Es una de las principales señas de identidad del Gobierno de Cantabria, se corresponde con las demandas más sociales de los últimos años en la calle y es uno de los elementos que el Partido Socialista vende como propio de su ADN.

Renta social básica, comedores escolares, desahucios, servicios sociales… La vicepresidenta del Gobierno y superconsejera de, entre otras áreas, política social, Eva Díaz Tezanos, secretaria general del PSOE, desgranaba en el Parlamento medidas en este área.

Lo hacía a preguntas de Podemos, en una de esas intervenciones que nunca se saben si son para que se luzcan en el Gobierno (el clásico “me alegra que me haga esa pregunta” o si en el fondo son trampa).

En respuesta, Díaz Tezanos les ofrecía novedades, como que ya se tiene un borrador del Plan de Emergencia Social, cuya versión definitiva se presentará en noviembre, que la Ley de Acompañamiento que va en el lote de los presupuestos derogará las restricciones a la renta social básica (entre otras cosas, esta ayuda mínima a personas en situación de emergencia no tendrá límite temporal y tendrá especial cuidado cuando afecte a familias con niños).

O que el 26 de octubre se constituirá el Consejo Asesor de Servicios Sociales, mientras se ha reconstruido la relación con los trabajadores sociales y se trabaja en una Ley de Emergencia Habitacional, para luchar contra los desahucios.

Más: antes de final de año se podrán usar los bonos alimentarios, y en las próximas vacaciones ya abrirán los comedores escolares.

La cosa pintaba bien, porque la vicepresidenta, que está llevando la comunicación mejor que sus predecesores socialistas, había arrojado la mezcla aceptable de novedades, realismo y ataques a un PP (a sus “cuatro años de retrocesos”).

Pero la respuesta de Verónica Ordóñez no fue la prevista: la parlamentaria no dio la respuesta por válida, porque vio las fechas marcadas “tan cerca de la campaña electoral”.

“Siento pensar mal, pero todos las medidas que nos ha dicho son para noviembre, espero que no sean vendidas en medio de la campaña electoral, me preocupa terriblemente”, advertía.

De fondo, lo que sucede es que el discurso social fue una de las señas de identidad de Podemos en su época callejera, y también, según iba avanzando la legislatura, de un PSOE que además tiene la peligrosa (electoralmente hablando) capacidad de llevarlo a la práctica desde la institución y desactivar este discurso.

En la sesión, los morados también tratan de marcarle el paso, de una forma menos agresiva, a los regionalistas, con preguntas o interpelaciones sobre un mundo rural que “está en las últimas” o las aperturas dominicales del comercio, en una intervención en la que descubrimos que el polígono de Raos es un punto de atracción turística.

Siguen las combinaciones curiosas en las votaciones: hoy Ciudadanos votaba junto a PSOE y PRC una propuesta sobre estudios para mejorar la conexión ferroviaria con Bilbao, apoyada por el PP y…Podemos.

Mientras que, en otro punto, los de Pablo Iglesias reprochaban a los ‘populares’ que hicieran sangre con la puerta giratoria “inversa” (bautizada así por Revilla que, os recordamos, es el inventor del término puerta giratoria) de Bocanegra, el ingeniero que llegó del (frustrado) Puerto de Laredo a la empresa pública de suelo industrial.

Ahí el PP se quedó sólo, si bien por motivos distintos: Ciudadanos estaba más en la línea de PSOE y PRC de defender la trayectoria personal de Bocanegra, mientras que Podemos, los primeros en llevar al Parlamento el tema, de forma muy crítica, les acusaban de no aportar nada nuevo a la historia.

Por haber, hubo hasta unanimidad, algo que no está siendo inusual esta legislatura: en este caso se aprobó elevar el techo de deuda de Cantabria para atender el gasto a proveedores encontrado por el actual Gobierno (facturas en el cajón, por decirlo de otra forma, que no acabarán ni aunque se acabe con los cajones porque las Administraciones públicas han encontrado en los impagos una buena forma de financiarse).