En septiembre de 2013 Ecologistas en Acción, en nombre de vecinos de Camargo, denunció por primera vez ante el Ayuntamiento del municipio un almacenamiento irregular de vertidos que podría suponer un riesgo para la salud.

Según la asociación ecologista, desde 2009 se viene produciendo un acopio ilegal de escorias de siderurgia que podrían superar las 450.000 toneladas en las canteras de Candesa y La Calva, tal y como denunció en el documental ‘TóxicaCOrrupción’, elaborado por UPyD.

En estas canteras, pertenecientes en su momento a Villar Mir y Emilio Bolado, y gestionadas por Codefer, el tratamiento de los residuos podrían no estar correctamente impermeabilizados, por lo que podrían llegar a contaminar las aguas del subsuelo, cuyas instalaciones de captación se encuentran a apenas 500 metros de distancia.

Por este motivo, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria abrió un expediente, en marzo de 2015, que desembocó con una sanción a dos de las empresas responsables, por un importe de 6.000 euros a cada una y la obligación de revertir la situación.

POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO

Sin embargo, las dos empresas sancionadas, Emilio Bolado S.A. y Codefer, no se han hecho cargo de trasladar estos residuos. La primera por estar ya finiquitada tras un concurso de acreedores, y la segunda, un proyecto cántabro dedicada a la gestión y valorización de residuos, es una pequeña-mediana empresa.

Los residuos, según explica Ecologistas en Acción, estarían debidamente tratados en el vertedero de Castañeda, pero el traslado supondría un coste de entre 10 y 12 millones de euros que tendría que asumir el Ejecutivo regional.

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo, en la toma de posesión.

A este respecto, la nueva alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, explicaba en una entrevista a BUENAS TARDES CANTABRIA, que este tema «lleva muchos años trabado en la administración», y que las competencias del Ayuntamiento son más limitadas en este caso.

«En todo caso tenemos el compromiso de seguir respetando el medio ambiente», ha manifestado, y se ha comprometido a que «desde el Ayuntamiento, las competencias que sean nuestras las asumiremos».

VARIAS IRREGULARIDADES EN LA RECTA DE LAS CANTERAS DE CAMARGO

Ecologistas en Acción denunció por primera vez en septiembre de 2013 el almacenamiento irregular de estos vertidos que, al parecer, cuentan con un elevado nivel de metales pesados, especialmente cromo total.

Lo hizo ante el Ayuntamiento del municipio y, como este no le ofreció la información que los ecologistas pedían, presentaron la primera denuncia ante la Fiscalía en enero de 2014.

Además, alertada por los vecinos, la asociación denunció la puesta en marcha de la planta asfáltica de COPSESA, que se abrió sin los permisos adecuados, y que se encuentra a 300 metros de un centro de distribución de gas de alta presión, lo que desde Ecologistas en Acción creen que supone un gran riesgo para la población de la zona.

Actualmente, con cuatro diligencias penales abiertas y otras cuatro en los juzgados de lo contencioso administrativo, el tema sigue paralizado por las administraciones y depende enteramente de los juzgados.

A la acumulación de residuos se une, por tanto, el proceso judicial iniciado por el caso de la planta asfáltica de COPSESA, cuyo propietario, José Domingo San Emeterio – directivo del PP de Cantabria y exalcalde de Ramales-, está imputado por delito contra el medio ambiente.

Igual que el anterior director general de Medio Ambiente, David Redondo, que está investigado por posible prevaricación administrativa por las facilidades dadas en los trámites para esta instalación.