El Gobierno de Cantabria ha negado peticiones parlamentarias de información de carácter económico sobre la empresa pública SODERCAN que había solicitado la oposición.

Sede de SODERCAN en el Parque Científico y Tecnológico

SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria) es la empresa pública responsable de las políticas de industria e innovación. Está legislatura se encuadra dentro de la macroconsejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, pero tradicionalmente había estado ligada al área de Industria.

En las negociaciones del pacto PRC-PSOE Industria recayó en un consejero propuesto por los regionalistas, pero SODERCAN se ‘deslocalizó’ de su consejería considerada natural.

Su gestión ha sido polémica desde el principio de la legislatura, tanto por la nueva estructura, como por los nombramientos de sus directivos o la falta de información al respecto.

En concreto, lo que se solicitaba eran los informes de intervención (el organismo del Gobierno de Cantabria que fiscaliza la corrección de las operaciones económicos) desde el año 2011 (es decir, la anterior legislatura) hasta ahora.

En la respuesta del Gobierno, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, no se les concede la información y se les adjunta un informe interno en el que se justifica esta decisión en la confidencialidad de los datos.

Así, se explica que en esos informes constan “datos exhaustivos”  sobre múltiples empresas cántabras (al ser SODERCAN un ente que gestione líneas de ayudas) con muchos contratos firmados que a su vez implican cláusulas de confidencialidad.

Es decir, proporcionar esos datos supondría “vulnerar” las cláusulas de confidencialidad.

Pero, añade, en los casos en los que no hubiera esas cláusulas, podría suponer la difusión de “secretos comerciales o industriales que pudieran afectar a la competencia en el mercado” y acarrear a las empresas daños y perjuicios, “pudiendo dar al traste alguna operación mercantil” y tener como consecuencia hasta reclamaciones judiciales, añade el Gobierno.

Se agrega que no se puede ni resumir las cifras sin perjudicar a terceros, por lo que se rechaza conceder a la oposición (en este caso, Podemos), los datos que solicitaba.

SODERCAN

La gestión en esta empresa pública ha sido polémica siempre, tanto en pasadas legislaturas como en esta, ya desde su deslocalización inicial respecto a Industria.

Salvador Blanco y víctor Gijón

Esta decisión fue criticada por el conjunto de la oposición, es decir, PP, Podemos y Ciudadanos, que juntos sumarían mayoría y que lograron que se aprobara en el Parlamento una iniciativa en la que se pedía que SODERCAN volviera a Industria.

También se han cuestionado los nombramientos, como el regreso del que fuera consejero delegado, Salvador Blanco, en su día muy criticado por la gestión de la fábrica de fibroyeso de GBF o los planes eólicos, con un contrato de 60.578 euros al año) y que está legislatura ha tenido incluso una reprobación en el Parlamento.

O el director de Internacional, Víctor Gijón, cuyo currículum y contrato se colgó en el Portal de Transparencia tras una petición de Podemos, pero sin reflejar en ese documento concreto las condiciones económicas (que había que consultar en otros apartados y que asciende a 50.000 euros al año).

Los responsables de empresas públicas, por otra parte, no están sujetos al mismo régimen de compatibilidades que los miembros del Gobierno de Cantabria: al contrario que lo que sucede con consejeros y directores generales, para los directivos de las empresas públicas no se recogen inhibiciones en la toma de decisiones que afecten a sus responsabilidades anteriores

Así, la directora de Deportes no puede decidir sobre el club de voleibol del que forma parte, por citar un ejemplo, y los hay también en el campo de la empresa, en un modelo que no se extiende al sector público, por ejemplo, a las empresas anteriores de Víctor Gijón o del director de SICAN, que fue gerente del Puerto de Laredo).