El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá esta tarde el estado de las actuaciones en las distintas piezas judiciales del caso Racing en el que el Gobierno es acusación particular, a partir de una pregunta de Podemos.

Dichas actuaciones están a la espera de la resolución, desde hace nueve meses en la Audiencia Provincial, de diversos escritos presentados por las partes en el juzgado de instrucción número 5 de Santander, donde recayó el caso al renunciar a su acta de diputado uno de los exconsejeros investigados, Francisco Javier López Marcano, en la Audiencia Provincial de Cantabria.

José Ramón Blanco y Miguel Ángel Revilla firman el pacto de investidura.

En el recorrido judicial de la querella, el peso de la acusación particular lo ha llevado hasta la fecha la empresa pública CANTUR, aunque llegó a personarse,a regañadientes y a instancias de la juez instructora en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Paz Hidalgo, la empresa pública que ha canalizado todas las ayudas al Racing en cuestión, la Coordinadora de Empresa Públicas (CEP Cantabria).

Sin embargo, a principios de julio de 2015, CEP Cantabria retiró las acusaciones.

Aquel escrito quedó eclipsado por otro de la Fiscalía que supuso un viraje en su posición, porque rebajaba la gravedad de los hechos investigados y justificaba las decisiones del Gobierno PRC-PSOE (2003-2011) por la situación económica del club.

La posición del Gobierno en el caso Racing se convirtió en uno de los asuntos principales para el pacto de Podemos con el PRC que permitió la investidura del nuevo Gobierno PRC-PSOE.

El Partido Regionalista llegó a proponer que la acusación del Gobierno pasara de los abogados externos contratados por CANTUR, que son los que han impulsado las investigaciones judiciales y manejan todos los detalles, a los servicios jurídicos del Ejecutivo, que dependen de la Consejería de Presidencia (PRC).

Para el acuerdo de investidura de Miguel Ángel Revilla, que pasó por la abstención de Podemos, ambas formaciones acordaron mantener la acusación en el caso Racing aunque el documento sellado no aclaraba las condiciones ni si los abogados que debían mantenerla serían del propio Ejecutivo o externos.