El malestar ciudadano y del sector del diseño gráfico con la baja calidad y las sospechas de plagio de la nueva imagen de Santander trastocó los planes del Ayuntamiento.

Y no sólo por el aluvión de críticas o por tener que anular el contrato: la conclusión más directa del problema fue que se acudió a FITUR, la feria internacional de turismo, considerada la más importante del sector, sin la nueva imagen de la ciudad.

Las tres propuestas presentadas al concurso para la marca de Santander

El equipo de Gobierno del Partido Popular tenía previsto acudir a esa cita estrenando ese nuevo logo, adjudicado a la empresa por un importe de 60.000 euros (no sólo el logo, sino el desarrollo de la marca y una serie de acciones promocionales con el fin, necesario, de acabar con la dispersión de marcas de la ciudad).

Esos 60.000 euros (en principio iban a ser 72.000, cifra que todavía barajó el equipo de Gobierno en los primeros días de la polémica) no son el único gasto municipal que iba a suponer este concepto.

Para el estreno en FITUR, el Consistorio había planificado un gasto de 35.000 euros en distintas acciones promocionales, según consta en documentación municipal manejada por EL FARADIO.

En concreto, 35.200 euros distribuidos en 5.000 euros para dos vallas publicitarias en la entrada a la ciudad, 20.000 euros en inserciones publicitarias en medios y revistas especializadas, 3.200 euros en rees sociales, 4.000 en material turístico y folletos, y 3.000 en banderolas, marquesinas y mupis (mobiliario urbano con soporte publicitario).

LA  ADMINISTRACIÓN SE ADJUDICA A SÍ MISMA

Todo el proceso de la marca ha sido, además de opaco (no se informó públicamente del proceso, cuyo pliego no puede consultarse en Internet, y mediante un concurso cerrado a empresas concretas que fueron invitadas), complejo.

Se fueron produciendo retrasos y FITUR se acercaba, así que en diciembre de 2015 (un año después de que comenzara el proceso y medio año después de la adjudicación, un mes antes de que estallara la polémica) se acordó que la promoción la hiciera directamente la sociedad del Palacio de La Magdalena, en lugar de sacarlo a concurso.

Apelando a la necesidad de rapidez, se encargó lo que se llama una encomienda de gestión, que es, por decirlo de alguna manera, una subcontrata de trabajos de la administración a la propia administración, esto es, en lugar de a empresas privadas, a empresas públicas.

Ni que decir tiene que es una técnica tan usada por las administraciones como criticada por el sector privado, que no puede competir con una adjudicación de la administración a sí misma.

Complicación sobre la complicación, esa encomienda se modificó el pasado 18 de enero (una semana después de la semana horribilis en la que se conoció el logo y se produjo la indignación social y profesional): el asunto de la encomienda ya no podía ser el mismo, la promoción de la marca.

Y pasó a ser, según refleja documentación municipal, la promoción turística de la ciudad. El No Logo de Santander también llegó a este convenio.

EL PSOE PIDE EL CESE DE GEMA IGUAL

En la arena política, la polémica ha subido un grado con la petición realizada desde el PSOE del cese de Gema Igual, responsable de Turismo y del proceso de la marca, que ha recibido casi en el acto una respuesta del alcalde en el que acusa al portavoz socialista de estar “abonado a la crispación”.

Esta petición se produce después de una Comisión de Turismo celebrada ayer para analizar lo sucedido, a petición de grupos de la oposición –no del equipo de Gobierno- y cuya convocatoria no había trascendido públicamente.

Pedro Casares en rueda de prensa

En ella, según ha relatado el líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, se solicitó toda la documentación y copia del expediente completo, y les fue denegado.

El alcalde afirmaba también que el expediente del contrato ha estado durante meses a disposición de los grupos municipales sin que hasta ahora lo hayan solicitado o hayan realizado comentario alguno.

Y, según el PSOE, no se contestó ninguna de las preguntas de la oposición, entre ellas, si la rescisión del contrato iba a tener algún coste municipal.

En la versión socialista, la respuesta fue que “no se sabe todavía”, frente al discurso ante los medios del equipo de Gobierno de que ni se había pagado ni se iba a pagar nada, como insistía luego De la Serna en el comunicado de respuesta.

En concreto, según De la Serna, “no se ha pagado nada a la empresa y no hay intención de abonar cuantía alguna, para lo cual, se inició de inmediato el procedimiento de resolución del contrato y se agotarán todas las fórmulas necesarias para que no le cueste un solo euro a los santanderinos, todo ello, respetando la legalidad vigente, como no puede ser de otro modo”.

Desde el PSOE lamentaban que el equipo de Gobierno no haya pedido disculpas a los santanderinos por “este error mayúsculo”. Para el alcalde, en respuesta, la petición de comisión no era para obtener información sino para “echar más leña al fuego”.