Si hay una palabra para definir la situación del sector industrial en Cantabria es incertidumbre. Además de las situaciones conocidas en Sniace, Ecomasa (Nestor Martin) o Brigestone, la situación que más preocupa a los sindicatos en estos momentos son los tres procesos de venta que han empresas multinacionales instaladas en Cantabria.

La venta no significa necesariamente el cierre de las empresas, ni tiene por qué suponer despidos, aunque sí provoca una sensación de pérdida de control y, puede que una pérdida en derechos laborales para sus trabajadores.

Y es con esta situación con la que el Gobierno de Cantabria formará este martes la Mesa Especial del Plan del Besaya, que contará con los alcaldes de la zona del Besaya, representante del Gobierno central, así como de las organizaciones  sindicales y empresariales. Se celebrará en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega a las cinco de la tarde.

Eva Díaz Tezanos junto a los componentes de la Mesa del Diálogo Social.

El encuentro es fruto del acuerdo marco para el empleo, la cohesión social y el desarrollo económico de Cantabria, así como para la estructura del dialogo social que ha sido firmado el pasado 6 de noviembre, entre el Gobierno de Cantabria, CEOE-CEPYME, UGT y CCOO que tiene como ejes el empleo y las personas; el nuevo patrón de crecimiento y la cohesión territorial.

El objetivo del Ejecutivo es dar un tratamiento prioritario a la zona del Besaya e impulsar desde todos los ámbitos el desarrollo de la comarca.

En la mesa se sentarán los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; y el de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Juan José Sota y Francisco Martín, respectivamente, así como la directora general de Trabajo, Ana Belén Álvarez y del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal.

También estarán presentes los alcaldes de Cartes, Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocin, San Felices de Buelna, Santillana del Mar, Suances, Torrelavega, así como representantes de CEOE-CEPYME, UGT y CCOO.

TRES PROCESOS DE VENTA, TRES CASOS DISTINTOS

Gerdau con su planta Sidenor, en Reinosa, cuenta con 670 trabajadores, 12 de los cuales ya han sido despedidos desde el pasado mes de octubre. De hecho, este lunes el comité de empresa, compuesto por miembros de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), UGT, USO y CSIF; se concentró junto con el resto de los trabajadores de la fábrica para mostrar “su total rechazo” a los despidos que está realizando el grupo en las distintas empresas.

Además, los trabajadores han exigido a la dirección que confirme o desmienta “el rumor” de la venta del grupo Gerdau, ya que entienden que este periodo de incertidumbre solo alienta la preocupación y la inquietud por el futuro de la empresa.

La concentración de este lunes en Reinosa se suma a las que se han realizado en todas las fábricas del grupo Gerdau durante la jornada, tanto en Basauri, Vitoria y Azkoitia, donde también ha habido despidos, hasta hacer un total de 23 en toda España.

Robert Bosch, en Treto, cuenta con 870 trabajadores y también ha anunciado su intención de vender y deslocalizar su fábrica.  De ella dependen de forma indirecta más de 2.000 puestos de trabajo.

Concentraciones frente a la fábrica de Gerdau este lunes.

La multinacional ha tomado la decisión de vender la planta, dentro de una operación global de la multinacional que afecta a 13 fábricas y 6.500 trabajadores en todo el mundo y con el argumento de una mejora de la competitividad. Una competitividad que nadie creía que necesitara pues en 2014 la compañía incrementó sus ventas en un 7% y obtuvo beneficios por valor de 3.000 millones de euros.

Otro anuncio de venta, esta vez algo más sorprendente, ha sido el de la planta de fabricación de cloro en la Unidad de Electrólisis de Solvay, en Torrelavega. Esta planta, que tiene casi 40 trabajadores del total de 436 empleados que tiene la fábrica en Cantabria.

La planta de cloro requiere de una inversión de entre 23 y 25 millones de euros para cambiar la actual tecnología productora de amalgama de mercurio, modificación que debe realizarse antes de 2017 por acuerdo de la Unión Europea, y que Solvay no está dispuesta a realizar. Esta venta afectaría, además, a trabajadores de 34 de sus contratas.