Los trabajadores de Ecomasa han asistido este lunes a un bronco debate en el que si algo les debe haber quedado claro es que la solución a la estafa sufrida vendrá, en todo caso, de los tribunales y no de la política.

Al viejo hospital de San Rafael acudía una representación de los empleados de la fábrica, que pusieron el dinero de las indemnizaciones de sus despidos en otra planta, en Teka (unas cantidades, sumadas a las que puso el propio Gobierno de Cantabria que nunca llegaron a su destino y que no sirvieron para que la empresa fuera bien y conservaran sus estados de trabajo).

Allí les quedó claro el repaso al origen de la situación, expuesto por Podemos, PSOE y PRC, que recalcaron la llegada de los gestores Lavín y De León de la mano de Ignacio Diego a la empresa, en un movimiento que el portavoz popular, Eduardo van den Eynde, justificó por el deseo de ayudar a los trabajadores de Teka.

“Esto no es GFB ni el Racing”, ha remarcado, tras tachar de “hipócritas” a los regionalistas, a quienes ha recordado que decisiones como la ampliación de la inversión fue aprobada en el Parlamento con su voto.

Así que no se cumplieron los deseos del portavoz regionalista, Pedro Hernando (quien se dirigió directamente a los trabajadores, en la tribuna de invitados) de que el tema no derivara en una batalla política.

Va a ser así, porque Podemos va a presentar mañana mismo la petición de creación de la Comisión de Investigación en el Parlamento, que contará con el apoyo de PSOE, PRC y, si les hiciera falta, el de Ciudadanos.

Los tiempos parlamentarios, marcados por el debate presupuestario, no dan mucho margen a que se constituya de forma inminente, pero el mensaje ya está lanzado.

En cuanto a la moción, lo que se debatía (la personación del Gobierno como acusación en el proceso o la devolución por parte del Ejecutivo de las cantidades económicas) no salió adelante: no encontró el apoyo, como era de esperar, de un PP al que Podemos exigió que pidiera perdón a los trabajadores.

Ni tampoco de Ciudadanos, que no veía claro que el Ejecutivo se persone en el proceso judicial porque podría darse el caso de ser a la vez acusador y acusado (y que llegó a plantear la posibilidad de que la responsabilidad económica fuera de los partidos, y no de todos los cántabros.

Tanto PP como Ciudadanos se abstuvieron. PRC y PSOE adujeron, por su parte, consideraciones de carácter legal, y se remitieron al proceso abierto a raíz de la querella de los trabajadores, en el que el Gobierno participa, a través de SODERCAN, en una decisión que es consecuencia de la petición de la Fiscalía, ya que inicialmente preferían un proceso diferenciado.

COSAS QUE APRENDÍ EN SAN RAFAEL

Los trabajadores de Ecomasa no son los únicos que han estado hoy como invitados en la Cámara de Cantabria.

En la tribuna de invitados del Parlamento de Cantabria había también tres estudiantes que se habían interesado en conocer el funcionamiento de esta institución.

Iban acompañados de un profesor que algo sabía de eso y de los recovecos del funcionamiento de los partidos, el exportavoz parlamentario socialista Francisco Fernández Mañanes, víctima de los sucesivos congresos del PSOE cántabro (que bien podrían montar su PAC, Plataforma de Afectados por los Congresos).

Afortunadamente para ellos, optó por no contarles lo que puede haber extraído de su experiencia, entre otros motivos, porque este Parlamento funciona, por primera vez en décadas, de un modo un poquito distinto. Un poquito.

Y allí los estudiantes han aprendido que Cantabria es esa tierra en la que hacen falta votaciones parlamentarias para actualizar páginas Webs.

Ya pasó con los currículums de los consejeros de los miembros del Gobierno (un dato importante porque es el que permite comprobar, por ejemplo, su paso previo por el sector privado de cara a analizar posibles conflictos de intereses en la gestión del día a día): el Parlamento aprobó hace semanas una propuesta de Podemos para que se actualizara el Portal de Transparencia del Gobierno, donde entonces (y ahora, pese a esa votación) seguían los datos del anterior Ejecutivo.

Ahora se extiende esta petición otra nueva tanda de peticiones de información, que incluye a los secretarios y directores generales y los altos cargos de toda esa panoplia de entes que pueblan la Administración cántabra (desde el Servicio Cántabro de Empleo hasta otros tan desconocidos como el Consorcio para la Promoción del Alberguismo –con otras comunidades-, la Ciudad del Transporte en Santander, y así hasta 52 organismos.

De esos conoceremos sus currículums, tal y como dice la moción aprobada,  que también incluye la petición de no aumentar ni las retribuciones ni los complementos salarios de los altos cargos, ni tampoco el número de consejerías o entes vinculados a la administración (como por ejemplo las empresas públicas).

PLATÓN, ORWELL Y EL IBEX 35

Entre citas de Platón y Orwell –en un Parlamento que hay días que quiere parecerse a Ciudad K–, los estudiantes han escuchado alguna que otra paradoja: como el PP acusaba a Podemos de haber presentado una iniciativa parlamentaria pactada con el Gobierno de Cantabria argumentando que no había recibido ninguna enmienda (sugerencia) ni de PSOE y PRC, mientras les pedía que aceptaran la de Ciudadanos.

Y han aprendido algunas de las técnicas más iniciales de la comunicación política, y que pasan fundamentalmente por, de algún modo, dibujar personajes del rival. En el PP ya tienen claro el papel de Podemos: su función es “salvar” (todavía no ha dicho nadie la palabra rescate) al Gobierno para que no pierda votaciones, como han repetido varios de sus portavoces (Isabel Urrutia o Luis Carlos Albalá); en Podemos ya visualizan al IBEX 35 como un diputado más de Ciudadanos; y en el PSOE refuerzan la mezcla de discurso social por contraste con el “austericidio” del PP.

Una pancarta contra la violencia machista en la sede del Parlamento

Con todo, y esto es algo nuevo esta legislatura, hay margen para la sorpresa, como saben los partidos tradicionales, tanto en el Gobierno (donde garantizar no perder votaciones implica un trabajo previo), como en la oposición, que ha visto prosperar alguna de sus iniciativas, en una Cámara donde se vienen produciendo más unanimidades de lo que venía siendo habitual (hoy otra, al hilo de alergias a alimentos).

Y al igual que las principales reivindicaciones sociales acabaron asomándose a los programas electorales, también se cuelan en el hemiciclo lemas de las movilizaciones: la semana pasada fue la lucha antidesahucios, y está el “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, pronunciado por José Ramón Blanco, de Podemos, en relación con Ecomasa.

(Claro que también hay otras formas, como probaron Pedro Hernando –PRC- o Rubén Gómez –Ciudadanos-, con sus bigotes de apoyo a Movember, el mes de lucha contra el cáncer de próstata, todo en un Parlamento  presidido por el violeta de la lucha feminista y que comenzó con un minuto de silencio en memoria de los cuatro mujeres a las que sus maridos han matado en los dos últimos días, y tras la multitudinaria manifestación del sábado en Madrid)

Porque así están todos, de alguna manera, aprendiendo, con los nuevos partidos aprendiendo a dominar el funcionamiento de la institución (por ejemplo, Ciudadanos tendrá que vérselas con la carga de trabajo que supone presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la comunidad autónoma).

Está por ver si ese panorama fragmentado y basado en algo más de diálogo de lo habitual se traslada al Congreso de los Diputados en las inminentes elecciones generales.

En eso piensan estos días, entre enmienda y enmienda, sus señorías.