La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas –un documento que cada año acompaña a los presupuestos, las cuentas públicas, conocido popularmente como la Ley de Acompañamiento– incluye en este primer año de legislatura de PRC y PSOE  una modificación de la Ley de Puertos para reducir los canones a la empresa por la explotación de instalaciones, consecuencia de todo lo relacionado con el Puerto de Laredo.

En ese texto, consultado por EL FARADIO, están las medidas ya anunciadas públicamente, como las relativas a la situación de emergencia habitacional o el gran avance en materia de igualdad de derechos que supone que las parejas de mujeres homosexuales puedan someterse a reproducción asistida.

Pero también otras como la reducción en un 45% del canon de saneamiento para industrias en situaciones de dificultad (inevitable pensar en una Sniace con constantes problemas con el pago de otros canones similares) o una tasa de casi 25 euros por el trámite la certificación energética de edificios.

La Ley contempla la corrección de algunos de los factores más criticados de la Ley de Ajustes de Ignacio Diego (las medidas de recorte anunciadas al principio de la pasada legislatura), como la tasa por la revisión de la dependencia o las trabas a la renta social básica, si bien no incide en otros aspectos como los consejos asesores suprimidos entonces (CES, Mujer y Juventud).

Además, del texto de la ley, consultado por EL FARADIO, se desprende un rechazo del Gobierno de Cantabria a aplicar la redistribución de competencias en los municipios aprobada por el Ejecutivo central en lo relacionado con las competencias sanitarias.

EL GOBIERNO REBAJARÁ EL CANON A LAS CONCESIONARIAS DE SERVICIOS EN EL PUERTO DE LAREDO

El Puerto de Laredo, nuestro aeropuerto de Castellón, ha sido objeto de sucesivos rescates (empezado por el propio contrato, que abría la posibilidad a que las empresas concesionarias, ASCAN y FCC, fueran indemnizadas si llegaban a liquidación, como finalmente sucedió como consecuencia de su propia política de pagos, que forzó su endeudamiento, y, en consecuencia, el concurso de acreedores que resultó en liquidación). La consecuencia, una indemnización, aún por concretar su pago, cifrada en aproximadamente 50 millones de euros.

Puerto de Laredo

Ahora es diferente: una vez resuelto (finalizado) el contrato por la ausencia de la empresa, es el Gobierno de Cantabria el que va a asumir la gestión del Puerto, por lo que lo que se recoge en la Ley de Acompañamiento es, de algún modo, un auto-rescate de la propia Administración a sí misma.

Y a las empresas a las que les corresponda, ya que se advierte que Cantabria deberá gestionar no sólo los atraques, sino otras instalaciones vinculadas (por ejemplo, el aparcamiento), que requerirán una “gestión indirecta” (es decir, a través de empresas a las que se les encomiende o adjudique), en un Ejecutivo que debe rentabilizar la inversión hecha para sacar rendimiento a las instalaciones, finalizadas y listas para usarse.

Por tanto, harán falta nuevas concesiones (el trámite que autoriza el uso de este tipo de espacios que son dominio público).

De modo que la Ley de Acompañamiento incluye una modificación de la Ley de Puertos de Cantabria para “flexibilizar la determinación de la cuantía” legal para las concesiones.

Y se habla expresamente de, con el fin de “disminuir la incidencia” de los canones (la cantidad que se paga por ocupar estos espacios públicos) sobre “determinadas actividades” tanto en puertos estatales como en autonómicos, se habla de “rebajar” esta cifra.

Por cierto, que la gestión de estos espacios en todos los puertos fue posible gracias a un cambio en la Ley de Costas que permitió este tipo de servicios indirectos en dominio público.

CANTABRIA SE REBELA CONTRA LA LEY NUEVA LEY DE RÉGIMEN LOCAL

La Ley de Medidas incluye una muestra de rebeldía de la comunidad autónoma a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, un texto aprobado por el Gobierno central en el que se regulaban las competencias de municipios y otras entidades locales.

De ellos, muchos pasaban a manos de las comunidades autónomas, como, por ejemplo, las relacionadas con los servicios sociales.

En este caso concreto, se garantiza la asunción de esas competencias en materia de servicios sociales, promoción y reinserción social por parte de la comunidad autónoma.

Y se añade que este cambio se hace sin que eso suponga estar de acuerdo con la propia legislación, matizando que es algo que debía hacerse en función de la financiación autonómica y local, aún sin desarrollar.

Sin embargo, en la misma ley se establece la continuidad en el ejercicio de otras competencias,  en materia de sanidad, por las entidades locales seguirá como estaba, en manos de los ayuntamientos.

En ese caso, el cambio de gestión hacia las comunidades autónomas se subordina a un nuevo modelo de financiación autonómica y local que haría referencia expresa a esta situación.

En los dos casos se fía la asunción de las competencias al nuevo modelo de financiación autonómica, pero en el caso de los servicios sociales Cantabria regula ya su futura asunción mientras que en los servicios sociales las mantiene en manos de los ayuntamientos.

PSOE Y PRC ‘ENMIENDAN’ LA LEY DE AJUSTES DE DIEGO

Una de las primeras medidas de calado del Gobierno de Ignacio Diego fue el denominado Plan de Ajustes, una serie de acciones, aprobadas por Ley, conocida porque implantó el céntimo sanitario y redujo los diputados de 39 a 35, entre otros aspectos.

El nuevo Gobierno PSOE-PRC corrige a través de la Ley de Acompañamiento algunos de los aspectos que más criticaron entonces ambos partidos.

Se elimina la tasa a la revisión de valoraciones por dependencia

Como la tasa por la revisión de las valoraciones de dependencia: lo que se hizo fue introducir un pago cuando las personas que aspiraban a una valoración de su estado por parte de la administración (necesaria para determinar si recibían la ayuda por la dependencia) se encontraban con una respuesta negativa y pedían una segunda opinión, una segunda valoración, como si fuera un recurso.

Este segundo paso era el que se cobraba, en lo que se consideró como una tasa disuasoria en tiempos de ahorro económico en los que las valoraciones negativas se incrementaron.

Y también se corrigen los cambios que se introdujeron en la percepción de la renta social básica, una ayuda para situaciones de extrema necesidad y personas que no reciben otras prestaciones (por ejemplo, parados de larga duración).

A través de la Ley de Ajustes se modificó su tramitación (como la renovación, que dejó de ser automática), en lo que el colectivo Andarivel denunció que era una forma de poner obstáculos a la concesión de estas ayudas y que ahora vuelven a cambiar con esta Ley de Acompañamiento.

No obstante, queda para una futura ocasión el retorno de los consejos asesores (el CES, el Consejo de la Mujer y el de la Juventud), suprimidos en aquel paquete de medidas y para el que se estudian fórmulas para su recuperación a menos coste del que venían generando.