Cartel de la convocatoria.

Este lunes, 8 de febrero, varios colectivos se concentrarán en el Ayuntamiento de Santander para exigir saber dónde va el dinero destinado a los servicios sociales del Consistorio.

La cita está convocada a las 13:30 por el Grupo por la Renta Básica Andarivel, y le han mostrado su apoyo otros colectivos como el sindicato CGT y Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y Contra la Represión.

Los colectivos exigen una mayor transparencia en el gasto social que hace el Ayuntamiento, que ya ha sido criticado por partidos en la oposición, como Ganemos Santander Sí Puede, partido que ha presentado al Pleno varias mociones y preguntas sobre el reparto del gasto.

Una de las cuestiones que preocupa a los colectivos es que apenas se emplee una parte de la partida destinada al Fondo extraordinario de Sostenibilidad Familiar, o el alto sueldo que alguna consideran que gana la directora general del Centro Princesa Letizia.

GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO SE ‘ENZARZAN’

Tras conocerse la convocatoria de los colectivos sociales, el Ayuntamiento y el Gobierno han abierto una discusión clásica y se han enzarzado en público.

La directora general de Política Social del Gobierno de Cantabria, Chabela Méndez, ha acusado al Ayuntamiento de Santander de buscar motivos para no comprometerse con la emergencia social, a pesar de que la ciudad está entre las diez ciudades españolas con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, con un 28,1% de personas en peligro de exclusión social.

Es la reacción, en nota de prensa, a las críticas desde el Consistorio a las normas que regulan las ayudas del Plan de Emergencia Social del Ejecutivo regional, en las que ven una invasión de la autonomía municipal.

“No querer adherirse al fondo del Gobierno, exigirá que el alcalde explique a los santanderinos por qué rechaza 500.000 euros del Gobierno para hacer frente a la pobreza”, ha asegurado Méndez.

“No es comprensible que el Gobierno de Cantabria transfiera a los ayuntamientos 2 millones de euros para ayudar a sus necesidades más básicas y el Ayuntamiento de Santander busque excusas triviales para no tener que adherirse a un convenio que aportaría a la ciudad 500.000 euros para la gente que peor lo está pasando”, sostiene Méndez.

La directora general explica que la firma del convenio obligaría a Santander a sumar, a los 500.000 euros que aporta el Gobierno regional, otros 200.000 euros más con cargo a su propio presupuesto.

En su opinión, el Ayuntamiento no está dispuesto a invertir tanto dinero ya que en 2015 tan sólo gastaron 168.000 euros.