El Partido Popular ya tiene su GFB: una fábrica con inversión pública frustrada, EREs, problemas económicos, mala gestión, una inminente Comisión de Investigación en el Parlamento de Cantabria y otra judicial en ciernes, pues el caso va camino de la Fiscalía.

Por parecerse, incluso hay una historia con la maquinaria, que tanto dio que hablar en la fábrica de fibroyeso.

Aunque en este caso hay un factor agravante: el dinero llegó a la empresa para reflotar a una firma, Ecomasa, que asumió a la plantilla de los despedidos de uno de los EREs que más sobrecogió a Cantabria (con permiso de Sniace), el de Teka.

Una plantilla que prácticamente pagó por su puesto de trabajo, destinando a la empresa de acogida el dinero de la indemnización por los despidos de la empresa de salida.

Y otro agravante más: si en GFB la gran duda fue qué sucedió con el dinero, aquí una auditoría encargada por el Gobierno PRC-PSOE documenta cómo se de svió a ayudar a otras empresas del grupo, en un entramado puesto en marcha por los gestores, Jesús Lavín y Andrés de León.

 DENUNCIAN ANTE LA FISCALÍA

El Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN, ya ha anunciado que presentará en las próximas horas una denuncia ante la Fiscalía para pedir la apertura de diligencias y la investigación del “quebranto patrimonial” de 21,2 millones de euros de dinero aportados al Grupo Ecomasa, 18 de dinero público y 3,2 de las indemnizaciones de despido de los 88 trabajadores de TEKA que pasaron a la fábrica de Maliaño.

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La portavoz del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, ha anunciado la decisión del Ejecutivo, que en su reunión de esta mañana ha analizado la auditoria encargada para esclarecer el destino de los 21,2 millones de euros.

“Sodercan está trabajando para la presentación de la correspondiente denuncia en base al Informe Pericial de Investigación Financiera, solicitando la apertura de diligencias y la investigación del quebranto patrimonial de 21,2 millones de euros de dinero público producido en torno a la  empresa Ecomasa-Néstor Martín y el entramado empresarial creado por Andrés de León y Jesús Lavín”, ha explicado la vicepresidenta.

“A pesar de la limitación en el acceso a la documentación, puesta de relieve en el informe emitido, de los hechos conocidos se desprende que son constitutivos de delito”, ha asegurado la portavoz.

Además, ha declarado que “la petición a la Fiscalía para poder investigar el complejo entramado de empresas, creado por los señores De León y Lavín en torno a Ecomasa-Néstor Martin, tiene por objeto determinar las responsabilidades de los gestores empresariales y políticos”.

 ENTRAMADO SOCIETARIO

Díaz Tezanos ha afirmado que el Gobierno también solicitará la puesta a disposición de Sodercan de toda la documentación que necesite sobre el entramado accionarial asociado a Ecomasa-Nestor Martin desde 2012 hasta la actualidad para completar el informe y conocer el destino de los 18 millones de euros que Sodercan y el ICAF aportó y los 3.289.719 euros procedentes de las supuestas indemnizaciones que debían percibir los trabajadores despedidos de TEKA y recolocados en Néstor Martin.

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El informe contiene, además, un estudio de mercado del sector de la empresa Néstor Martin (estufas de pellets) tanto en España como en los principales mercados objetivos de la compañía en Europa y Latinoamérica que “de haber sido analizado por el ICAF y Sodercan habrían hecho inviable el apoyo económico otorgado por el Gobierno”, ha precisado Díaz Tezanos.

“Con el entramado societario del Grupo Ecomasa se pierde la esencia de la actividad, puesto que se prioriza la financiación de otras empresas del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto, que consistía en crear una planta productiva en Cantabria, que generara empleo local e impulsar a la actividad económica de la región”, ha asegurado la vicepresidenta.

“Estamos, por tanto, ante una operación empresarial, apoyada por el Gobierno de Cantabria, claramente fallida con unas pérdidas para las arcas públicas de 18 millones de euros”, ha asegurado la vicepresidenta, quien ha reclamado responsabilidades políticas “por las decisiones tomadas y por cómo se adoptaron”.

“Creo que todos los ciudadanos esperan las explicaciones de quien se presentó como principal valedor e impulsor del proyecto, el presidente de Cantabria en aquel momento, el señor Ignacio Diego”, ha afirmado.

EL INFORME

Según ha explicado Díaz Tezanos, el informe refleja que, entre los años 2012 y 2015, Sodercan y el ICAF financiaron con 18 millones de euros a Néstor Martin y a las diferentes sociedades vinculadas al entramado empresarial creado por Andrés de León y Jesús Lavin. La financiación se realizó en aportaciones al patrimonio, la concesión de préstamos, créditos y avales.

Además, la auditoria pone de manifiesto, viendo la operativa de la compañía desde su constitución hasta el 30 de junio de 2015, que Ecomasa-Néstor Martín ha obtenido un EBITDA (indicador que mide la capacidad de la empresa para generar beneficios considerando únicamente su actividad productiva) negativo de 6,9 millones de euros, “que han supuesto la descapitalización progresiva de la sociedad”.

La portavoz del Ejecutivo cántabro ha explicado que el informe también evidencia que el Grupo Ecomasa ha registrado salidas netas de efectivo hacia otras empresas del Grupo, vinculadas a Andrés de León y Jesús Lavín, por importe de 11,08 millones de euros desde su constitución hasta la actualidad, y que “el Grupo Ecomasa está financiando a otras empresas vinculadas al señor de León y Lavín en un importe equivalente a 1,16 millones de euros desde 2013, importes no recuperados hasta la fecha”, según ha precisado.

Por otra parte, la auditoría concluye que la maquinaria de Ecomasa se compró a MAHENOR (propiedad de Jesús Lavín) por importe total de 2.461.574 euros, que ha supuesto salidas de efectivo del Grupo en los ejercicios 2012 y 2013, y que el Grupo Ecomasa realizó en el año 2012 una inversión por importe de 3,5 millones de euros en la compra del Grupo Wanders, “basándose en informes financieros incompletos”.

“El Grupo Wanders, a quien se confiaba la exclusiva de la comercialización de la producción de estufas de la fábrica de Maliaño,  se encuentra en liquidación, dadas las pérdidas de los ejercicios 2012 y 2013”, ha revelado la portavoz del Gobierno.

Además, la vicepresidenta ha explicado que los peritos, que han realizado la auditoria, han mostrado sus reservas ante las salidas de fondos del Grupo, por importe de 3,9 millones de euros, para préstamos a empresas vinculadas a Andrés de León y Jesús Lavín.