Donde dije digo, digo Diego. La pasada semana el Consejero de Obras manifestó su intención de llevar a cabo el rescate del Puerto de Laredo, sin necesidad de pasar por la vía judicial.

Ese mismo día, en una entrevista en el programa radiofónico de Buenas Tardes Cantabria el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desmentía a su consejero y manifestó que descarta “totalmente” el rescate a la empresa concesionaria, estimado en 50 millones de euros.

Según expuso, serán los tribunales los que decidan entre la postura de la Administración y la de la empresa. Pues esa opinión no la comparte su Consejero de Obras Públicas, que en la comisión celebrada este jueves con el objetivo de presentar sus objetivos de legislatura, ha vuelto a confirmar su intención de rescatar el puerto.

El Puerto de Laredo

«Creemos que hemos tomado la decisión acertada, siguiendo el informe del Consejo de Estado. Creemos que es lo prudente», ha insistido. Y es que, según Mazón, «no hay que tomar riesgos» porque «es muy probable que se pueda perder en un futuro, pero es que además la pérdida de esta puede llevar un coste importante en intereses de demora y posibles indemnizaciones si un tribunal considera que hemos actuado a mala fe».

El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, le ha recordado las declaraciones de Revilla en BTC y le ha instado a que «hable con su jefe en este asunto» y «se le haga caso al Presidente del Gobierno en este tema».

En cuanto a este tema, Mazón ha reiterado que los tribunales «solo pueden resolver conflictos pero en un expediente administrativo debe resolverlo la administración». «No puedo decir a los tribunales que me digan cuánto tengo que pagar, primero porque no saben calcularlo», ha manifestado, que ha pedido paciencia a los diputados en este tema. «Vamos a tratar de pagar lo mínimo y lo justo, lo que diga la ley», ha finalizado.

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON EL TSJC EN MATERIA DE DESAHUCIOS

En cuanto a vivienda, otro de los puntos importantes de su Consejería, Mazón ha anunciado que su equipo ya está elaborando el Plan de Emergencia Habitacional, una de las condiciones de Podemos para firmar el acuerdo de investidura que le permitió a Revilla ser presidente.

Mazón también ha confirmado que ya se ha reunido con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), una de las peticiones que le realizaron los miembros de la PAH durante la reunión que mantuvo con ellos el pasado mes de julio.

José María Mazón (izquierda) durante la comisión en el Parlamento de Cantabria.

Es la Dirección General de Justicia la que ha contactado con el TSJC para establecer unos protocolos de actuación y colaboración. El punto más novedoso de este protocolo es que la justicia se ponga en contacto con la Administración «en el momento en que haya algún caso de desahucio inminente, antes de dar la orden de desahucio».

Mazón también asegura que su departamento se han reunido con los representantes de las instituciones financieras para que paren los desahucios, y para que recurran como mediadores a la Oficina de Mediación de Cantabria, que se sacará en los próximos meses. Un punto que, en opinión del Consejero «hoy en día está bastante consolidado» porque cree que las entidades financieras «son bastante sensibles» con el tema.

En materia de vivienda, Mazón ha anunciado una serie de medidas, entre las que destacan la creación de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, la tramitación de la Ley de Emergencia Habitacional, que incluirá un Fondo de Emergencia Habitacional, y la creación de un Parque Público de Alquiler.

Este Parque Público se creará con viviendas de diferente procedencia: la que son propiedad del Gobierno de Cantabria y de sus empresas públicas; con acuerdos bases con las entidades financieras y la SAREB; además de la cesión temporal de viviendas protegidas vacías y la adquisición de viviendas de protección publica y promoción pública de viviendas en alquiler.

El Fondo de Emergencia Habitacional supondrá la creación y mantenimiento de un parque público de vivienda para alquiler social, destinado a familias riesgo de exclusión social, mediante la adquisición o celebración de cualquier negocio jurídico o convenio que permita al Gobierno disponer de un número suficiente de viviendas para destinarlas tal fin.

También habrá una concesión de ayudas extraordinarias para familias en situación de emergencia habitacional en Cantabria, y la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria, a nivel autonómico, que además de buscar soluciones a familias en riesgo de exclusión social espera ser un intermediario entre los bancos y las personas.

Los partidos de la oposición ha reaccionado positivamente a estas medidas, si bien el representante de Podemos, José Ramón Blanco, ha pedido «más velocidad» a la hora de echar adelante el proyecto del Parque de Vivienda porque «hay vidas en juego»; tras lo cual ha tenido unas palabras para el hombre que se quitó la vida esta semana en Santiago de Compostela, y ha recordado que ya hubo un caso de suicidio en Cantabria el año pasado.

El representante de Ciudadanos en la Comisión, Juan Ramón Carrancio, ha pedido al Consejero que «la administración utilizara los medios privados que ya existen al respecto», refiriéndose a la adhesión al Manual de Buenas Prácticas «de la mayoría de la banca», con el que ha asegurado «no se desahucia prácticamente a nadie». De este modo, según Carrancio, «podría ahorrar un costo enorme a la administración, y que nos salga gratis a los contribuyentes».

Blanco, con pasado activista en la PAH, ha invitado a que acudan a las reuniones de las PAH para que vean «todo el drama social que hay y cómo todos las leyes que hay no valen absolutamente de nada». Al mismo tiempo le ha pedido al Consejero «que no se fíe para nada» de los bancos «porque eso de sensibles para nada».

Mazón y su equipo reunidos con representantes de la PAH.

«No es que tenga una gran confianza en la banca, pero en las reuniones que hemos tenidos, todos o casi todos nos han manifestado que tienen un alquiler social y les hemos pedido el compromiso que lo apliquen y nos han dicho que lo van a hacer», ha sido la respuesta de Mazón, que asegura que en los últimos tiempos «no ha habido muchos desahucios estrictos».