¿Os imagináis que ASCAN tuviera representantes en la empresa pública que hace las viviendas de protección oficial? ¿O que El Corte Inglés designara representantes en el Palacio de Festivales?

Inmediatamente diriáis que no, que es inconcebible que una empresa privada, que, como tal, busca su propio beneficio, tenga presencia en empresas públicas,  que manejan presupuestos en base a los impuestos de todos y que persiguen fines sin una rentabilidad directa inmediata, como es facilitar el acceso a la vivienda o fomentar la cultura.

El Consejo de Administración de SODERCAN en esta nueva etapa

Pues eso es lo que está pasando con SODERCAN, la empresa pública centrada en la promoción de políticas económicas y de innovación en el tejido empresarial cántabro.

Esta sociedad pública manejará en 2016 un presupuesto de 17,3 millones de euros y ha protagonizado las negociaciones del pacto de Gobierno, hasta el punto de que fruto de esas conversaciones se acabó desgajando de su lugar natural, Industria, en manos del PRC y de un exconsejero que en el pasado era cuota PSOE, para acabar en la órbita socialista, en la consejería que encabeza Eva Díaz Tezanos.

Y sigue teniendo dentro de su Consejo de Administración (cuya composición no se puede consultar en suu Web) a un miembro de Liberbank, el banco en el que se integra la antigua Caja Cantabria, pero que ahora es una empresa privada, al nivel del Banco Santander, por citar un ejemplo.

La razón es una enrevesada herencia recibida que apenas cuestiona nadie en Cantabria: cuando nace SODERCAN lo hace con participación en su capital de dinero del Gobierno, pero también de la Cámara de Comercio (en una proporción menor, un 0,5%,) y de Caja Cantabria, un 48,5%.

Uno de los motivos era la capacidad de financiación de proyectos que podía brindarle la Caja a SODERCAN, algo que en el día a día no se produjo, según cuentan a EL FARADIO destacados protagonistas de la época.

Eran otros tiempos, y la cercanía era tal que Javier Eraso podía pasar de dirigir una entidad, SODERCAN, a dirigir la otra, Caja Cantabria, sin solución de continuidad, para abandonarla con una sustanciosa indemnización que ya dio bastante que hablar en su momento.

Pero muchas cosas han cambiado desde entonces: porque en el camino Caja Cantabria ha dejado de ser una entidad financiera con objetivos públicos y sociales.

Ahora, fruto de la reordenación del sector financiero español, no existe y forma parte de un banco mayor, Liberbank, cuya matriz y parte dominante, es, de hecho, asturiana: la antigua Caja Astur, que es quien, formalmente, a través de una filial, nombra a su representante en SODERCAN.

Del fin del fin del social de Liberbank dan fe quienes en los últimos años han combatido a la entidad en distintos frentes: por la concesión de las participaciones preferentes emitidas desde paraísos fiscales (en un proceso en que el banco se negó a negociar con los afectados con los ahorros retenidos) en un proceso reproducido en las cláusulas suelo, o en las ejecuciones hipotecarias, donde los activistas antidesahucios también se encontraron con reticencias por parte del banco a solucionar los casos que tocaban, pasando por las empresas que se han visto resentidas por las restricciones al crédito o el ERE a su plantilla.

LAS PARADOJAS

Así que llegamos a una situación en la que nos enfrentamos a una paradoja: una empresa privada con mayoría de peso de otra comunidad autónoma tiene sentado un miembro en el órgano de dirección de una empresa pública cántabra.

Una sucursal de Caja Cantabria

Es más: ambas tienen algunos puntos que se tocan. Una de las funciones de SODERCAN es favorecer la financiación de las empresas, un aspecto que a Liberbank no le conviene que suceda, ya que es precisamente uno de sus focos de negocio.

¿Es obligatorio que como accionista Liberbank tenga miembros en el Consejo de Administración de una empresa de la que es socia? Un vistazo a cualquier otra empresa nos dirá que no, que no siempre las empresas reflejan la composición de su accionariado.

Se podría dar una renuncia al nombramiento de ese representante, pero entonces Liberbank estaría mandando un mensaje que como empresa privada le afearía cualquier auditor: que no vigilara directamente sus inversiones, un problema para la parte privada, que no debería serlo para la pública.

Porque el resto de miembros del Consejo, excepción hecha de la Cámara de Comercio, no son accionistas, sino representantes del conjunto de la sociedad cántabra: la patronal, los sindicatos, miembros del Gobierno cántabro (aunque no de la oposición).

EL OTRO RESCATE, PENDIENTE

Recuperar al 100% el control público de esta sociedad pública es una idea que ya ha estado en la mente de los políticos cántabros.

El exconsejero socialista de Industria, Javier del Olmo, llegó a incluir ese objetivo en los presupuestos de Cantabria, y lo fijó, en el año 2008, en 12 millones de euros, en un planteamiento que no salió adelante.

Una cantidad que, si alguien quisiera ejecutar ahora podría variar, ya que depende de otras cuestiones, como el patrimonio (sedes, acciones, participaciones en empresas….)

Y que acabaría en manos de un banco privado con sede social en Madrid y fuerte ascendencia asturiana.

Dicho de otro modo, el Gobierno de Cantabria tiene dos opciones, o dejar la situación como está, con una empresa privada participando en la toma de decisiones de una empresa pública, o le compra su parte abonando 12 millones de euros.

Sería una especie de segundo rescate a Liberbank, que ya recibió 123 millones de euros en su momento, el de la reordenación del sector y el recate europeo, en un préstamo en buenas condiciones devuelto posteriormente.

No sería el único negocio que le sale bien a la antigua Caja en los últimos años: cuando se echó para atrás en su compromiso financiero en el Puerto de Laredo, nuestro aeropuerto de Castellón, se salió de la empresa que se formó entonces, y sus socios, ASCAN y FCC, le dieron por sus acciones seis veces más del valor inicial, sin que el Gobierno de Cantabria que les adjudicó la obra se enterara hasta un año después.