El Defensor del Pueblo, organismo estatal creado para canalizar quejas y peticiones de información de ciudadanos afectados por decisiones de instituciones, ha pedido a las administraciones lo que parece una obviedad: que respeten la ley con el nuevo proyecto de la senda costera entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar.

Trabajos excesivos que provocaron la alarma en la senda costera

Pero es que tras meses de consultas a los organismos implicados (el Estado, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander), el Defensor del Pueblo ha podido constatar que esto no se hizo.

El principal incumplimiento fue la falta de una evaluación ambiental apropiada, una decisión del Estado que interpretó que no era necesario ese trámite pese a que para zonas de especial valor paisajístico sí que se requiere, por ley.

Y el cambio en las obras respecto a lo previsto fue por motivos de seguridad, un argumento al que el Defensor del Pueblo, en su informe final sobre la queja, al que ha tenido acceso EL FARADIO, se ve obligado a recordar que la seguridad y el respeto al medio ambiente son objetivos compatibles.

Ahí, el Defensor del Pueblo vuelve a pedir otra obviedad que no se cumplió: que el nuevo proyecto conjugue de forma “racional” los criterios de seguridad y de respeto al medio ambiente.

FINANCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Este organismo se suma así con este mensaje expreso a las reivindicaciones de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, que demanda además conocer el coste real del proyecto: la obra fue adjudicada, pero se canceló ante las quejas ciudadanos por el excesivo volumen de las obras.

Las obras en la senda costera, ya paradas

Esa cancelación requiere una indemnización a la adjudicataria, Dragados, que está siendo fruto de una negociación de la que, pese a las reiteradas consultas de ciudadanos y medios, sólo ha trascendido, la semana pasada, que no hay avances dado que la constructora ha rechazado la propuesta, tal y como informó el Ayuntamiento.

Los vecinos quieren conocer los aspectos económicos, así como el coste del nuevo proyecto y la diferencia respecto a lo que establecía el Plan de Sendas del Gobierno de Cantabria.

Tanto ellos como el Defensor del Pueblo coinciden en que el nuevo proyecto deberá contar con la opinión de todas las instituciones implicadas y ser revisado antes de lanzarse de nuevo a su ejecución.

Y, sobre todo, cumplir la nueva legislación ambiental que se ha ido aprobando desde que comenzó todo el proceso, hace más de diez años, y que no cumpliría.

También demandan más participación ciudadana, en línea con la legislación de la Unión Europea.

En el proceso, el Defensor del Pueblo se encontró con que no le facilitaron información sobre la declaración del proyecto como de interés general.