La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo en el Parlamento de Cantabria para tratar los problemas de los realojos, con El Pilón como caso más inminente, va a parecerse mucho a una comisión de investigación sobre la gestión del urbanismo en Santander, que tan polémico está resultando en los últimos tiempos.

Zona de El Pilón.

Era un recurso que no se había utilizado prácticamente nunca en el Parlamento de Cantabria: la posibilidad de que en la tramitación de las leyes se escucharan otras voces aparte de la de los propios diputados de los grupos.

Porque las comisiones parlamentarias (al margen de los Plenos, el Parlamento tiene una división temática, por áreas de Gobierno, en las que representantes de todos los partidos, y donde se comienzan a tramitar las leyes antes de ser votadas) también tienen la capacidad de convocar a invitados del mundo exterior para que den sus opiniones sobre los proyectos).

El recurso se ha utilizado en otros contextos: comparecencias de otras instituciones (el rector, el Fiscal…), o en las comisiones de investigación, que, a modo de tribunal, han citado a distintos protagonistas de asuntos polémicos como GFB o el Racing.

José Ramón Blanco, diputado de Podemos, ha justificado estos requerimientos para que los vecinos «aporten la visión humana» y «podamos hablar con ellos de qué es lo que exigen», ya que considera que los políticos olvidan muchas veces «las consecuencias de nuestras decisiones políticas en la calle». «Queremos que se blinde al ciudadanos», ha exigido el líder de Podemos en Cantabria en rueda de prensa.

Ahora el Parlamento de Cantabria tiene que analizar en comisión la modificación de la Ley del Suelo para dar cabida a la situación de los propietarios de viviendas afectados por realojos.

Ha sido un proceso paradójico, porque lo ha forzado la oposición del PP, con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, sin que el Gobierno, que es quien normalmente presenta las leyes, estuviera totalmente de acuerdo.

Pero la iniciativa, concebida entre otros motivos para dar solución a uno de los desalojos inminentes, el del santanderino barrio de El Pilón, en el antiguo El Alta, en General Dávila, contó con los votos necesarios y salió adelante.

Los partidos del Gobierno, aunque se abstuvieron, manifestaron su rechazo a la medida porque consideran que el Ayuntamiento de Santander tiene recursos para solucionar el problema de estos vecinos y porque la nueva Ley de Suelo está, dijeron en estado avanzado.

El jueves la diputuada de Podemos, Verónica Ordoñez, ha recordado que la ley aún no está encima de la mesa y que «no podemos dejar con el culo al aire» a estas personas que no se verían beneficiadas de ella por cuestión de tiempos. Por ello han emplazado al Gobierno a responder «con todos los medios técnicos que tienen para acelerar este tipo de procesos» y con «la calidad humana que se les presupone» para ayudar a estas personas.

UNA COMISIÓN SOBRE EL URBANISMO

Y es en su tramitación legal en la que Podemos ha utilizado este recurso de la invitación a gente ajena al Parlamento para, de algún modo, convertir la comisión en la que se trate en una suerte de comisión de investigación sobre la gestión del urbanismo en Santander.

Ei vlal que supuso la expropiación de la finca de Amparo Pérez

Así, Podemos ha anunciado que pedirá las comparecencias en la comisión de los principales responsables de esta área, como el alcalde Íñigo de la Serna (que además es diputado autonómico) y el concejal de Infraestructuras, César Díaz.

También al exconsejero de Urbanismo con el PP, Javier Fernández, en la actualidad, desde las pasadas elecciones, senador por Cantabria y que previamente fue responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander.

Se produce así una nueva paradoja: una iniciativa cuya solución no se quiso tratar en el Ayuntamiento de Santander y que ha presentado el PP en el Parlamento acabará al final poniendo el foco sobre el asunto en la capital cántabra.

Pero además se ha citado a vecinos afectados por proyectos urbanísticos en la capital, y así, se pide que acudan los portavoces de los vecinos del Pilón y del Prado San Roque.

Y a Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez, la anciana de Santander ya fallecida cuya expropiación para construir uno de los viales de la S-20 (construido por un compañero de partido del alcalde, que acabó costando más de lo previsto y que no respondió a necesidades de incremento del tráfico y para cuya financiación y apertura en época electoral el Ayuntamiento recurrió a una subvención autonómica).

Esta expropiación puso sobre el foco sobre el problema y ha servido de inspiración a los siguientes movimientos vecinales reivindicativos contra el modelo urbanístico que refleja el PGOU en la ciudad.

También se pedirá la intervención de miembros de la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía), especializada en urbanismo, como el abogado Juan Mantilla, el arquitecto Jesús Molinero y el ecologista Carlos García.

A nivel autonómico, Podemos cita a Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta y en cuya consejería se encuentran las competencias de Urbanismo; y el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, entre otros.

«No entenderíamos que se rechazase ninguna comparecencia que se considerase de relevancia», ha matizado la diputada de Podemos, Verónica Ordoñez, que ha augurado que otros partidos presentarán otras comparecencia y ha asegurado que ellos no rechazarán ninguna.

«Nosotros lo que queremos es seguir ahí», ha manifestado uno de los vecinos del Pilón a preguntas de la prensa.

Al ser cuestionados por los derechos del promotor que adquirió los terrenos de la zona, Ordoñez ha manifestado que «tenemos un montón de leyes que protegen a aquellos que además tienen las facultades económicas y de medios de defenderse ya por sí mismos»; y con ello pretenden denunciar «la inseguridad jurídica» que sufren personas individuales ante la legislación «que no pueden defenderse en igualdad de condiciones frente a grandes empresas».