

Por un lado, no tenían constancia alguna de una cosa que sucedió en el año 2013: un cambio en el contenido del contrato de obra que suponía una alteración de la relación entre las empresas constructora y concesionaria (en realidad, en ambos casos eran las mismas combinaciones de empresas, ASCAN y FCC).

Puerto de Laredo.

Ese cambio tuvo una consecuencia: retrasó que la empresa concesionaria tuviera ingresos (de los que estaba necesitada porque no terminaba de vender atraques tras sucesivos retrasos de plazos y un aumento de los costes).

Y esto a su vez acabó llevándoles a presentar un concurso de acreedores (fórmula arbitrada para las empresas ahogadas por la acumulación de deudas) que acabó generando la liquidación.

Y resulta que la liquidación es un motivo previsto en el contrato del Puerto de Laredo para acabar con el acuerdo e indemnizar a la empresa.

Así lo acabó corroborando el Consejo de Estado, desechando los intentos del Gobierno de que fuera al revés y que fuera la empresa que indemnizara por una serie de incumplimientos que lo cierto es que no venían detallados en los papeles que firmaron.

El Ejecutivo tampoco tuvo constancia del contrato original, el de 2005, hasta que comenzó el concurso de acreedores y empezó a recibir documentación.

El otro asunto del que tardaron años en enterarse fue de la salida de Caja Cantabria de la mezcla de empresas que iban a gestionar el día a día del Puerto, Marina de Laredo, formada por ASCAN, FCC y Puntida, una empresa que era propiedad de Caja Cantabria.

Y que tal y como estaban definidas las relaciones, tenía encomendada la financiación de las operaciones de sus socios en relación con esta infraestructura, así como el adelanto de una importante cantidad que nunca llegó a consumarse.

Pero Puntida abandonó la sociedad, algo de lo que el Gobierno se enteró años después, en una salida que tiene mucho que ver con los problemas de financiación del proyecto.

LA VERSIÓN DE LAS EMPRESAS

Tanto ASCAN como FCC niegan esta versión del Gobierno del PP, en alegaciones, consultadas por EL FARADIO, en las que, de hecho, acusan a ese Ejecutivo de fabricar una persecución contra ellos a base de documentos oficiales.

Así, por un lado, dudan que el Ejecutivo no fuera informado del cambio en el contrato, incidiendo en que ellos ejecutaron trámites como el pago de tasas en los que quedaba de manifiesto esta situación.

Y por otro, rechazaron que el papel de la Caja fuera a ser el de financiarles operaciones, alegando que en el texto se ponía con la fórmula del condicional, como una posibilidad que no tenía por qué ser formalizada.