Las contrataciones de desempleados en los ayuntamientos (el denominado programa de Corporaciones Locales del Gobierno de Cantabria) vuelven a las oficinas de empleo.

Es decir, será de los servicios públicos de empleo de donde se ‘saque’ el listado de aspirantes a las plazas que ofrezcan los municipios.

Así lo avanzaba esta semana en Buenas Tardes Cantabria la secretaria general de UGT, María Jesús Cedrún, en lo que ha sido una de las medidas adoptadas en el seno de la recuperada Concertación Social, que agrupa a Gobierno, patronal y sindicatos.

Y que supone una rectificación del Gobierno PRC-PSOE a una de las cuestiones precisamente más discutidas del anterior proceso de selección, que quedó en manos de los ayuntamientos, pese a que el dinero procedía de fondos autonómicos (con una partida de 28 millones de euros).

Esto provocó críticas por el electoralismo de la medida, ya que las contrataciones de alrededor de 4.000 desempleados durante seis meses se producían en febrero, en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas, que además quedaban en manos de los propios alcaldes.

Este método propició que se produjeran disparidad de criterios en función de cada municipio: desde el recurso a bolsas de empleo de los propios ayuntamientos, a procesos de selección en los que primaba el criterio de la entrevista personal, subjetivo, frente a otros, como el currículum, experiencia o situación de necesidad, más medibles.

Y que llegó al extremo de malestar en Laredo, donde se llegaron a producir manifestaciones contra un proceso en el que afloraron entre los beneficiados nombres de familiares de concejales del equipo de Gobierno.

El sindicato Comisiones Obreras llegó a llevar todo el proceso a la Fiscalía de Cantabria. Los sindicatos en general criticaron una orden que consideraban que perseguía ‘maquillar’ las estadísticas en esos meses, con contrataciones que expirarían después del verano.

El propio Partido Popular acabó distanciándose de este modelo: la exconsejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas derivó, a preguntas parlamentarias, la responsabilidad de los problemas del proceso a los ayuntamientos.

Y la entonces directora del Servicio Cántabro de Empleo, María Ángeles Sopeña mostró también su “disconformidad” con esas formas en una carta remitida a la Unión Europea en la que comunicaba la renuncia a que ese programa se financiara con fondos europeos, que, según precisó el partido cuando estalló la polémica, podrían destinarse a otros programas.