La Fiscalía Superior de Cantabria investigará el incumplimiento por parte del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, del incumplimiento del acuerdo aprobado en el Pleno municipal tras el incendio de Tetuán.

En concreto, se trata de una moción aprobada en el Pleno del pasado mes de julio a instancias del PRC en la que se acordó aprobar un nuevo protocolo de actuación para situaciones de emergencia

En la sesión plenaria de este jueves en el Ayuntamiento de Santander, el Partido Regionalista (PRC) consiguió sacar adelante, con el apoyo de todos los grupos políticos, la moción que instaba al equipo de gobierno a redactar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia con medidas en materia de realojos y también una declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio de Tetuán.

Incendio en la calle Tetuán el 8 de octubre de 2008 || Foto: Joaquín Gómez Sastre

La investigación se abre a raíz de la denuncia, consultada por EL FARADIO, de afectados ante la Fiscalía, que abre diligencias de investigación, es decir, que recabará datos y estudiará si puede haber incumplimientos de la legalidad y si la denuncia debe ir o no a juicio.

En lo relacionado con lo meramente legal, la denuncia señala que la Ley (estatal) de Bases de Régimen Local obliga al alcalde a hacer cumplir los acuerdos plenarios y cita jurisprudencia (sentencias previas que se consideran antecedentes) en la que estos incumplimientos se consideran un delito de prevaricación.

El incendio se produjo en el año 2008: primero fue una explosión de gas en la que quedó un fuego latente que provocó, de madrugada, un incendio que afectó a dos edificios, los números 41 y 43, revelando además una serie de fallos en la gestión por parte de los bomberos y también en la actuación posterior y en la solución urbanística a los inmuebles afectados.

A todo esto se refieren en la denuncia, en la que recuerdan también la respuesta de miembros del equipo de Gobierno a peticiones previas sobre su problema

El incendio en la calle Tetuán se utilizó para pedir el voto a favor del PGOU en 2012.

(por ejemplo, ante una petición del PRC pedida expresamente por los vecinos relativa a prolongar los realojos temporales, copiada directamente del protocolo del Ayuntamiento de Pamplona, se respondió diciendo que proponer eso suponía desconocer las capacidades de los santanderinos ante reacciones inesperadas).

No es la primera vez que el asunto de Tetuán llega a los tribunales: el Ayuntamiento fue condenado a indemnizaciones por valor de , en una sentencia que cargó contra el “funcionamiento anormal” de la Administración que el Consistorio no recurrió.

La sentencia desechaba la versión municipal de la imprevisión respecto a lo sucedido, ya que informes técnicos insistían en la tesis del fuego latente que no fue detectado porque los bomberos carecían de formación suficiente para manejar los equipos, por lo que la única forma de frenar la expansión del fuego hubiera sido dejar allí el retén de guardia, del que se prescindió.

La sentencia, además, deslegitimaba los informes aportados por el Consistorio por su falta derigor científico y por apoyarse únicamente en testimonios de profesionales que tratan de evitar que se cuestionara su actuación.